Con distintas localidades del país en estado de emergencia comienzan a surgir medidas para tratar de frenar la escasez de agua a nivel regional y nacional. Comunidades y organizaciones apuntan a cambios más profundos para combatir la sequía.
La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje continúe aumentando con el pasar de los años. Chile se encuentra en el 18º lugar del ranking mundial de riesgo hídrico, según el World Resources Institute.
Diversos estudios confirman la frágil situación del recurso hídrico en Chile, ya que el 76% de la superficie del país está afectada por sequía, desertificación y suelo degradado y la totalidad de los glaciares estudiados están en retroceso por el aumento de temperatura, según la Dirección General de Aguas.
Bajo este escenario, el Senado aprobó el informe de la comisión mixta que busca reformar el Código de Aguas. La iniciativa cuyo objetivo es declarar el elemento, en cualquiera de sus estados, como “bienes nacionales de uso público”, se logra tras más 10 años de su tramitación en el Parlamento. Desde su inicio en la Cámara baja en 2011, se despachó a segundo trámite en noviembre de 2016; radicándose desde entonces en el Senado hasta agosto de 2021.
No obstante, desde ciertas organizaciones apuntan que se necesitan cambios más profundos para enfrentar la crisis hídrica en Chile.
“El alcance de la crisis hídrica que vivimos necesita de cambios muchísimo más profundos. La reforma no soluciona el sobre otorgamiento con 3 veces más derechos de agua entregados que agua disponible. Si bien se incorpora el término de la perpetuidad para nuevos derechos de agua, en la práctica continúan existiendo mecanismos como prórrogas automáticas y extinción del derecho de agua sólo por no uso, en un contexto donde el Estado tiene nula capacidad de fiscalizar aquello”, sostiene Estefanía González, coordinadora de Campañas en Greenpeace.
La Gobernación Regional del Bíobío instaló la denominada “Mesa del Agua” tras la manifestación de la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, junto vecinos de la comuna para solicitar la intervención del gobernador, Rodrigo Díaz, por la compleja situación hídrica que viven cerca de mil habitantes de zonas rurales de la comuna.
La jefa comunal señaló que la grave escasez hídrica es responsabilidad de las empresas forestales y las plantaciones de monocultivos que hay en la zona.
Son más de mil familias y cerca de 3 mil los santajuaninos que viven con 50 litros de agua diaria, una cantidad insuficiente, según un fallo de la Corte Suprema, que estimó en 100 litros el mínimo para la subsistencia.