De acuerdo a lo información entregada por la Asociación de Canalistas del Laja (ACL) mediante un comunicado, en una resolución, notificada a la asociación, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas (DGA), habría respaldado la posición de la ACL y acogida la denuncia presentada en contra de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACCZ), que acusó que esta entidad, durante un extenso periodo de tiempo y comprobadamente, habría extraído aguas por sobre los 22,61 m3/s que le corresponden legalmente.
En la resolución de la DGA se ordena la inmediata paralización de la extracción ilegal de aguas y se aplica a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu la máxima multa a beneficio fiscal contemplada en el Código de Aguas, equivalentes a 500 UTM. Se determinó que la extracción al margen de la ley se realizó, al menos, entre 2003 y 2020, ambos años inclusive.
Al mismo tiempo, la DGA determinó remitir los antecedentes de la investigación realizada al Ministerio Público, a fin de que se investigue el eventual delito de usurpación de aguas.
El presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, Patricio Guzmán, calificó esta resolución como “histórica”, agregando que “durante muchos años hemos trabajado para que se haga justicia y hoy lo hemos logrado, gracias al incansable y perseverante esfuerzo realizado por nuestra Asociación y sus equipos técnicos. Para los agricultores y regantes del Biobío, esta resolución por fin traerá esperanza y estabilidad de riego a una zona que en el último tiempo ha presentado restricciones severas respecto del recurso hídrico”.
Patricio Guzmán agradeció al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, “por haber tomado en sus manos la solución de este antiguo conflicto, escuchando a las partes y entregando las orientaciones necesarias a las DGA para que se reestableciera el imperio de la ley”.
Finalmente, la Asociación de Canalistas del Laja aseguró que seguirá atentamente el proceso de implementación y cumplimiento de esta resolución, para que ella no sea letra muerta y se lleve a la práctica definitivamente, destacando de paso los beneficios que ella conlleva para la agricultura, el turismo y el desarrollo de la región del Biobío.