Próximos al inicio de la denominada temporada de incendios forestales, cuando confluyen altas temperaturas y las ráfagas de viento, es preciso que las autoridades nacionales, regionales y locales asuman tareas de prevención y elaboren estrategias para enfrentar emergencias, sobre todo, considerando la proyección de verano complejo que se anticipa.

En ese contexto, lo que se debe buscar es evitar lamentaciones respecto de los efectos de una catástrofe, por ejemplo, como la que vivimos en 2022 y 2023, cuando la afectación alcanzó vidas de personas y más de 200 mil hectáreas arrasadas por el fuego, específicamente, en la Región del Biobío.

Sin duda se trata de un escenario que no se debe repetir y por eso es importante que quienes están a cargo de planificar tomen la delantera en las decisiones.

Aquí cabe el Plan de Acción 2025-2026 de Prevención, Mitigación y Control de Incendios, el cual busca reforzar la coordinación público-privada y preparar al territorio frente a un panorama que se proyecta dificultoso.

Esta iniciativa contempla un presupuesto nacional de más de $160 mil millones, un 110% superior al de hace cuatro años, con el despliegue de 77 aeronaves y 319 brigadas en todo el país. Para la región del Biobío se dispondrá de $23 mil millones, con el funcionamiento de 42 brigadas —cuatro de ellas nocturnas— y 12 aeronaves permanentes, además de la capacidad de movilizar recursos desde otras zonas en caso de emergencia.

Incluye la construcción de cortafuegos, la coordinación con fuerzas de seguridad para enfrentar la intencionalidad de incendios y la exigencia a las empresas eléctricas de despejar sus franjas de seguridad.

“Siempre es más importante y más posible prevenir un incendio que combatirlo”, dijo la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández.

Sin embargo, a nivel comunal, hay tres municipios que aun no ingresan sus Planes Comunales de Emergencia y otros presentan observaciones respecto de sus Programas de Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD). La importancia de dichas estrategias radica en que se configuran como el primer nivel -contacto con las comunidades- en relación a cómo enfrentar este tipo de emergencias.

Es decir, mientras a escala ministerial y regional hay coordinación, a escala comunal aun hay brechas. En todo caso, más allá de estos retrasos, resulta positivo que las autoridades nacionales presenten un plan de acción para enfrentar incendios forestales, cuando aún estamos a tiempo de prevenirlos. Prevención siempre será esencial.