Luis Lozano, presidente de la “Gran Asociación de la Vega Monumental”, aseguró que el conflicto interno no es nuevo.
“Tiene 40 años”, precisó, pero que, tras intentos de lograr mejoras por parte de la nueva administración, el peso del tiempo hizo que la fricción se hiciera más evidente y, por ende, pública.
Es que el anuncio del cierre temporal de la Vega Monumental por limpieza desde el jueves hasta el domingo causó impacto en la ciudadanía.
Son miles de familias y comerciantes que acuden al patio para abastecerse de frutas y verduras, entre otros productos.
Sus precios mayoristas y minoristas brindan excelentes alternativas, en momentos que la crisis económica por la pandemia hace resentir los bolsillos.
Pero Lozano explicó que el aseo era necesario. Reveló que la decisión no fue un capricho.
La lista de razones sigue: “hay postes quebrados”, “calles internas llenas de hoyos” y “basura que a veces no se saca en dos días”.
Por otro lado, la calificó como la más cara de Chile para efectos de funcionamiento.
“Un camión paga $90 mil como peaje para entrar a dejar la mercadería”, detalló.
A eso se deben sumar los arriendos, porque ser hoy un locatario, dependiendo del tamaño, supera el millón.
De ahí que a juicio de los comerciantes no hay una sincronía con el servicio. “En cualquier parte un local que no tiene baño jamás le van a dar un permiso para vender fruta”, sentenció Lozano.
Además, aseguró que “la luz” se paga demasiadas veces. “En gastos comunes y consumo interno”.
Es por ello que les gustaría tener detallado lo que se consume de energía eléctrica y agua.
El gobernador de la Provincia de Concepción, Julio Anativia, explicó que están preocupados, pero que se trata de “un problema entre privados”.
Ante esto Lozano respondió que de alguna forma deja de ser privado cuando envían a efectivos policiales o personal de inspección por la pandemia para ver que esté todo en orden.
También que, si bien es válido preocuparse del abastecimiento, deberían de centrar también el foco en todos los inconvenientes ya enumerados.
Es por eso que esperan un rol más activo del Gobierno, porque se trata de un escenario que “afecta a trabajadores”, que tienen derechos.