En un plazo de 15 días debería conocerse la admisibilidad de la demanda contra el Estado que incluye 100 de 406 atentados desde 2017, según los cálculos de los Asociación de Contratistas Forestales. Indemnización informal estimada equivale a cerca de 1,2% del PIB regional y la generación de 288 mil empleos con salarios de $574 mil por un mes, según Economía.
Solo el 28% del total de pérdidas productos de ataques incendiarios han recuperado los diferentes contratistas y empresas del sector forestal, afectados por este tipo de crímenes en la macrozona-sur del país.
Esto por medio del cobro de seguros asociados, como confirmó el presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz.
“De los $ 165 mil millones en pérdidas, desde el 2014, se han recuperado hasta la fecha, por lo menos un 28% vía seguros y el resto son contratistas que no tienen este mecanismo”, detalló el líder gremial a Diario Concepción.
La información anterior, también dio pie a una reciente demanda interpuesta por los contratistas forestales contra el Estado. Esto por falta de servicio tras atentados en la macrozona, según explicó el propio Muñoz, quien además puso énfasis en que no hay reparación comparable con la pérdida de vidas humanas. “Este año tenemos 4 trabajadores forestales asesinados y entre 40 y 50 trabajadores heridos”, afirmó.
Si bien este monto de dinero no está presente en la acción legal, es la estimación informal que sostiene públicamente el gremio.
Javier Sepúlveda, seremi de Economía del Biobío, comentó que para tener una idea de lo que significan estos $ 166 mil millones el monto “equivale al 1,2% de todo lo que produjo la Región del Biobío durante el 2021, es decir, corresponde al 1,2% del Producto Interno Bruto regional. Adicionalmente, con este mismo monto se podrían generar 288 mil puestos de trabajo durante un mes considerando un ingreso o salario promedio regional de más de $ 574 mil y en términos de Salario Mínimo, podrían crearse 415 mil empleos con salario mínimo durante un mesen Biobío”.
Lo anterior, agregó Sepúlveda, “sirve para tener una idea aproximada del valor económico que ha tenido la violencia en términos de pérdidas de la productividad, de ingresos y de patrimonio”.
El presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, explicó que además “estamos en una etapa inicial y lo que primeramente buscamos es que sea acogida la demanda, luego de eso veremos materias relacionadas con el daño emergente y lucro cesante respecto de lo que hemos dejado de percibir en función de los atentados”.
En cuanto a los plazos y acciones que siguen, Muñoz cuenta que los tribunales debieran pronunciarse sobre la adminisibilidad de la demanda en los próximos 15 días. “Ya estamos trabajando para aportar con los antecedentes necesarios orientados al daño emergente y lucro cesante”, dijo.
Según el dirigente, la demanda considera aproximadamente 100 atentados. “De los 406 (ataques) que tenemos, corresponden alrededor del 20% de todos los atentados ocurridos en la macrozona sur desde el parte del 2017 en adelante”.