La crisis sanitaria y económica están colocando a prueba al país. La más difícil de los últimos 35 años, de acuerdo al Banco Central, ya que se estima que este 2020 la contracción podría llegar a una 7,5%.
En medio de este escenario, son cientos de miles de chilenos que perdieron sus empleos o que sus contratos fueron suspendidos mediante la Ley de Protección al Empleo.
Es por ello que la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, filial Provincial de Concepción, pidió que los “súper ricos” del país y de la Región del Bío Bío, puedan pagar más impuestos, como un gesto de ayuda a la sociedad.
“Uno de los planteamientos la CUT, en el Segundo Plan Nacional de Emergencia ante el Coronavirus, es que se implemente un impuesto permanente a los súper ricos, por un 2,5% del total de su patrimonio a 5.840 personas que entran en esa categoría en el país”, explicó el presidente provincial, Eloy Silva.
Añadió que lógicamente “todo esto debe debatirse y convertirse en ley o ser decretado por el Presidente de la República y siempre en clave de urgente, porque así lo requiere esta crisis”.
Silva añadió que de aplicarse un impuesto de 2,5% se recaudarían al menos US$ 6.400 millones adicionales para el Estado. En moneda nacional vendrían siendo un monto cercano a los $ 48 mil millones.
Cabe recordar que hace unas semanas ingresó al Parlamento un proyecto de ley patrocinado por la diputada Karol Cariola, sumando apoyo de otros como Matías Walker (DC), Alexis Sepúlveda (PR), Manuel Monsalve (PS), Andrea Parra (PPD) y Gael Yeomans (Convergencia Social).
Desde el mundo empresarial, la propuesta tiene reparos. “En el contexto actual, discutir medidas aisladas o parciales sólo introduce más incertidumbre a un entorno económico suficientemente castigado por la crisis sanitaria que estamos viviendo”, opinó la gerenta general de Irade, Carolina Parada.
Añadió que ” el punto central es que debemos mejorar la calidad de la discusión legislativa. Lamentablemente, hoy la relación entre el sector privado y el Parlamento está demonizada y eso le hace mucho daño a la política pública, por que el legislador debe conocer y entender la realidad de lo que e legisla y eso se logra dialogando”.