La discusión política legislativa se centra hoy en usar ahorros previsionales o de cesantía, lo que da paso a la premisa de que las consecuencias de la crisis sanitaria la están sustentando los trabajadores. Gobierno defiende lo realizado y asegura que ayuda estatal canalizada va en aumento.
A 13 meses de la llegada del coronavirus a Chile, la discusión política-legislativa se concentra en fórmulas que permitan enfrentar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Prueba de ello es el actual y encendido debate en torno al tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales.
Sería el tercero desde que llegó la pandemia, lo que inevitablemente lleva a la pregunta sobre quién está pagando, realmente, el costo de la pandemia.
La economista Andrea Repetto, ya explicaba tras el primer retiro: “El Estado ha puesto aproximadamente US$ 4 mil millones entre el Bono Covid, el IFE y el apoyo a la clase media con transferencias. Y si una mira cuánto pusieron las familias de sus ahorros, incluyendo el 10% y lo que han retirado de sus cuentas del seguro de cesantía, suman entre US$ 14 a 15 mil millones”.
Hoy, a 13 meses de la llegada de la pandemia, el Estado ya ha transferido US$ 6.170 millones a familias chilenas, informó a este medio el seremi de Hacienda, José Manuel Rebolledo, “lo que se suma a los US$ 30.000 millones que se han movilizado para enfrentar la crisis”, apuntó.
En el caso de Biobío, a través de medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia, el Bono Clase Media y el Ingreso Mínimo Garantizado, se ha entregado apoyo directo a las familias de la región por más de $508.000 millones, lo que corresponde a $326.445 por persona, en promedio, informó Rebolledo.
En paralelo, la Superintendencia de Pensiones informó que, desde septiembre de 2020 a abril 2021, se han aprobado 1 millón 433 solicitudes asociadas al seguro de cesantía (107.000 Biobío). Suman 453.486 mil los beneficiarios con un monto de pago promedio de $322.332.
Cifras que dan cuenta de los aportes financieros de distinto origen que se han utilizado para enfrentar los efectos económicos de la crisis sanitaria.
Y en este contexto, el Fondo Monetario Internacional fue claro en su recomendación para Chile: “no es necesario un tercer retiro ni uso de fondos de cesantía, ya que, si se requieren más ayudas, existe el espacio fiscal. No se debe seguir empeorando la situación estructural de las pensiones y ayuda debe ser más focalizada”, apuntó como desafío el organismo.
Para el economista de la Universidad de Concepción, Claudio Parés, separar el costo que soportan las personas del que soporta el Estado es algo artificial en la medida que el Estado somos todos, planteó.
“Si el Estado se hace cargo de un problema, en realidad, nos estamos haciendo cargo entre todos. Entonces, más allá de que estén siendo los más pobres quienes más sufren con la crisis, es importante entender que la parte que cubre el Estado depende de quiénes y cómo financian al Estado”.
Parés destacó que aquí es donde es importante el efecto redistributivo que tienen los impuestos, dado que el 50% de la recaudación fiscal proviene del IVA y que el impacto del impuesto a la renta tiene un efecto mínimo en corregir las desigualdades, estimó.
“Al final del día, cuando el Estado se hace cargo de la crisis somos todos, en partes similares, los que soportamos el costo. Si sumamos que los más ricos aumentaron su riqueza en un 73% y que la mayor parte de los recursos ha venido de nuestros propios ahorros, no es difícil identificar quiénes han soportado el costo financiero de la crisis. Y eso no considera los costos reales de vidas perdidas, de escolaridad retrasada, de hambre soportada… eso tampoco parece estar distribuido de manera muy justa”, expresó Parés.
Desde la oposición han tildado de avaro al Gobierno mientras otros sectores hablan de cautela.
Para el economista de la Universidad de Concepción, Víctor Hernández, el Gobierno ha hecho bien en dosificar la ayuda, siendo necesaria, eso sí, una mejor focalización.
“Ante una crisis inédita y extensa, con el alto grado de incertidumbre que genera, creo que lo prudente es ser cautelosos en la entrega de recursos. De hecho, las propias empresas y personas también están en esa sintonía. Estudios hablan que un 60% de las personas que han retirado sus fondos de AFP lo han destinado al ahorro, un 20% a pagar deudas y un 15% a consumo, lo que indica, igualmente, de cautela ante la incertidumbre que genera la pandemia y sus restricciones”, sostuvo Hernández.
El economista destacó que no se debe caer en populismos. Ya existen 3 millones de trabajadores sin fondos previsionales y si prospera este tercer retiro, sumarán 5 millones.
“El Gobierno sí debe ajustar más el foco de la ayuda y hacer aportes más directos”, planteó Hernández.
“Desde algunos sectores han intentado instalar que la ayuda que ha proporcionado el Gobierno es escasa, no obstante, se debe considerar las medidas vigentes y fortalecidas a la fecha que permiten entregar un Ingreso Familiar de Emergencia y Bono Covid desde enero 2021 y que este mes de abril llegará a más de 10 millones de personas; además del Bono de Clase media a entregarse a fines de abril de cerca de $500 mil por persona con ingresos entre salario mínimo y $2 millones de pesos, extensible a $750 mil en caso de cargas familiares; y la opción de hasta tres préstamos solidarios para mismas familias que hayan tenido al menos un 10% de reducción de sus ingresos por la pandemia”, manifestó el seremi de Hacienda, José Manuel Rebolledo.
En definitiva, dijo la autoridad, se han movilizado tantos recursos en estos tres meses como los movilizados en todo 2020 en ayudas sociales, lo que es prueba clara de que el Gobierno ha fortalecido los aportes, y estos siguen vigentes”.
El director de Ingeniería Comercial y Programas Advance FEN de la Universidad San Sebastián, Luis Felipe Slier, dijo que cabe preguntarse ¿qué sucederá con los más de 4 millones de trabajadores que se quedarán sin fondos de pensiones? O ¿qué pasará con las personas de clase media que no clasifican para optar al pilar solidario y que han visto disminuidos notablemente sus ahorros?. “Los retiros, que se podrían ver como una opción inevitable tomando en cuenta la actual situación, comprometen seriamente el crecimiento y la inversión en el país considerando la merma en los ahorros.
Además, afectarán a los futuros pensionados que tendrán escasos fondos a los que recurrir cuando empiecen su merecida etapa de descanso. Como es evidente, la cuenta por los actuales retiros la deberán pagar el Estado y las familias en algunos años más. Es bueno preguntarse quién paga el costo de esta pandemia, parece que paga Moya… no olvidar que nada es gratis”.
Slier agregó que “nunca retirar fondos destinados para las pensiones será una buena medida, y no es una buena política pública. Lamentablemente, estamos en un periodo eleccionario y, por supuesto, que es una herramienta que a distintos actores políticos les entrega dividendos”.