Se ha reiterado, incansablemente, que la seguridad ciudadana es uno de los problemas que más preocupa a la gente, la delincuencia parece crecer tanto en osadía como en impunidad. De alguna manera que no resulta fácil de comprender, se ha entronizado el derecho de los delincuentes con más fuerza que el derecho de las víctimas. En el ánimo de evitar culpar a eventuales inocentes, se ha llegado al punto de poder dejar libres de toda pena a verdaderos culpables.
Se ha dado a conocer un informe encargado por el Gobierno, el cual entre otras cosas observa que el 54% de los encuestados aprueba “sanciones más estrictas” para bajar delincuencia y solo el 17% tiene el convencimiento que la reinserción sea una respuesta adecuada. El estudio en cuestión fue licitado a la conocida empresa GfK Adimark, cuyos primeros resultados confirman un hecho conocido; la delincuencia es considerada como el principal problema del país, con un 49%, además, el informe contempla la opinión de los chilenos sobre las causas del fenómeno y sus soluciones.
La opinión pública, posiblemente como resultado de observar una larga serie de procesos que terminan sin culpables,-que la difamada puerta giratoria funciona con aceitada presteza-, concluye en esta encuesta que la delincuencia “se debe atacar aplicando sanciones más estrictas a las personas que han cometido delito” con un el 54% de apoyo. Muy por sobre otras posibilidades de actuación frente a la delincuencia, como los programas de reinserción, la mejora de las condiciones económicas y el aumento de cárceles y de dotación policial y judicial, política que tiene solo un 17% de acuerdo.
A pesar de una larga secuencia de resoluciones inexplicables para el ciudadano común, el caso que se instala como punto de inflexión, ocurre el martes 14 del presente mes; los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dieron a conocer la sentencia en relación con los 11 comuneros mapuche imputados en el incendio que tuvo como consecuencia la muerte del matrimonio formado por Werner Luchsinger y Vivian Mackay, ocurrido el 4 de enero de 2013, quienes resultan absueltos, entre ellos, la machi Francisca Linconao.
El Fiscal Nacional, describió este veredicto, como “un fracaso, por parte del Estado, en dar respuesta a las víctimas de uno de los crímenes más atroces desde el regreso a la democracia”, ya que la razón de este resultado apunta directamente a la falta de acuciosidad de la Fiscalía para aportar las pruebas necesarias para probar la culpabilidad de los implicados. En efecto, el tribunal establece que “la referida prueba de cargo aportada fue insuficiente” y que “algunas probanzas resultaron inidóneas para tales fines”. Se ha explicado, por parte de los fiscales, que la ley exige un estándar de convicción “inalcanzable”, lo cual, básicamente determina que este resulte “consagrando impunidad para ciertos delitos”. Una opinión que tiene como resultado interminables acusaciones cruzadas y mutuas recriminaciones, entre jueces, fiscales y policías.
Es un deber constitucional del Estado resolver esta situación, tiene la obligación de mejorar la ley penal con más herramientas para perseguir delitos complejos, no es racional disponer de mecanismos inaplicables para ejercer justicia, no puede continuar un sistema que para efectos prácticos no solo tapa los ojos de la justicia, sino además, le ata las manos.