Trabajadores movilizados por pensiones de gracia exigen diálogo al Gobierno, mientras que expertos advierten un "efecto dominó" y las empresas locales temen por el empleo en la región con más desocupación del país.
A partir del 9 de julio, los trabajadores de los puertos afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport) —incluidos los terminales de Coronel y San Vicente— iniciaron una paralización de emergencia. Los dirigentes sostienen que existe una descontinuación de los programas destinados a otorgar 250 pensiones de gracia anuales para operarios cuya salud se ha deteriorado tras décadas de alta exigencia física.
La tarde de este viernes, fuentes de Diario Concepción detallaron que “en este instante los puertos están detenidos. Hay tres naves paralizadas: dos en San Vicente y una en Coronel”.
En este contexto, desde San Vicente Terminal Internacional (SVTI) indicaron que, por ahora, no disponen de una estimación de las pérdidas y explicaron que el foco está puesto en la implementación de medidas operacionales y coordinaciones con distintos actores para minimizar los impactos.
Al ser consultado por el perjuicio económico diario que puede significar esta movilización, Javier Sepúlveda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción (UdeC) y exseremi de Economía, Fomento y Turismo, analizó el peso de la actividad portuaria en la zona.
El académico aclaró primero que calcular con exactitud el impacto financiero diario de un paro portuario es sumamente complejo.
“El valor económico que generan nuestros puertos depende de la planificación específica que cada terminal tiene con las respectivas navieras, lo que condiciona la cantidad de turnos y las naves que se atienden cada semana”, explicó.
Foto: Archivo Diario Concepción
Sin embargo, para dimensionar el volumen de lo que está en juego en Biobío, sugirió revisar las estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.
“Si analizamos los últimos cinco años, las exportaciones promedian más de US$962 millones FOB (valor de la mercancía puesta a bordo) solo en el mes de julio. Esto significa que, en promedio, transitan más de US$31 millones diarios por nuestro sistema portuario”, señaló.
Sepúlveda sostuvo que, de extenderse la movilización, el efecto en la economía regional y el comercio exterior podría ser considerable.
“Un puerto detenido genera un efecto dominó: el transporte de carga por carretera se paraliza, los centros de acopio y bodegaje se saturan y, eventualmente, se obliga a detener las líneas de producción de nuestros sectores productivos clave”, afirmó.
Por ello, el exseremi planteó que las autoridades deben considerar las solicitudes de los trabajadores.
“Ellos son una parte esencial del movimiento portuario y del dinamismo de nuestra zona. Avanzar mediante el diálogo para atender sus demandas es fundamental para destrabar el conflicto y proteger el desarrollo de todo el encadenamiento logístico del Biobío”, concluyó.
Representantes regionales del gremio se reunieron con el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, con el fin de solicitar apoyo para obtener una respuesta del Ejecutivo.
“Le hemos entregado una carta al gobernador para evaluar la posibilidad de que la haga llegar al Presidente de la República. Hemos manifestado que estamos abiertos al diálogo, pero no hemos recibido ningún llamado por parte del subsecretario del Interior”, señaló Gabriel Rebolledo, coordinador nacional de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Conatraport.
Por su parte, el gobernador Giacaman expresó que “nos llama profundamente la atención que el Gobierno no vea el problema que genera para la Región del Biobío que los puertos no funcionen. Esto afecta a las empresas, a las industrias, a los sectores productivos, al rubro forestal, al pesquero, a todos”.
Ante este escenario, los gremios productivos y organizaciones empresariales de la región emitieron una declaración pública en la que manifestaron su preocupación.
En el documento señalaron que “considerando el complejo escenario económico actual, donde nuestra región registra la tasa de desempleo más alta de Chile, resulta fundamental resguardar la continuidad de las operaciones portuarias, dado el impacto que una paralización efectiva generaría sobre las exportaciones, las importaciones y, eventualmente, la estabilidad laboral de miles de familias”.
Por lo tanto, hicieron un llamado a “impulsar un diálogo constructivo que permita evitar estos escenarios de riesgo”.
La declaración fue suscrita por ASEM, Asexma Biobío, Asimet, CChC Concepción, CPC Biobío, Corma Biobío y Ñuble, Irade, Pescadores Industriales del Biobío, PymeMad y Socabio.