El abogado ambientalista, Pablo Rivas, informó que de momento el mega proyecto no se puede ejecutar, hasta que la justicia lo resuelva.
Fue a fines de agosto del año pasado cuando se aprobó el millonario proyecto GNL Penco, más conocido como Octopus.
A meses de su aprobación, la inversión de US$ 165 millones aún no se ejecuta y aunque la firma quisiera, no podría ya que se encuentra paralizada por orden de Tribunales.
De hecho , actualmente, hay tres aristas judiciales por parte de comunidades mapuche Koñintu Lafken Mapu, de Penco, y Peumayen, de Tomé.
Igualmente, por las observaciones formuladas desde la ciudadanía de estas comunas señaladas, más otras de Talcahuano, Concepción y Bulnes.
El listado de actores sociales lo componen la Coordinadora Territorial de Tomé; la Coordinadora Chorera de Talcahuano; la Coordinarora Penco-Lirquén; la Unión Comunal de Tomé; el Comité Bulnes Sin Termoeléctricas; el Sindicato de Trabajadoras Independientes, Pescadoras y Recolectoras de Algas de la Caleta Coliumo; Fenats y el Consejo Comunal por el Patrimonio de Tomé.
De acuerdo al abogado que participa en parte de estos importantes trámites, Pablo Rivas, se trata de una arremetida que busca la detención de obras definitivas.
Para entender las arremetidas en curso, estas son las tres fechas claves que el asesor legal resumió.
“Koñintu Lafken Mapu interpuso un recurso de Protección contra el SEA Bío Bío (Servicio de Evaluación Ambiental) por la aprobación ilegal del proyecto GNL Penco- Lirquén. Los motivos serían que “el Estado omitió realizar una Consulta Indígena Extraordinaria tras las modificaciones al trazado del gaseoducto, lo que en el Artículo 92 del Reglamento del Seia sí dispone, incurriendo el SEA en una omisión de su deber legal de consultar a la agrupación lavkenche”, explicó el abogado ambientalista.
Tras lo anterior, “la Corte de Apelaciones de Concepción emite orden de innovar y suspende la RCA (Resolución de Calificación Ambiental) del proyecto. Es decir, el permiso ambiental para construir estaría suspendido mientras se tramita la causa”, indicó.
Se realiza aquí la Prestación de Reclamaciones al Comité de Ministros Medioambiental contra la aprobación del proyecto GNL y SEA Bío Bío. “Se trata del recurso legal más importante en el Derecho Ambiental chileno”, precisó Rivas.
“Adicionalmente, el 21 de enero la Asociación Mapuche Peumayen, de la comuna de Tomé, interpuso un recurso de Invalidación Administrativa contra la aprobación del proyecto, pues el SEA Bío Bío ha omitido realizarles la Consulta Indígena del Convenio 169 OIT, por lo que se pretende igualmente otra anulación por omisiones de deberes del estado para con los pueblos originarios”, señaló el jurista.
Las acciones son patrocinadas por la ONG Defensa Ambiental a través del abogado Francisco Astorga (relacionado con la orden de no innovar).
Igualmente, por el Centro de Estudios y Defensa Territorial La Frontera-Wiril Mapu, con los abogados Carolina Rebolledo y Pablo Rivas, quienes representan a organizaciones de Tomé y Talcahuano.
De acuerdo a la compañía, la terminal GNL Penco considera la construcción y operación de un terminal marítimo de Gas Natural Licuado (GNL), el cual se pretende conectar con el Gasoducto del Pacífico.
“La conexión desde la plataforma se realizará con sendos tramos de gasoducto submarino y subterráneo”, han explicado a la comunidad.
También, han resaltado que frente a las costas de Penco, se “tendrá capacidad para atracar dos naves, una de ellas del tipo Fsru (sigla en inglés que significa “Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación”), la que estará permanentemente, y una de transporte o carrier, que abastecerá de gas natural licuado”.
Fue así como en el segundo semestre del año pasado, en pleno debate por su aprobación o rechazo, los Consejeros Regionales hicieron una votación no vinculante, en donde manifestaron su negativa a la inversión.
Sin embargo, la Comisión de Evaluación Ambiental, finalmente, aprobó la iniciativa de manera unánime, sin la presencia del intendente Sergio Giacaman, situación que fue cuestionada.
Rivas y los otros abogados patrocinantes esperan que la justicia esté en favor de las demandas socioambientales.