Es indispensable ampliar la cobertura de los temas en debate, transparentar los avances e incentivar la participación, puesto que, al ser el voto obligatorio, la motivación necesariamente pasa por conocer las implicancias y las responsabilidades de tomar una decisión al momento de emitir un sufragio.
Por largo tiempo en el Chile republicano, votar constituía un muy buscado privilegio, de tal modo que para ejercer ese derecho las personas no ahorraban esfuerzos, no los detenía la enfermedad, la discapacidad o la distancia. Se sufragaba en ambiente de respeto y orgullo, no pocas veces con el atuendo de las solemnidades; en el fondo, emitir el voto era una obligación, debido al fuerte mandato moral de la responsabilidad ciudadana en ese tiempo.
Considerando fríos cálculos políticos y elucubraciones relativas a la libertad personal de una democracia ejercida maduramente, se hizo del sufragio un acto voluntario. Sin embargo, si los proponentes hubieran estudiado esta materia en serio, podrían haber descubierto, como lo hizo un estudio de la época de Libertad y Desarrollo, que a contar de los comicios de 1989 los votantes habían venido mostrando una tendencia progresiva a ser proporcionalmente menos, es decir, menos personas votando en comparación con la cifra de personas con edad para emitir el sufragio. Se puede observar, al mirar los números, que en 1989, en el principio de la recuperación de la democracia, votó el 86,29% de los electores, en 1993 el 81,47%, o sea, una disminución de 5%. Veinte años después, el 2009, votó el 59,14% y el 2013, 52,62%. A la sorprendente disminución de más de un 20% en dos décadas, se aprecia un 7% menos en el último proceso referenciado respecto del inmediatamente anterior, con lo que se demuestra una clara tendencia a la disminución constante y sistemática.
Otros países desarrollados muestran altas abstenciones, en condiciones similares de votación voluntaria, como EE.UU., con un 53,57% apenas de participación. O Suiza, con aproximadamente 40%. Hay que considerar, por otra parte, que en esos países, con sistemas políticos muy consolidados y diferencias más bien de énfasis que de fondo en las posiciones ideológicas, votar en un sentido o en otro no significa realmente un cambio notable de escenario. Por cierto, ello no es precisamente lo que ocurre en nuestro país.
Teniendo a la vista esa tendencia, se ha aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional que restablece el voto obligatorio, con lo cual se espera que esta medida logre una mayor participación ciudadana en los procesos electorales. Lo anterior, porque, según datos del Servel, desde el retorno de la democracia, el porcentaje de abstención en elecciones aumentaba cada año. Por ejemplo, en las elecciones de 1989 participó un 87% del total del padrón electoral, mientras que el 2005 fue un 64%, en el 2017 apenas un 46% con el nuevo padrón considerablemente ampliado al haberse establecido la inscripción automática de cada joven con la edad legal para sufragar.
Consultado por un medio digital capitalino, el académico de la Universidad Central y asesor del Congreso Nacional, Nicolás Freire, opina que el principal desafío es “saber cómo se va a canalizar ese tipo de participación, quién la va a mediar en el entendido de que los partidos no tienen esta capacidad”. Para ello, propone abrir también una ventana de discusión en torno a otros momentos de participación ciudadana, distintos a las votaciones municipales, parlamentarias y presidenciales, como ocurre en consultas y plebiscitos.
No puede olvidarse el contexto que se vive en Chile, en donde las personas muestran un claro desencanto político, pese a su evidente interés en los asuntos públicos. Ante los importantes desafíos democráticos que se avecinan, resulta indispensable ampliar la cobertura de los temas en debate, transparentar los avances e incentivar la participación, puesto que, al ser el voto obligatorio, la motivación necesariamente pasa por conocer las implicancias y las responsabilidades de tomar una decisión al momento de emitir un sufragio.