Como se ha expresado en los más diversos ambientes, a la Reforma Educacional le faltó diálogo, por mucho que se trató de dar la imagen de transparencia y apertura, los hechos terminaron por demostrar que quienes deberían haber estado enterados no fueron consultados en el nivel debido, que la mayoría tuvo que conformarse con resúmenes y borradores, para encontrar en el proyecto completo toda suerte de sorpresas no todas gratas.
Así ha ingresado al Congreso, con dudas por resolver y con sectores completos altamente polémicos, de severamente críticos, a meramente funcionales, larga tarea si se quiere hacerlo bien y corta, si se opta por dejarlos pasar para atender las realidades resultantes en otra oportunidad, o sobre la marcha.
Un aspecto que parece marginal, sin serlo, es el olvido de la historia. En el corto resumen que se hace en el capítulo de Antecedentes, sección titulada Breve historia de la educación superior, posiblemente elaborada por expertos recientemente nacidos- dada la pobre atención a la historia más allá de su limitado alcance- se establece que la educación superior en Chile nace con la Universidad homónima.
Se opta por ignorar que las primeras universidades chilenas, surgieron de las órdenes religiosas, como la Universidad de Santo Tomás en 1622, que calificaba a estudiantes criollos y peninsulares para acceder a cargos civiles y eclesiásticos, un año más tarde, la Compañía de Jesús recibió también la facultad de impartir estudios superiores.
Como había igualmente falencia en la preparación de disciplinas como matemáticas, filosofía, medicina y derecho, en 1647, Felipe V dispuso la fundación de la Real Universidad de San Felipe, estructura que funcionó regularmente hasta 1813, año a partir del cual junto con las dinámicas de la independencia política de Chile, la universidad evoluciona hasta la fundación, en 1843, de la Universidad de Chile, punto en el cual la historia se habría iniciado, según el proyecto que se encuentra en el legislativo.
Se menciona la creación de la Universidad Católica en 1888, para seguir con la creación del Ministerio de Educación Pública en 1927. En una omisión consecuente con la ignorancia de lo que importa a las regiones, no se menciona ni la existencia de un curso de leyes en Concepción, que transformado en Facultad, ha celebrado hace poco 150 años de existencia, ni la creación en 1919, de la Universidad de Concepción, hitos que solo un gobierno centralista podría desconocer, lo que de paso revela el escaso conocimiento de la totalidad del sistema universitario chileno.
Si esos acontecimientos fueron ignorados, malamente se podría haber prestado atención al hecho que en nuestra ciudad, previo a la fundación de la Universidad de Concepción, los estudios superiores se habían impartido en la Universidad Pencopolitana, entre 1724 y 1767.
Si bien es cierto que la versión abreviada de la historia de los estudios superiores en Chile, contenida en el proyecto, tiene solo un papel introductorio, es de todas maneras una evidencia palpable de la naturaleza centralizada de las prioridades, una falta de prolijidad reveladora de una subyacente falta de reconocimiento de lo que ha sucedido en educación superior en las regiones del país, que obliga a éstas a hacer nuevamente presente lo que parecía obvio, que son parte importante en el desarrollo cultural, científico y tecnológico de Chile.