Representantes de los trabajadores y de la misma empresa siguen gestionando opciones para salir del actual escenario de crisis de la usina. Ahora, incluso, se reunieron con el arzobispo de Concepción, Fernando Chomali. Tras la solicitud para investigación corre un plazo de 60 días.
Tras la solicitud de dos investigaciones de oficio realizada el martes por parte de la Compañía Siderúrgica Huachipato ante la Comisión Nacional Encargada de Investigar Distorsiones en el Precio de Mercaderías Importadas (conocida como Comisión Antidistorsiones), comenzó a apremiar el tiempo para evitar el posible cierre de la empresa, anunciado para diciembre del presente año.
En este contexto que representantes de la empresa y otros gremios de la Región se reunieron con el Arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomalí, para analizar el actual escenario que en particular enfrentan los trabajadores, y el encadenamiento productivo que está en juego considerando los impactos tanto en Biobío como en la minería.
César Garrido, gerente general de Siderúrgica Huachipato, afirmó que “solicitamos la protección de la cadena productiva del acero que se utiliza en la minería, eso implica barras para producir las bolas y también las bolas porque hay un porcentaje importante que se importa, dicho de otra manera, solicitamos que se proteja la certeza logística de los medios de molienda que se utilizan en la minería, no es lo que necesita Huachipato o un importador o un forjador. Es lo que la minería y el país necesitan”.
Requerido acerca de la valoración estratégica de la siderúrgica, Garrido señaló que “el ministro Nicolás Grau lo dijo, son básicamente tres cosas. Generamos certeza logística del acero que se consume a nivel nacional, a toda la industria y en particular a la minería que es nuestro principal ingreso. Segundo, no hay ningún país en el mundo que tenga desarrollo sin una industria siderúrgica operando y tercero, no es factible la descarbonización que es la ruta que tenemos que forjar de aquí al 2050 sin una industria siderúrgica nacional considerando el aporte en huella de carbono de todo el transporte marítimo que tenemos que comenzar a contabilizar”.
Fernando Chomalí, arzobispo de Concepción manifestó que “hay unanimidad en el sentido que tenemos que cuidar esa empresa y tenemos que hacer todo lo posible por ello y el Estado tiene una responsabilidad en relación a miles de trabajadores y subcontratistas que prestan un gran servicio a la sociedad en una empresa que se reconoce como estratégica”.
Otro punto abordado por el ejecutivo de Huachipato fue el cómo prevenir que se vuelva a poner en riesgo la continuidad de la empresa. En este sentido dijo que “estamos en alguna medida solicitando que se tomen medidas precautorias que nos permitan viabilizar la operación y contener también a nuestras personas, entenderán que esto genera mucha incertidumbre y presión, por ende, la salud mental de nuestros trabajadores es fundamental. Una medida precautoria nos permitiría avanzar con la tranquilidad que necesitamos para poder definir los instrumentos finales que se deben determinar”.
En cuanto a la situación de los accionista minoritarios de la empresa afectados por un menor precio de los títulos derivado de la actual incertidumbre respecto de la continuidad de las operaciones de la firma, César Garrido comentó que “el precio de la acción de CAP evidentemente tiene una disminución producida por esta incertidumbre, que es un fenómeno natural en las economía abiertas y aquí hay que entender que hay acciones minoritarios y mayoritarios que tienen parte importante de sus ahorros también puestos en las inversiones de la compañía”.
En atención a los plazos que comenzaron a correr tras la solicitud realizada esta semana ante la llamada Comisión Antidostorsión, el mandamás de la plana ejecutiva de la siderúrgica expresó que “los plazos son extremadamente críticos, urgentes y tal como los hemos venido trabajando hace varios meses, por eso lo que hacemos es solicitar que se actúe de oficio para acelerar al máximo la definición que se haga por parte de la Comisión Investigadora, porque como todos podrán ver los números no son sostenibles y esperamos que de aquí a fin de año, antes de los 60 días, podamos tener algún pronunciamiento”.
Eduardo Carrasco, gerente de personas y asuntos corporativos de Huachipato explicó que actuar de oficio “significa que existe la posibilidad que el trámite de admisibilidad sea reducido en el tiempo y por lo tanto, la medida provisoria que solicita Huachipato se aplique más temprano que tarde. Esperamos que la resolución se tome dentro del mes de diciembre”.
Javier Sepúlveda, seremi de Economía, Fomento y Turismo de Biobío destacó que en la visita realizada el año pasado por el Ministro Nicolás Grau a la Siderúrgica Huachipato ya se había analizado la importancia de una pronta presentación de la empresa ante la Comisión Antidistorsión. “Lo importante es que Huachipato ya hizo ingreso de esta solicitud ante la comisión que era un hito importante a cumplir y que como Gobierno estábamos esperando hace bastante tiempo. Hay que recordar que hace un año el ministro de Economía estuvo visitando la planta en Talcahuano y en esa ocasión se conversó justamente la posibilidad de activar esta comisión (…) cumplido este hito (…) ahora tenemos el compromiso para que esto se gestione en el menor plazo posible”.
En la reunión sostenida con monseñor Chomalí en la “Cafetería 440” participaron los presidentes de los sindicatos 1 y 2 de Huachipato.
Héctor Medina, timonel del Sindicato 1, indicó que “creemos que lo se viene es una respuesta positiva del Gobierno en aplicar por oficio una salvaguardia porque es el Estado quien debe encargarse de actuar. Hoy la pelota está en la cancha del Gobierno quien tiene que decidir por oficio”.
Consultado sobre si ven como necesario viajar hasta la Moneda junto a ejecutivos de la empresa para reforzar la idea de urgencia de una determinación sobre lo solicitado adelantó que hay conversaciones con parlamentarios para gestionar una reunión con el Presidente, Gabriel Boric.
Acerca de la posibilidad que no se logren alcanzar las medidas en los plazos requeridos, Hector Medina fue claro. “El presidente tiene que actuar en función de lo que le estamos solicitando y en función de lo que dice el tratado de libre comercio donde antes de 60 días debe tener la respuesta para nosotros(…)”.
Por su parte, Fernando Orellana, presidente del Sindicato 2 de la siderúrgica, recordó que “la compañía ya presentó la documentación técnica (martes 31 de octubre) para la investigación del dumping del acero que está llegando a un 40% menos (en sus precios), así que ahora está en manos del Estado con un plazo acotado de 60 días en que pueden responder en forma rápida y poner una tasa mientras se investiga”.