Economistas locales analizan la coyuntura en comparación al escenario inflacionario de 2022, cuando en medio de la pandemia se realizaron retiros de AFP, hubo inyección de bonos estatales, etc.
El incremento en el precio de los combustibles volvió a instalar la preocupación en la Región del Biobío, no solo entre automovilistas, sino también en el mundo académico y productivo.
El fenómeno, advierten economistas locales, trasciende el costo de llenar un estanque: se trata de un shock que impacta transversalmente a la economía y que podría dejar efectos persistentes en los precios, incluso si el petróleo retrocede en los mercados internacionales.
El alza, que en algunos casos bordea entre los $300 y $600 por litro, especialmente en el diésel, ya comienza a generar efectos en cadena. Uno de los sectores más sensibles es el de los alimentos, altamente dependiente del transporte.
En este contexto, especialistas advierten que el encarecimiento del combustible puede trasladarse rápidamente al consumidor final, particularmente en productos perecibles, donde los ciclos de producción y distribución son más breves.
El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), José Ignacio Hernández, sostiene que el impacto será significativo y más rápido de lo previsto.
“Hay cifras bastante dispares, pero se habla de un margen entre un 20% y un 30%, y en algunos casos hasta un 35%. Por lo tanto, esto sí va a tener un impacto en el precio de los alimentos, probablemente más pronto de lo que se esperaba, debido a la rapidez con que ocurrió y a la magnitud del alza”, afirmó.
El economista enfatizó que este tipo de incrementos no solo afecta los costos logísticos, sino que también genera presiones más amplias sobre la economía. En su análisis, cuando los combustibles suben, los precios tienden a ajustarse con rapidez, pero el proceso inverso no ocurre con la misma intensidad.
Carolina Echagüe.
Esto responde, explica, a que el alza se transmite a múltiples variables, incluyendo salarios y contratos indexados a la inflación.
Pero si el combustible llega a bajar, ¿Los precios igual lo harán? Es una de las grandes preguntas en proyección.
“Cuando suben los combustibles, todo tiende a subir bastante rápido, pero a la baja no ocurre con la misma velocidad”, señaló Hernández, advirtiendo que los ajustes al alza suelen consolidarse.
En esa línea, agrega que una eventual caída del petróleo no implicará una reducción proporcional en los precios de bienes esenciales, debido a la rigidez de ciertos costos en la economía.
Desde la Universidad de Concepción, el economista Claudio Parés coincide en que el impacto es generalizado. “En efecto, un alza en el precio de los combustibles afecta a toda la cadena productiva y, por ende, a los precios de todos o casi todos los bienes en la economía. La magnitud va a depender de qué tan drástico y duradero sea el shock”, explicó.
Parés reconoce que existe una alta probabilidad de que los precios no retornen a sus niveles previos, incluso si las condiciones internacionales mejoran. Aunque matizó señalando que, en ese escenario, lo esperable sería un ajuste en otras variables económicas, como salarios, para restablecer ciertos equilibrios.
Ambos economistas coinciden en que el actual escenario presenta similitudes parciales con lo ocurrido en 2022– en medio de una pandemia-, aunque con diferencias relevantes.
Hernández subraya que, a diferencia de ese periodo, marcado por una inflación elevada impulsada por factores internos como los retiros previsionales, hoy predomina la incertidumbre externa, especialmente por la evolución del precio del petróleo y los conflictos internacionales.
“En el escenario actual hay mayor incertidumbre, porque no se sabe cuánto durará el conflicto internacional, ni cuál será la evolución del precio del petróleo”, indicó, agregando que hoy es más difícil anticipar el comportamiento de la inflación.
En esa misma línea, el director del Departamento de Administración y Auditoría de la Universidad del Bío-Bío (UBB), Reinier Hollander Sanhueza, plantea que el alza de los combustibles inevitablemente terminará impactando el costo de vida.
Según explicó, este efecto dependerá de múltiples factores, como el tipo de cambio, la estructura de costos de las empresas y las expectativas inflacionarias.
El académico advierte que, incluso si el precio del petróleo baja, los consumidores no deberían esperar una disminución equivalente en los precios. En sus palabras, “es probable que no baje de forma proporcional el precio de los bienes en general”, debido a la existencia de rigideces asociadas a costos fijos, logística, financiamiento y ajustes en los márgenes comerciales.
Respecto a las proyecciones inflacionarias, Hollander introduce un elemento de moderación. A diferencia de 2022, cuando el Índice de Precios al Consumidor alcanzó un 11,4% anual, el escenario actual sería más contenido.
Según indicó, las estimaciones del Banco Central apuntan a que la inflación podría acercarse al 4% en el corto plazo, para luego converger al 3% hacia 2027, siempre que el alza del petróleo no se prolongue.
Sin embargo, advierte que este escenario base está sujeto a riesgos. Si el encarecimiento del crudo persiste, podría generar presiones adicionales que dificulten el control de la inflación y prolonguen el impacto en los hogares.
En este contexto, surge una pregunta clave: ¿por qué Chile es tan sensible a estas variaciones? La respuesta está en su alta dependencia energética externa. El país produce apenas cerca del 3% del petróleo que consume, principalmente en la Región de Magallanes, por lo que debe importar más del 90% del crudo.
De acuerdo con datos de la Empresa Nacional del Petróleo, los principales proveedores históricos de petróleo para Chile provienen mayoritariamente de Sudamérica. Argentina concentra cerca del 58% de las importaciones, seguida por Ecuador con un 10%, Venezuela con un 6% y Perú con un 1%, mientras que el resto corresponde a otros mercados internacionales.
Este crudo no se utiliza directamente. Chile lo refina en instalaciones como las de Concón y Biobío, donde se producen combustibles como bencina, diésel y parafina. Este proceso implica que el país no solo depende del precio internacional del petróleo, sino también de factores logísticos, cambiarios y de refinación.
Hollander plantea que el rol del Estado será clave para mitigar los efectos, especialmente en los sectores más vulnerables, mediante políticas focalizadas que permitan contener el impacto sin distorsionar el funcionamiento de la economía.