En una situación fiscal más estrecha, con mayor razón los gobiernos deben observar el buen manejo y control de los recursos estatales, así como la eficiente planificación en futuras asignaciones de dichos recursos.
En medio de una grave crisis sanitaria, que conlleva grandes impactos económicos y sociales, es necesario mantener la correcta aplicación de los recursos públicos. En una situación fiscal más estrecha, con mayor razón los gobiernos deben observar el buen manejo y control de los recursos estatales, así como la eficiente planificación en futuras asignaciones de dichos recursos.
Lo anterior contrasta con el informe que emitió la Contraloría General de la República sobre las compras realizadas por la Intendencia regional durante la emergencia sanitaria. Las dudas del órgano fiscalizador apuntan a la distribución de las cajas del programa “Alimentos para Chile” que fueron financiadas con fondos del Fndr y otros que llegaron desde el nivel central. El informe detalla que 899 personas fallecidas están inscritas como beneficiarios y que hubo entregas a funcionarios públicos. Además, Contraloría cuestiona la adquisición de cámaras térmicas, por lo que se habría pagado un sobreprecio de hasta 116%, según la cotización realizada por el propio organismo fiscalizador.
También ha salido a la luz pública cuestionamientos sobre la asignación de grandes recursos para viajes de autoridades e invitados con resultados discutibles, como también para estudios que, algunas veces, exageran en algunas rúbricas. Para uno de ellos fueron destinados por el Gobierno Regional $180 millones y, del total, se gastaron $60 millones en “gastos administrativos”.
Durante la pandemia se intensificó el uso del “tracto directo”: un formato de compra que se ha repetido y que tendría como objetivo acelerar el proceso de compras públicas, dada la premura que impone la emergencia sanitaria. En ese modelo de adquisición, la institución compradora pide una cotización por los productos que necesita a una empresa y, en base a esta, emite una orden de compra, sin licitación. Ese formato fue utilizado para el estudio que ha culminado con la propuesta “Legado de los Intendentes”, cuya cotización realizada por la consultora fue presentada a la Intendencia un día antes de la firma de la orden de compra.
Contraloría ha cuestionado algunos procesos de compra y ha revelado situaciones en que existirían irregularidades en el uso de los recursos fiscales. Es de esperarse que, en un futuro próximo, estos episodios sean parte del pasado.