“Mis representados están felices y satisfechos, porque en octubre, todos los ejecutivos de la Enap van a ser formalizados por un delito mucho más grave por decisión de la fiscal regional, Marcela Cartagena“, afirmó el abogado a cargo, Remberto Valdés, sobre la acción que tendrá en el Juzgado de Garantía de Talcahuano.
El letrado recordó se “envenenó el ambiente en el mes de agosto de 2018 tanto en la Bahía del Biobío como en Quintero-Puchuncaví, hecho que colapsó los centros de atención de salud y significó que más de 1.400 víctimas de la contaminación se querellarán contra la Enap y sus ejecutivos por haber sido perjudicados”.
Se agregó que “el nuevo delito que se agrega al del artículo 291 del código penal por el cual fueron formalizados el 2018 es el artículo 44 de la ley 20.920 que señala responsabilidad penal por tráfico de residuos peligrosos”.
Y se subrayó: “El que exporte, importe o maneje residuos peligrosos, prohibidos o sin contar con las autorizaciones para ello será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Si además la actividad ha generado algún tipo de impacto ambiental se aplicará la pena aumentada en un grado”.
En tanto, Cristián Muga, abogado defensor de los sindicados, indicó sobre esta nueva instancia que “se trata de una facultad exclusiva del Ministerio Público, el cual durante el tiempo que la investigación puede modificar la calificación jurídica”.
Añadió que ” lo relevante para nosotros es señalar claramente que esta solicitud de reformalización no agrava la situación procesal existente”.
Finalizó diciendo: “Mantenemos nuestras declaraciones en el sentido que los trabajadores y ejecutivos de Enap formalizados en esta investigación no tienen responsabilidad en los eventos de contaminación que se han investigado y que son absolutamente inocentes de los cargos que se formulan”.