Mientras unos ponen la atención en la necesidad de acuerdos, otros reconocen la urgencia de mejorar las pensiones, pero tomándose el tiempo que corresponda. La CUT propone defender el derecho de los trabajadores a su merecido “júbilo”.
Gremios regionales se muestran divididos frente a la propuesta de retiro del 10% de las AFP. Mientras unos centran su atención en la necesidad de acuerdos y no marginar las visiones técnicas, otros reconocen la urgencia de mejorar las pensiones, pero tomándose el tiempo que corresponda y también poniendo al centro a los trabajadores y su merecido “júbilo”.
Carolina Parada, gerenta general de Irade (Instituto Regional de Administración de Empresas), sostiene que “no me gustaría poner el acento en la medida del 10% donde pueden existir una gran diversidad de opiniones. Sin embargo, lo más preocupante y lo que hemos conversado ampliamente en Irade es la polarización del debate legislativo que además ha dejado fuera el conocimiento técnico.”
Parlamentar y avanzar
Para apunta también a que es particularmente relevante lograr acuerdos y poner énfasis en los puntos de encuentro. “No creo que las voces expertas sean las únicas a considerar, pero aquí quedaron absolutamente marginadas. En definitiva, echamos de menos la voluntad de parlamentar que es justo lo que necesita el país por el nivel de complejidad de los problemas actuales. Hoy es urgente que pongamos de acuerdo y ahí debería estar el acento de la discusión parlamentaria”.
Ronald Ruf, gerente general de CPC Bío Bío hace hincapié en que “a pesar que no sabemos cómo va a terminar finalmente aprobado este proyecto, sí sabemos que somos casi 11 millones quienes estamos afiliados al sistema de pensiones, de los cuales 5,5 millones tiene $ 4 millones o menos en su fondo, donde la postura es retirar mínimo $ 1 millón y máximo $4 millones, considerando que aproximadamente un tercio sacaría el total de sus ahorros entonces la pregunta es qué ocurrirá con quienes retiren el total de sus ahorros o que puedan retirar el 90% de sus ahorros, qué pasará con sus jubilaciones, ¿quién pondrá el dinero para la pensión de éstas personas, el Estado?”.
De acuerdo con Ruf, otro aspecto importante es que el sistema de pensiones debe ser mejorado con urgencia, pero con prudencia. “La verdad es que el sistema de pensiones puede ser mejorado sustancialmente, revisemos cómo se están administrando nuestros fondos, cómo mejorar nuestra capacidad de ahorro y cómo de verdad el sistema me puede traspasar las verdaderas utilidades que tenga, pero para eso hay que tomarse el tiempo que corresponde”, enfatiza el gerente general de CPC Bío Bío.
Desde la CUT Provincial, Eloy Silva, presidente de la entidad, plantea que “la seguridad social y la protección de las personas (trabajadores) no pueden ser objetos de lucro, ni menos regularse por las leyes del mercado. Para nuestra organización CUT la seguridad social implica respetar los principios: universabilidad; suficiencia; equidad de género y solidaridad”.
En este sentido agrega que “el interés de los trabajadores y trabajadoras es obtener en “júbilo”, una pensión digna, justa y necesaria para vivir sin sobresaltos o deudas por doquier. El de la AFP como el de todas las sociedades anónimas es maximizar la rentabilidad y enriquecer aún más a sus accionistas.
Son, por lo tanto, intereses totalmente contrapuestos”, resalta el dirigente.
También apunta a que “se trata con la ayuda de todos, Estado, empresarios y trabajadores de fundar un “nuevo contrato social” donde el Estado debe asumir de manera ineludible nuevas responsabilidades y desafíos donde se garantice los mejores niveles de protección social (seguridad social) a las grandes mayorías de ciudadanos”.
Ariel Yévenes, economista del Centro de Estudios Corbiobío, señala que “en principio, atendiendo a la emergencia, la medida emerge como una alternativa para mitigar la pérdida de ingresos que están sufriendo las familias en el contexto de la emergencia. Sin embargo, los efectos que tenga en esta dirección estarán por cierto sujetos a lo que actualmente tenga ahorrado cada persona y sus correspondientes efectos proyectados sobre una pensión futura”.
A la vez plantea que “lo importante es visualizar la aplicación práctica de cada medida en cada caso, mirando también los efectos diferenciados que a escala territorial pueden tener, sugiriéndose también entonces observar aquello desde la lógica de la descentralización”.