Más de 1.500 personas han sido embargadas en el país, según confirmó la Tesorería General de la República (TGR).
Por Matías del Río C.
De acuerdo con la entidad, esta medida se enmarca en una estrategia orientada a recuperar recursos públicos desembolsados por el Estado, los cuales deben reintegrarse al patrimonio fiscal. En ese sentido, la TGR detalló que más de 550 mil personas no han cumplido con los pagos asociados al Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que ha obligado al Fisco a cubrir dichos montos ante la banca respectiva, acumulando una deuda a su favor superior a los $4 billones, según informaron a través de un comunicado.
Mediante el mismo documento, el organismo afirmó que continuará utilizando sus facultades legales para proseguir con estos cobros, asegurando que las acciones ejecutadas se ajustan a la normativa vigente. En la misma línea, precisaron que la mayor parte de los embargos ha recaído sobre deudores “con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales”.
Lo anterior contrasta con la información entregada al inicio de la estrategia de cobro, en abril de este año, cuando se anunció que el proceso se enfocaría en personas que declararan ingresos superiores a los $5.000.000 mensuales (alrededor de 1.340 casos a nivel nacional en esa instancia). De hecho, en su declaración actual, la TGR advierte que no descarta seguir ampliando este rango: “El hecho de que las medidas de embargo aplicadas hasta ahora se hayan concentrado en contribuyentes con mayores niveles de ingreso o alto patrimonio no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones respecto de quienes mantengan obligaciones pendientes sin regularizar”.
Respaldo legal en tribunales
Para validar el marco legal de sus acciones, la TGR se ampara en el reciente rechazo de un recurso de protección en su contra por parte de la Corte de Apelaciones de Arica. Asimismo, la institución subraya que esta resolución se suma a más de 450 recursos de protección vinculados al cobro de estas acreencias que ya han sido declarados inadmisibles por la Corte Suprema.
Pese a las justificaciones institucionales, el plan de recuperación ha desatado polémica desde su anuncio y puesta en marcha. Frente a diversas informaciones difundidas en plataformas digitales, circulan testimonios de personas que denuncian el embargo directo de fondos desde sus cuentas bancarias, lo que en algunos casos ha significado la retención total de sus saldos, generando cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las medidas y la comunicación del proceso.
Finalmente, la institución reiteró el llamado a quienes mantienen deudas morosas del CAE a informarse y regularizar su situación a la brevedad a través del portal tgr.cl/cae, instando a la población a buscar orientación oficial para evitar caer en asesorías inadecuadas.
