La medida fue tomada por el Ministerio Público a raíz de la disparidad de avances en las distintas aristas que involucran a la empresa pesquera del norte y del Bío Bío. En esta última existen una serie de diligencias pendientes que no alcanzarán a estar listas cuando termine el plazo fijado de cuatro meses.
La medida fue tomada por el Ministerio Público a raíz de la disparidad de avances en las distintas aristas que involucran a la empresa pesquera del norte y del Bío Bío. En esta última existen una serie de diligencias pendientes que no alcanzarán a estar listas cuando termine el plazo fijado de cuatro meses.
Marcelo Castro Bustamante
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Desde diciembre pasado que la jueza Carolina Herrera, del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, venía sugiriendo al Ministerio Público separar la arista Asipes del Caso Corpesca y, finalmente, su recomendación fue evaluada y aceptada. Durante los próximos días, el fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, comunicará a los intervinientes la separación del caso en dos investigaciones independientes.
En la primera se mantendrá la indagatoria en contra de la pesquera ligada al grupo Angelini por delitos tributarios y sobornos. Esta investigación se encuentra prácticamente finiquitada con una decena de personas formalizadas, entre ellas el senador Jaime Orpis, la ex diputada Marta Isasi y el ex gerente de la firma, Francisco Mujica. Además, en un hecho inédito, el órgano persecutor también presentó cargos en contra de la empresa Corpesca, en donde se arriesga el término de la personalidad jurídica.
Por su parte, la nueva investigación estará ligada a las pesqueras del Bío Bío, causa que se conoce hasta ahora, como "arista Asipes". Aquí, el trabajo del persecutor todavía se encuentra en desarrollo, puesto que la arista surge recién en el primer semestre del año pasado. Esto ha llevado a que los investigadores todavía estén recopilando antecedentes y analizando la documentación contenida en 129 carpetas y computadores que fueron incautados desde las oficinas de la gremial en la capital y Concepción.
A lo anterior, se suma una serie de diligencias que se encuentran pendientes, como datos de aportes reservados provenientes desde el Servel y otras que pueden derivar de la recepción de estos antecedentes. Fuentes en la Fiscalía aseguraron a Diario Concepción que el plazo fijado por el tribunal de cuatro meses que finaliza el 28 de abril- no estaría alcanzando para los fines de la investigación, puesto que cada día siguen apareciendo nuevos antecedentes.
Desde el Ministerio Público no quisieron ahondar en los detalles de esta determinación, que provocaría un nuevo escenario judicial para las empresas y políticos involucrados.
Nuevas diligencias
Los abogados querellantes, Marisa Navarrete y Matías Ramírez, se mostraron conformes con la separación de causas, puesto que existen diferencias en ambas indagatorias, y además ambos abogados anunciaron nuevas acciones legales y diligencias relacionadas a los roles que habrían tenido el renunciado subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, la senadora Jacqueline van Rysselberghe y otros parlamentarios de la Región.
Las defensas de los involucrados en la, hasta el minuto, causa madre, están conformes con la situación. El jurista Sergio Rodríguez Oro, que representa a Jaime Orpis, señaló que con esto no se afecta el debido proceso para el desaforado parlamentario. Mientras que José Ignacio Escobar, representante de Camanchaca y Cannex, espera que esta situación les permita acceder a los antecedentes existentes para solicitar nuevas diligencias.
Cabe consignar que el pasado miércoles 1° de marzo, los intervinientes de la causa tuvieron acceso a los antecedentes recopilados en la incautación a Asipes, los que se mantenían en reserva desde el 20 de enero, luego de que nuestro medio asociado "La Tercera" publicara una nómina con supuestos pagos de las pesqueras a parlamentarios.
Además, durante el mes de marzo las diligencias en la causa se concentrarán en Concepción, puesto que la fiscal capitalina Ximena Chong viajará durante esta y la próxima semana a Brasil para participar en diligencias del Caso Lava-Jato, que en nuestro país implica el presunto financiamiento ilegal de las campañas de presidenciales de Michelle Bachelet y Marco Enríquez Ominami por parte de la empresa constructora brasileña Odebrecht.
Salida de intervinientes
La separación de causas provocaría la salida de uno de los principales querellantes del caso, el Consejo de Defensa del Estado, debido a que todavía no han presentado acciones judiciales en contra de los involucrados en la arista Asipes.
En la Fiscalía esperan que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte de la causa, en caso de abrirse una línea investigativa sobre eventuales delitos relacionados a sobornos que podrían involucrar a funcionarios públicos, por lo que los intereses del Estado se verí an afectados.
En efecto, los querellantes estiman que es cosa de días para que ellos ingresen a esta nueva causa, puesto que los antecedentes de la carpeta investigativa, demostrarían actos de corrupción en contra de funcionarios públicos. Eso sí, la abogada querellante Marisa Navarrete, que representa a Fenaspar, se mostró preocupada ante las acciones que pudiera ejercer el otro interviniente estatal, el Servicio de Impuestos Internos.
Según Navarrete, la forma de actuar que está teniendo el ente recaudador en este tipo de causas da a pensar que no ejercerían acciones legales en contra de los involucrados, privilegiando salidas administrativas que no implican la participación en Tribunales.
La abogada que representa al Consejo de Defensa del Estado en el Caso Corpesca, Luppy Aguirre, evitó referirse a la situación, misma situación ocurrió con el jurista Manuel Navarrete, que representa los intereses del Servicio de Impuestos Internos.