Se busca recaudar más para mejorar el sistema de pensiones, y especialistas aprueban eliminación de beneficios, pero las que atañen al sector Construcción puede encarecer la vivienda a la clase media.
El proyecto enviado por el Gobierno sobre exenciones tributarias busca una mayor recaudación para poder destinar más recursos para mejorar el sistema de pensiones, no obstante, algunos ítems podría generar efectos adversos contra la clase media: el encarecimiento de la vivienda de hasta 2.000 UF
En régimen, sostuvo la directora de Postgrados de la USS, Karin Bravo, se debería recaudar poco más de $1.105 millones de dólares según la Dirección de Presupuesto, de los cuales US$605 corresponden a reducir transitoriamente el beneficio del crédito IVA en la construcción de viviendas hasta 2.000 UF, que actualmente es un 65%, pasando a un 32,5% en los contratos firmados a contar del 1 de enero de 2022 y eliminándolo completamente a contar del 1 de enero de 2024.
“Esta medida, si bien tiene un fuerte componente recaudatorio, genera dudas respecto al efecto en el precio de las viviendas cuyo precio ronda las 2.000 UF, afectando principalmente a la denominada clase media que es la que accede a viviendas de ese valor”.
“El precio de los activos inmobiliarios, cuando al eliminarlo o se hace algún tipo de simulación en un estudio, generaría un impacto entre el 6% y 7% en el precio final de la unidad con tope de 2.000 UF precio construcción, y ese mayor costo se traspasa al consumidor final, por eso esta eliminación de este beneficio complica aun más un tema que ya se estaba dando, en el sentido del encarecimiento de la vivienda por diversos otros factores”, advirtió el CEO de Inversión Fácil, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile, Cristián Lecaros.
Derogación de créditoo especial a la construcción es el nombre técnico de lo propuesto.
El abogado tributarista y socio fundador de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, reiteró que se trata del crédito equivalente a un 65% del IVA que las empresas constructoras pueden imputar contra impuesto a la renta, con un límite de UF225, y sólo por viviendas económicas de hasta un máximo de UF4.000.
“No soy partidario de que se derogue esta franquicia, puesto que ello puede tener incidencia en un aumento del precio de este tipo de viviendas, ya que causará un incremento de costos para las empresas constructoras. Por lo tanto, se trata de una derogación que puede resultar regresiva, ya que afectaría a las personas fundamentalmente de clase media, que acceden a la compra de viviendas de menor valor”.
Por su parte, eñl socio adjunto de Impuestos de EY, Víctor Fenner, sostuvo que, efectivamente, la medida va a afectar el precio de las viviendas económicas actualmente beneficiadas (indirectamente) por la franquicia.
“Si bien tampoco es sencillo demostrar que ésta se traduce efectivamente en un menor precio actualmente (como si fuera finalmente un subsidio al comprador), y que es lo que hace que el beneficio sea puesto en duda, pretender que las empresas constructoras absorban la totalidad del mayor costo (como sugiere el Mensaje del proyecto de ley) no parece ser plausible. Al mismo tiempo, muchos se están preguntando por qué otros beneficios, que parecen ser susceptibles de objeciones más contundentes, no fueron tocados por el proyecto (concretamente, la situación del impuesto al diésel de los transportistas y la renta presunta”.