Falta el apoyo y la colaboración de la ciudadanía, la misma que se verá beneficiada con espacios recuperados, eventual disminución de la delincuencia y, en suma, con una mejor ciudad.
Puede parecer como exagerado aludir a una nueva forma de crisis, sobre todo cuando esa situación ha sido empleada para definir el estado de muchas instancias en proceso de análisis, a propósito de reformas propuestas por el Gobierno y sus interminables implicancias. Puede ser, de alguna manera, el resultado sumatorio de tales circunstancias, una crisis, o una debilidad notable, si se quiere mencionarla de otro modo, la crítica falta de autoridad.
Hay una evidente asincronía entre el surgimiento de los derechos y el reconocimiento de los requisitos para merecerlos, como resultado, se pide sin cesar, con la impaciencia que parezca conveniente, con una consecuencia cada vez más usual; si esas voces no son oídas, que en términos concretos significa que no se acogen inmediatamente todos las solicitudes, entonces se protesta violentamente, sin aceptar explicaciones, tal parece que para esta nueva categoría de solicitantes, ser escuchados significa que se accede a todo lo que se les ocurra pedir.
Es en ese punto donde se puede observar la falta de autoridad, el pudor o el temor de aplicar lo que la ley prescribe para casos como esos, ni los primeros ni los últimos, con clara y abundante jurisprudencia, el poder que se otorga a determinadas autoridades para poner las cosa en orden cuando la razón deja de operar y se transforman los hechos en un enfrenamiento entre los que quieren imponer su voluntad, por probadamente equivocada que esté y los encargados del orden público.
A tal grado, que si una autoridad edilicia se decide, con no poco valor, a actuar como el derecho indica, alcanza notororiedad a nivel nacional, una situación que en sí misma ahorra otros comentarios sobre el estado de la situación, al hacer destacable, como hecho insólito y digno de la mayor atención, el que una autoridad haya decidió actuar como corresponde.
No debe entenderse esa apreciación como un intento de subestimar la tarea emprendida por el municipio penquista liderado por el alcalde, sino llamar la atención sobre la respuesta de la ciudadanía y los mismo medios que aparentemente se habían acostumbrado a ver las calles de la ciudad usadas de cualquier manera, invadidas por un comercio informal, cuya logística y centros de abastecimiento están todavía por descubrirse.
La respuesta ha sido violenta, como era de esperar, dados los intereses en juego, como un indicio, la querella criminal presentada por el alcalde ante la agresión sufrida por dos inspectores municipales durante una fiscalización a vendedores ambulantes no autorizados, en el centro penquista, quien puntualizó "es una forma de decirle a quienes se creen dueños de la calle, que creen que con este tipo de matonajes van a impedir la labor fiscalizadora".
La iniciativa busca recuperar y regularizar diversos espacios públicos emblemáticos de la comuna y desincentivar la delincuencia, los vendedores están en conocimiento hace mucho tiempo de que la actividad que ejercen es ilegal y se ha expresado que el municipio tiene toda la disposición para colaborar y otorgar los instrumentos necesarios a aquellas personas que quieran formalizar su rubro y obtener una solución definitiva para un correcto funcionamiento.
Falta el apoyo y la colaboración de la ciudadanía, la misma que se verá beneficiada con espacios recuperados, eventual disminución de la delincuencia y en suma, con una mejor ciudad.