Es posible que se vuelva a observar una disparidad de situaciones que se espera sean resueltas, si se cambiara el texto de la Constitución, que estos cambios serían los necesarios y suficientes para dejar todo como es debido.
No fue una buena noticia, el 40% de los chilenos estima que la democracia en el país funciona mal o muy mal, cifra que se duplicó en los últimos cuatro años, se deduce de los resultados de la IV Encuesta Auditoría a la Democracia, realizada por el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, (Pnud), sin embargo, también es visible que seis de cada diez chilenos continúan valorando la democracia como la mejor forma de gobierno, aunque eso no los exime de mostrarse cada vez más críticos respecto a su funcionamiento.
La auditoría en cuestión, realizada en septiembre del año pasado, no resulta en absoluto anacrónica al observar los indicadores más próximos en el tiempo, se ha venido efectuando desde el año 2008 entregando, según su propia definición de objetivos "evidencia sobre procesos y cambios de largo plazo en materia de percepciones relativas a la política, el funcionamiento del régimen democrático y la relación entre ciudadanía y sus representantes".
Las cifras insatisfactorias corroboran las conclusiones del anterior Informe Auditoria a la Democracia (2014) del Pnud, en relación a que el país enfrenta un problema de carácter estructural desde hace ya más de una década. En consecuencia, el descontento de la ciudadanía con el funcionamiento del sistema político y sus instituciones ha sido paulatino más que repentino.
Las tendencias se mantienen o intensifican, mostrando una disminución en los niveles de confianza y aumento en la percepción de corrupción en las instituciones. Aun así, los chilenos siguen valorando la democracia y consideran que Chile será más democrático en el futuro. En temas de probidad, la encuesta dejó en evidencia que Chile no es un país donde exista corrupción sistémica. Aun así, los chilenos que perciben altos niveles de corrupción en las instituciones públicas y privadas aumentaron de 23% a un 47% en los últimos seis años.
En ese ambiente se ha planteado un cambio en la Constitución. A mediados del año pasado, el testimonio de un asistente a un cabildo provincial es elocuente en cuanto a qué se espera de ese cambio por el ciudadano de a pie: "la Constitución actual es la causa de todos nuestros problemas y por eso debe ser remplazada", al introducir la reunión preguntando la razón de acudir, las respuestas fueron variadas, del precario acceso a prestaciones de salud de los más pobres, al convencimiento que la Carta Magna impedía la participación; desde la crítica al sistema de pensiones a una declaración que la Constitución es la causa que las cosas estén como están.
Si se repitiera la pregunta a los transeúntes, al ciudadano común, es posible que se vuelva a observar una disparidad de situaciones que se espera sean resueltas si se cambiara el texto de la Constitución, que estos cambios serían los necesarios y suficientes para dejar todo como es debido.
Mientras tanto, con un posible desconocimiento de este documento, -el más alto en el ordenamiento jurídico de la sociedad chilena-, ya que no se ha invertido esfuerzos en socializarlo y transparentarlo como es debido en todos estos años, se legislará sobre modificaciones a su Título XV. Seguramente habrá una intensa polémica, en un período que encuentra al mundo político inmerso en sus labores de perpetuación y ganancia de espacios, ad portas de una elección presidencial. No parece ser el mejor entorno para cambiar la carta fundamental de la República.