Pese a los avances con la ley de inclusión laboral, especialistas hablan de problemas de base, como un sistema educativo excluyente.
La primera Encuesta de Bienestar Social arrojó importantes e inquietantes datos sobre la realidad que viven las personas en situación de discapacidad: un 30% de las personas encuestadas indican que cree que su calidad de vida no mejorará en un futuro próximo; 74% cree que no va a poder encontrar un espacio laboral mejor que el que tiene actualmente; 52% indican que con sus ingresos no le alcanza para todos los gastos que tiene, y el 33% indican que no puede pagar gastos básicos y su alimentación si no es con un crédito o con un préstamo.
“Esto es realmente preocupante, porque se evidencia que las políticas que se han implementado hasta aquí en este ámbito han sido insuficientes, no han generado los cambios que se espera para un país que avanza en materia de inclusión. Si bien tenemos hoy día una ley de inclusión laboral que establece que el 1% de los trabajadores de aquellas empresas que tienen 100 colaboradores y más deben ser personas en situación de discapacidad, estos datos nos indican que de esas personas que están trabajando creen que no pueden optar a un puesto de trabajo mejor y eso tiene que ver con la falta de ajustes razonables y con las brechas en la formación que tienen muchas personas en situación de discapacidad que no les permiten tener mejores expectativas”, sostuvo el presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Matías Poblete.
El también educador diferencial con mención en discapacidad intelectual enfatizó en que aún cuando hay personas que se encuentran trabajando necesitan vivir con un crédito o un préstamo mensualmente para poder llegar a fin de mes.
“Aquí un llamado entonces a los candidatos presidenciales a mirar los datos de esta encuesta como un ejercicio de concientización y un ejercicio de acercarse a la realidad de las personas en situación de discapacidad para que puedan presentar propuestas concretas, serias, que realmente cambien la forma que tienen de vivir hoy día estas personasen un Chile que aún excluye y segrega”. dijo quien también es académico de la Universidad Diego Portales.
Cabe explicar que ante la necesidad de contar con un diagnóstico más completo y acabado del bienestar de la población, que complemente la información entregada por la Encuesta Casen, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia aplicó la primera Encuesta de Bienestar Social (EBS) del país. Este nuevo instrumento fue diseñado por la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio a partir del año 2019 y se aplicó durante en el primer semestre de 2021, luego de un trabajo que consideró los aportes de diversos actores, tanto del sector público, como de la academia, sociedad civil y organismos internacionales.
Por su parte, la presidenta de Fundación Tacal, Andrea Zondek, lamentó que a partir de la Ley de Inclusión, se sumaron varios organismos que vieron una oportunidad de negocio.
“Claro, hubo varios que se incluyeron exitosamente, pero otro porcentaje no menor no fueron bien incluidas. Entonces llega la pandemia y hay 9.000 personas con discapacidad desvinculadas, lo que dice que muchos fueron contratados para llenar un cupo, pero no se hizo el seguimiento, una intermediación laboral seria que incluye proceso de selección y evaluación del puesto, etc…, por eso, evidentemente un grupo mayoritario no ve un camino hacia la inclusión”.
Andrea Zondek enfatizó que el problema es de base, lo que se evidencia al ver los datos de escolaridad de estas personas. que no es problema de ellas, sino de cómo se excluye.
“Una de cada dos termina octavo básico; una de cada 10 termina la media y una de cada 20 entra a la educación superior, pero un 1% la termina. Entonces falta formación, pero no es porque la persona con discapacidad no pueda, sino que sencillamente no se les han abierto las oportunidades”, lamentó.