Ciudad

Llaman a tomar conciencia de la gravedad de las amenazas en contexto escolar

El caso de un apoderado que amenazó a una comunidad educativa en Talcahuano reabrió la discusión sobre la gravedad de estas conductas.

Por: Cecilia Bastías 17 de Noviembre 2026
Fotografía: Cedida
Lo que debes saber

• La Superintendencia de Educación registró 40 denuncias por maltrato de apoderados a integrantes de comunidades educativas en lo que va de 2026, frente a 121 en 2025 y 70 en 2024.

• La PDI advirtió que toda amenaza en contexto escolar debe investigarse con seriedad, incluso si se presenta como una broma, debido al riesgo que puede representar para estudiantes y funcionarios.

• El Colegio de Profesores calificó como extremadamente grave la amenaza de un apoderado en Talcahuano y pidió perseguir judicialmente al responsable.

Te invitamos a leer la nota completa más abajo para conocer los detalles.

 

El fin de año puede hacer que el ambiente educativo se torne más estresante de lo habitual. Sin embargo, lo ocurrido la semana pasada en Talcahuano, donde un apoderado amenazó a una comunidad educativa completa, evidenció la gravedad que pueden alcanzar estos conflictos.

Al respecto, autoridades policiales y la Superintendencia de Educación abordaron los límites de la convivencia escolar y las acciones que deben adoptarse frente a este tipo de situaciones.

En este caso, se trató de maltrato de padres o apoderados a integrantes de la comunidad educativa, una categoría contemplada en las denuncias publicadas en el sitio oficial de la Superintendencia de Educación. En lo que va de 2026 se han registrado 40 casos; en 2025 hubo 121 y en 2024 se contabilizaron 70. Las cifras muestran un aumento respecto de 2024, aunque se requiere conocer los datos finales de este año para establecer una tendencia.

En cuanto a las denuncias relacionadas con la aplicación de Aula Segura y, por consiguiente, con medidas disciplinarias que impiden participar en ceremonias de graduación, las cifras son las siguientes: en lo que va de 2026 se registran 14 casos, mientras que en 2025 fueron 63 y en 2024 se contabilizaron 51.

“Las ceremonias de licenciatura no constituyen actividades pedagógicas obligatorias”, aclararon desde la Superintendencia de Educación (Supereduc) del Biobío, mediante un comunicado del nivel central. Por ello, cualquier restricción de participación aplicada como medida disciplinaria debe estar expresamente contemplada en el Reglamento Interno del establecimiento y respetar los derechos de los estudiantes, indicaron desde la entidad fiscalizadora.

“En caso de la suspensión de una ceremonia por razones de seguridad (…) las decisiones deben estar debidamente fundamentadas y orientadas a proteger a la comunidad educativa”, señalaron desde la Supereduc. Agregaron que estas medidas no pueden afectar la promoción escolar ni la entrega de la Licencia de Educación Media.

En cuanto a la seguridad de las comunidades educativas, la Superintendencia sostuvo que constituye una prioridad. “Frente a amenazas o situaciones que pongan en riesgo la integridad de sus integrantes, los establecimientos deben activar oportunamente sus protocolos de seguridad y adoptar las medidas necesarias para proteger a estudiantes, docentes y asistentes de la educación”, precisaron.

En ese sentido, la gravedad de las amenazas registradas en Talcahuano motivó la adopción de medidas para resguardar a las personas, entre ellas la suspensión de la ceremonia de licenciatura.

El comisario Carlos Domínguez, de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Concepción, explicó que “las amenazas en contextos escolares representan un desafío investigativo particular”, debido a que involucran a comunidades integradas mayoritariamente por niños, niñas y adolescentes, por lo que cualquier situación de riesgo puede generar preocupación.

“Es importante señalar que toda amenaza debe ser evaluada con seriedad, independientemente de que posteriormente se establezca que fue realizada como una broma, ya que la investigación debe permitir determinar si existe un riesgo concreto para las personas y adoptar oportunamente las medidas que correspondan”, sostuvo el comisario.

“Cuando una investigación involucra a niños, niñas o adolescentes, la actuación policial debe desarrollarse bajo criterios especiales de protección, resguardando en todo momento sus derechos, su integridad física y psicológica, así como la confidencialidad de su identidad”, agregó Domínguez.

En esa línea, el oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) recalcó que “el principal llamado es a comprender que las amenazas de violencia en establecimientos educacionales no pueden ser consideradas situaciones menores ni utilizarse como una forma de juego o broma”.

Esto es especialmente relevante cuando las amenazas hacen referencia al uso de armas o a posibles ataques contra estudiantes, profesores u otros integrantes de la comunidad educativa.

“Este tipo de conductas genera temor, altera el funcionamiento de los establecimientos y puede dar origen a investigaciones policiales destinadas a establecer responsabilidades”, indicó.

En este contexto, el comisario llamó a informar oportunamente cualquier situación que pueda representar un riesgo para la seguridad de la comunidad educativa, evitando minimizar los hechos o difundir antecedentes que no hayan sido verificados.

Colegio de Profesores

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que las amenazas han ido en aumento. “Por parte de estudiantes algunas veces, pero también muy en aumento amenazas por parte de apoderados y agresiones directamente por parte de apoderados”, afirmó.

Respecto de lo ocurrido en el Liceo A-21 de Talcahuano, sostuvo que “nos parece un caso extremadamente grave, porque la amenaza es de afectar ya directamente a toda una comunidad con un acto tan brutal como tirar un camión encima, obviamente, ahí hay claramente un delito”.

Aguilar manifestó que espera que el sostenedor adopte las medidas correspondientes y persiga judicialmente a la persona que realizó las amenazas.

“Estas situaciones cuando quedan impunes son doblemente graves (…) porque son una señal muy negativa para esas propias comunidades escolares, de alguna manera es un incentivo a realizar este tipo de acciones y prácticamente no tener consecuencias”, concluyó.

Etiquetas

Notas Relacionadas