Por años, en el Biobío hemos aprendido a convivir con la amenaza de los incendios forestales. No obstante, lo acontecido durante las últimas temporadas dejó de ser una emergencia simple y recurrente, sino que se trata de una de las mayores tragedias que ha enfrentado nuestra región en las últimas décadas. Primero, en 2023, el incendio de Santa Ana, que sumó más de 200 mil hectáreas afectadas y más de una decena de personas fallecidas.

A, durante el último verano, solo durante los incendios de comienzos de este año, más de una veintena de personas perdió la vida, alrededor de 1.500 quedaron damnificadas y cerca de 26.800 hectáreas fueron consumidas por el fuego. No se trata sólo de números, hay familias, comunidades enteras y proyectos de vida que cambiaron para siempre.

Por eso, resulta confuso entender que, cuando faltan apenas algunos meses para el inicio de una nueva temporada estival, no se culmine con una legislación que le otorgue más herramientas de protección a la ciudadanía. Mientras el Congreso y el Gobierno discuten mecanismos legislativos, vetos y atribuciones, el tiempo avanza.

Se trata de una normativa que involucra prevención, mitigación, financiamiento y responsabilidades públicas y privadas. Sin embargo, para regiones como Biobío, que han sufrido una y otra vez las consecuencias devastadoras de estos siniestros, la prioridad debe ser contar cuanto antes con mejores herramientas para prevenir y enfrentar las emergencias.

La experiencia reciente nos remarcó una lección que sabemos, combatir incendios cuando ya están fuera de control no es suficiente. Como ya tenemos presente, el desafío está en la anticipación, en reducir riesgos antes de que aparezca la primera chispa.

En ese proceso también, se debe considerar fortalecer la educación comunitaria, mejorar la fiscalización, generar cortafuegos efectivos, despejar zonas de interfaz urbano-rural y dotar a las instituciones de mayores capacidades para actuar con rapidez.

Y esa necesidad adquiere aún más relevancia considerando los pronósticos que anticipan una temporada marcada por altas temperaturas y episodios de viento, condiciones que históricamente han favorecido la propagación de incendios de gran magnitud. En una región que conoce demasiado bien el impacto que puede tener una emergencia de este tipo, la preparación debe ser prioritaria.

Esta es una tarea de todos, autoridades, empresas privadas y comunidades. La prevención debe convertirse en una práctica cotidiana y no en una preocupación estacional que aparece cada vez que se aproxima el verano, así como también la presencia de una normativa que marque ese camino.