La Provincia de Biobío encabeza el listado con más de $11 mil 600 millones. Esto frente a mecanismo que tiene por objetivo resguardar el recurso.
$16 mil 599 millones es la suma total del pago de patentes que deberán realizar los propietarios de derechos de aprovechamientos de aguas que no han ocupado de forma total o parcial el recurso, en la Región del Biobío, durante el 2024.
Esto según la resolución publicada en el Diario Oficial, que establece que “acorde a lo previsto en el artículo 129 bis 8 del Código de Aguas, corresponde al Director General de Aguas, previa consulta a la organización de usuarios respectiva, determinar los derechos de aprovechamiento cuyas aguas no se encuentren total o parcialmente utilizadas al 31 de agosto de cada año”.
En el desglose, la Provincia de Biobío concentra la mayor cantidad de patentes por pagar, con un monto total de $11 mil 611 millones. Mientras que la Provincia de Arauco registra un total de $4 mil 215 millones de pesos, y la de Concepción $772 millones de pesos.
La patente por no uso de aguas en Chile es una medida implementada por la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, destinada a incentivar el uso eficiente del recurso hídrico y penalizar el no uso de los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados.
Esta se aplica tanto a derechos consuntivos (agua que se consume y no retorna al cauce) como no consuntivos (agua que, tras su uso, vuelve al cauce).
Daniela Ceballos, directora de Aguas en la Región del Biobío, explicó que “el proceso comienza con la publicación anual, por parte de la DGA, de una Resolución en el Diario Oficial, que establece el listado de derechos afectos a la patente por no uso. Este mecanismo busca verificar la existencia de obras para la captación y conducción de aguas y sancionar a aquellos titulares que no las han construido. Los propietarios de derechos tienen hasta el 31 de marzo de cada año para efectuar el pago correspondiente; de no hacerse, se inicia un proceso de cobranza judicial por parte de la Tesorería General de la República”.
De acuerdo con lo señalado por Ceballos, a nivel nacional, para el año 2024, se observa una leve disminución en el número de derechos afectos a esta patente, pasando de 5 mil 864 a 5 mil 809, lo que representa una reducción en el monto a pagar de aproximadamente $42 mil millones en comparación con el año anterior.
“Este cambio se atribuye a la instalación de obras de captación por parte de algunos titulares, la aplicación de exenciones previstas en la legislación o la renuncia a los derechos de aprovechamiento no utilizados”, puntualizó la directora de Aguas.
“Es relevante destacar que, más allá de la recaudación, el objetivo es promover el uso adecuado de los derechos de aguas o facilitar su retorno al Estado para su reasignación, priorizando el consumo humano o la creación de reservas hídricas”, agregó.
En el Biobío, el caudal afecto a patente por no uso lidera con 5 millones 500 mil 354 litros por segundo, destacando por la significativa cantidad de agua que no está siendo utilizada de manera efectiva.
Cabe señalar que los fondos recaudados a través de estas patentes se distribuyen entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (65%), los municipios (10%) y el fisco (25%), representando una importante fuente de ingresos destinada a la gestión y desarrollo regional.
Respecto a discrepancias que puedan presentar desde los afectados por la patente de no uso, Ceballos indicó que “existe la posibilidad de presentar un recurso de reconsideración ante la DGA, cuyo plazo en 2024 venció el 26 de febrero. Este mecanismo permite actualizar o corregir la situación de los derechos de aprovechamiento, considerando posibles errores o cambios en la utilización del recurso hídrico”.
Desde la DGA enfatizaron que la patente por no uso de aguas es una herramienta de gestión hídrica que busca promover el uso eficiente del agua, penalizando la inacción y favoreciendo su utilización sostenible y responsable. Con la implementación de esta medida, se espera incentivar a los titulares de derechos a desarrollar las obras necesarias para el aprovechamiento del recurso o, en su defecto, a renunciar a ellos para su reasignación con fines prioritarios en pos de la seguridad hídrica del país.