A pocos días de que se cumpliera un mes del inicio del estallido social, Concepción vivió una de sus jornadas más icónicas. El martes 12, más de 100 mil personas se volcaron a las calles de la capital a reclamar “un Chile más justo”. En total, 15 cuadras del radio céntrico de la ciudad fueron testigos de un gran número de personas moviéndose en dirección a la Intendencia del Bío Bío.
A pocos días de iniciado el estallido social, diputados y senadores comenzaban a tomar el pulso sobre eventuales soluciones para salir del conflicto, con más o menos aciertos. Así, suspendieron semanas distritales y aceleraron el trabajo legislativo de algunas iniciativas como la reducción de la jornada laboral en 40 horas y el límite a la reelección de parlamentarios.
No obstante, hubo que hecho más significativo. El jueves 14 de noviembre, y en conjunto con dirigentes de los partidos políticos con representación parlamentaria, se comenzó a fraguar en los pasillos del Congreso una iniciativa para terminar con la Constitución de 1980. Así, tras horas de negociación, se firmó el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, que derivará en un plebiscito que se efectuará en abril del próximo año.
La iniciativa, recientemente promulgada por el Presidente, Sebastián Piñera, dejó heridos en el camino. Primero, en el Frente Amplio y en el Movimiento Autonomista, con la renuncia de varios de sus militantes. Y, luego, en Chile Vamos, donde la UDI anunció al congelamiento de las relaciones con sus socios en el oficialismo, por no estar de acuerdo en la forma como se elegirán a los asambleístas en octubre de 2020.
Aunque el edificio de la Caja de Compensación Los Andes, ubicado en O’Higgins con Tucapel se transformó en una suerte de “Zona Cero” de las protestas más violentas, y el 22 de octubre se había producido el incendio en Homecenter Sodimac de Avenida Los Carrera, en Concepción, fue en noviembre que se registraron dos ataques, condenados por la opinión pública, pero que simbolizaron la molestia ciudadana con el poder político: los incendios a la sede de la UDI, en la capital regional (el mismo mes otro siniestro había afectado la sede del diputado Iván Norambuena en Cañete), y a la gobernación provincial de Concepción.
En el último caso mencionado, también hubo perjuicio para comerciantes de la Galería Alessandri.
El hecho generó, entre otras cosas, el llamado a la paz y al diálogo, por parte de distintos gremios de la Región. “No se puede construir el país con un clima de violencia. Los emprendedores llamamos a trabajar de manera colaborativa y a defender la paz”, dijo en la oportunidad Betsy Concha, presidenta regional de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech).
En tanto, tras el siniestro a la sede gremialista, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, por primera vez se mostró dispuesta a discutir una nueva Constitución, aunque insistiendo en su rechazo a una Asamblea Constituyente.
Con acusaciones de violaciones de los Derechos Humanos y hechos concretos de heridos por pérdida de sus globos oculares, el jueves 14 de noviembre se conocieron las primeras restricciones para Carabineros en el uso de armamento disuasivo, ordenadas por fallos de la justicia.
Ese día, se conoció la orden a las fuerzas policiales, por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, de “abstenerse de utilizar tanto armas letales como balines, respecto de las personas que protestan pacíficamente en marchas o manifestaciones públicas”.
La resolución aludió a los posibles “efectos que provoca el uso de agentes químicos en la población”, por ello, también se instruyó un informe a la superintendencia de Medio Ambiente.
“Es una victoria para la ciudadanía y sobre todo para las víctimas, para los heridos, para los cientos de personas que han sido dañadas en sus ojos, para quienes han perdido la visión”, comentaba entonces el senador del PRO, Alejandro Navarro.
El jefe de la Octava Zona, general Rodrigo Medina, dijo que “nuestro actuar ha sido más restringido y hemos ido adoptando nuevos cursos de acción” y desestimó la utilizado de gases lacrimógenos y pistolas antidisturbios en manifestaciones pacíficas. “Las hemos ocupado cuando se sale de control”, sostuvo.
El lunes 11 de noviembre la Inmobiliaria Aitué, a través de un comunicado, anuncia que el proyecto Ciudad del Parque, que contemplaba siete torres, 912 departamentos, 52 oficinas, 15 locales comerciales y 703 estacionamientos en el paño del ex colegio Alemán, en la manzana de Chacabuco, Castellón, Víctor Lamas y Colo Colo, finalmente no será construido.
Además, la empresa comunicó su decisión de desprenderse de aproximadamente el 50% del terreno disponible, lo que allana el camino a que nuevos proyectos, acotados y parciales, puedan desarrollarse en el lugar.
La iniciativa había generado el rechazo de un sector de la población y, en particular, de las comunidades de los colegios Charles de Gaulle e Instituto Humanidades, quienes pedían que en el proyecto se considerara un proceso de Participación Ciudadana, situación que no ocurrió. Por ello recurrieron a instancias judiciales.
“El esfuerzo y la lucha de los vecinos, padres y apoderados dio frutos, primó el sentido común y se juntó con todo el acontecer nacional y regional”, Irene Flores, presidenta de la Junta de Vecinos de Parque Ecuador.
