Sindicatos de Talcahuano reclaman que la AFC dejó de pagar los seguros por el fin del Estado de Excepción y que el Gobierno no responde. Medida afecta a trabajadores de diversas comunas del Biobío.
El término del Estado de Excepción por la pandemia trajo consigo diversas consecuencias en materia económica y social. A casi 50 días del fin de la normativa ya se están viendo las primeras consecuencias en los distintos rubros.
Por ejemplo, nivel regional, cerca de mil trabajadores y trabajadoras del sector pesquero de Talcahuano iniciaron una manifestación en contra de la AFC por seguros de cesantía impagos. El problema radica en que la AFC dejó de pagar el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y los afectados reclaman que no recibieron ningún aviso de ello, sobre todo, con la exigencia que indicaba que el Estado de Excepción era clave para obtener el beneficio.
Si bien, recibieron algunos pagos, realizado por medio de la Ley 21.263, que señala que la condición de pago era estar cesante, el Gobierno ha omitido información y canceló la entrega del beneficio.
Las trabajadoras y trabajadores mencionan que se reunieron con el asesor del Ministro del Trabajo, Francisco del Río, quien los derivó a Consuelo Sáenz, jefe de gabinete del Superintendente de Pensiones, realizando la solicitud del pago del seguro de cesantía. Sin embargo, la respuesta no fue satisfactoria.
“Postulamos en julio y cuando se acaba el Estado de Excepción el 1 de octubre, se suspendieron los pagos. Nos dijeron que el motivo de esta anulación es que la ley no está vigente y por ello, los pagos no rigen. El problema es que dentro de este grupo hay 170 familias que tienen a su jefe de hogar cesante y que debía recibir el seguro hasta diciembre. Se levantó la ley y se quitaron todos los beneficios”, comentó Lizie Basaul, presidenta del sindicato 1 jurel de Blumar SA.
Agregó que “el director regional de la AFC se excusó diciendo que el es solo un ente pagador. Nos mandan a la Superintendencia de Pensiones, hablamos con el director y nos dice que debemos resolverlo con el Gobierno. Desde el ministerio nos dicen que ellos tampoco se pueden hacer cargo porque la ley ya no está. Estamos molestos porque deben hacerse cargo de los pagos que nos hicieron firmar. Recibimos 3 pagos y nos faltan 2, los del 23 de noviembre y 23 de diciembre”.
Sobre la acción en la Superintendencia de Pensiones, Zenaida Reyes, presidenta del sindicato jurel 2 de Blumar SA, sostuvo que “los afectados presentamos un reclamo que se irá directamente a Santiago, pero no esperamos una respuesta positiva porque el ministerio ya nos cerró la puerta”.
Hoy, el objetivo es que se respeten los pagos que el Ejecutivo prometió a través de sus respectivos ministerios. Son por lo menos 35 empresas regionales del rubro pesquero, portuario, entre otras, que están en igual condición afectando a miles de trabajadores que no tendrán su pago mensual que tenían considerados.