La decisión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de cancelar el modelo de concesiones para la construcción de los cruciales corredores de transporte público en la Ruta 160 y el eje Ruta 150-Autopista Concepción-Talcahuano, traspasando la ejecución a la Dirección de Vialidad, ha encendido en la Región del Biobío.

Más allá del debate sobre la conveniencia del esquema de financiamiento o los eventuales ahorros presupuestarios, el foco principal de la preocupación ciudadana y de los gobiernos locales se sitúa en un aspecto prioritario e innegociable, que son los retrasos que podría involucrar la decisión y la necesidad imperiosa de que se cumplan de manera estricta los plazos de ejecución de esta infraestructura vital.

La postura del Ejecutivo intenta matizar este viraje proyectando demoras relativamente acotadas, estimando extensiones de dos meses para la Ruta 160 y de once meses para el tramo Ruta 150-Autopista. Sin embargo, la experiencia histórica frente a la burocracia de la inversión pública y los extensos trámites del Sistema Nacional de Inversiones alimentan un escepticismo entra las autoridades locales.

Las serias aprensiones expresadas por los alcaldes de San Pedro de la Paz, Talcahuano, Hualpén, Coronel y Lota no son meras retóricas; responden a la brecha recurrente que suele existir entre los cronogramas presentados desde el nivel central y la realidad efectiva del avance de las obras en regiones.

El Gran Concepción no soporta más dilaciones en obras de este tipo. Cada mes de retraso en la concreción de estos corredores exclusivos pueden traducirse de forma directa en miles de horas perdidas en congestión, menoscabo diario a la calidad de vida de las familias y la persistencia de graves riesgos de seguridad vial en importantes arterias. Por esta razón, la prioridad absoluta de la gestión pública debe centrarse en resguardar la certeza de las fechas prometidas, evitando a toda costa que el cambio de modalidad contractual se transforme en una postergación indeterminada de los proyectos.

El compromiso asumido por el MOP de establecer una mesa de trabajo mensual con las autoridades regionales debe ir bastante más allá de un simple gesto protocolar. Se requiere de una instancia de seguimiento y fiscalización regional permanente, dotada de metas transparentes y mecanismos claros de rendición de cuentas.

Asimismo, resulta indispensable la acción activa de las autoridades de la zona para exigir garantías que impidan eventuales reasignaciones presupuestarias o frenos administrativos. La Región del Biobío exige certezas concretas y el cumplimiento irrestricto de los plazos comprometidos, sin espacio alguno para más atrasos.