El desvío de los cursos de agua, la contaminación de las napas subterráneas, la desertificación y la escasez hídrica, especialmente la falta de disponibilidad de agua para el consumo humano, son problemas que afectan a miles de chilenos.
La reiteración de actos de usurpación o desvío de aguas y la afectación comunidades rurales ha generado la necesidad de establecer esta conducta como un delito, a través de la modificación del Código Penal.
El diputado Gastón Saavedra Chandía, explicó que se trata de un proyecto de ley que apunta a convertir este tipo de conductas en delitos y no solo en faltas.
El parlamentario agregó que el modelo centrado en el mercado para la administración de recursos, no contribuye a superar la desigualdad. Y argumentó: ¨El problema crítico que tiene el modelo hídrico chileno es la falta de capacidad institucional para su gestión y administración. Esta tiene que ser integrada, debe considerar, por tanto, los recursos que existen en el país y debe considerar factores ambientales¨.
Saavedra expuso: ¨En Chile de las 345 comunas, el 55 % de ellas no tienen agua o tienen amenazado el reparto de agua para el consumo humano. Chile gasta, por lo tanto, más de $250 mil millones anuales para dar cobertura, a través de camiones aljibe con el vital elemento para la vida de las personas¨. Y señaló que esta situación no debe mantenerse.
La contaminación y el desvío de cauces de ríos es otro de los problemas que denunció el diputado Gastón Saavedra. ¨El desvío de los cauces de los ríos, como ocurre en la comuna de San Rosendo por parte de Alberto Matthei, dueño de una industria de quesos¨, dijo.
Y lamentó que hoy solo se cursan multas: ¨La institucionalidad funciona y él paga la multa, pero al final del día, lo que se tiene es el pago para poder seguir cometiendo abusos y el desvío de los cauces, provocando problemas irreparables en el ecosistema y, sobre todo, en la vida de las personas que están en el entorno¨.
Explicó que el proyecto de ley que se tramita introduce ¨mejoras sustantivas y hace posible que el poder local, es decir, los municipios que son la parte más cercana del poder con la ciudadanía, se hagan parte de presentaciones ante los tribunales para sancionar y zanjar esta situación¨.
¨Pero no basta con eso, porque no basta con multar, con reprender, con encarcelar, no basta con eso. Tenemos que darnos, por lo tanto, un modelo de administración y gestión de aguas en términos integrales para darle gobernabilidad y tener políticas públicas claras y nítidas donde el centro sea la vida de las personas y, por, sobre todo, además, comprometernos con enfrentar todo lo que son: El cambio climático¨, insistió.
Finalizó diciendo: ¨La decisión es defender los recursos que tenemos, en lo particular, el agua y, en segundo lugar, su distribución, en donde la centralidad debe ser la vida de las personas, para que entonces éstas puedan tener seguridad también respecto del uso del agua¨