Pese a la disminución de $28 mil millones presentada en el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, la Seremi de Salud Biobío remarcó que las prestaciones vigentes deben otorgarse por ley, aunque sin detallar cómo se financiará el déficit.
Lo que debes saber
• El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción real de $28.208 millones para la Ley Ricarte Soto, equivalente a una caída aproximada del 14,5% respecto de los recursos de 2026.
• La Seremi de Salud del Biobío sostuvo que las garantías legales de los pacientes deben mantenerse, mientras una beneficiaria advierte que no podría costear su tratamiento sin cobertura.
• El Minsal atribuyó el ajuste a aspectos técnicos, pero reconoció dificultades de financiamiento que impiden incorporar nuevas patologías mientras no se modifique el mecanismo actual.
Te invitamos a leer la nota completa más abajo para conocer los detalles.
De acuerdo con la Biblioteca del Congreso Nacional, la Ley Ricarte Soto (Ley N° 20.850) establece un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, destinado a personas con enfermedades o condiciones específicas que cumplen los criterios de acceso definidos.
La cobertura permite financiar prestaciones que, por su elevado precio, pueden representar una carga económica difícil de asumir para los pacientes y sus familias.
Claudia Gajardo tiene 57 años y lleva cerca de 15 viviendo con artritis psoriásica, una enfermedad que afecta su piel y sus articulaciones.
Desde hace un año y medio recibe cobertura de la Ley Ricarte Soto para acceder a un tratamiento que le permite desenvolverse con mayor autonomía. Sin embargo, la reducción presupuestaria contemplada para el programa en 2027 le genera incertidumbre sobre su futuro.
Antes de acceder al tratamiento actual, los medicamentos que recibía habían dejado de hacer efecto. El dolor le dificultaba levantarse, sentarse e incluso caminar, por lo que su traumatóloga gestionó su postulación al programa. El proceso demoró cerca de un 12 meses. “Ya no me podía parar ni sentar, ya estaba incluso dejando de caminar”, recordó.
Actualmente, debe acudir mensualmente para que le administren el medicamento. Su hija la acompaña y se encarga de retirar el tratamiento, debido a las dificultades que implica realizar personalmente el trámite.
Claudia cuenta que el medicamento cuesta más de un millón de pesos mensuales sin la cobertura, una suma que, aseguró, no podría asumir con sus propios ingresos, ya que dejó de trabajar después de someterse a distintas operaciones.
Su preocupación se enmarca en la discusión del proyecto de Presupuesto 2027, que contempla una reducción de recursos para el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, conocido como Ley Ricarte Soto.
Según los antecedentes entregados por los diputados del Partido de la Gente (PDG) Fabián Ossandón y Roberto Arroyo, el proyecto considera una asignación de $166 mil 951 millones para 2027, frente a los $189 mil 696 millones nominales asignados en 2026.
La diferencia entre ambos montos corresponde a una disminución nominal de $22 mil 745 millones. Sin embargo, al expresar la asignación de 2026 en pesos comparables de 2027 —equivalente a cerca de $195 mil 159 millones—, la reducción alcanza los $28 mil 208 millones, lo que representa una caída real aproximada de 14,5%.
En ese marco, los parlamentarios anunciaron que solicitarán explicaciones al Gobierno durante la discusión presupuestaria, con el objetivo de conocer los fundamentos técnicos del ajuste y obtener garantías para quienes reciben actualmente las prestaciones, además de quienes puedan requerirlas durante el próximo año.
“Vamos a pedir también el compromiso para que el año 2027 ningún paciente quede sin su cobertura y, de igual manera, vamos a pedir que se nos garantice que los nuevos pacientes puedan ser atendidos”, sostuvo Ossandón.
Por su parte, Arroyo, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, advirtió sobre las consecuencias económicas que enfrentan los hogares cuando una enfermedad requiere tratamientos de alto costo.
“Cualquier reducción que pueda tener esta ley, obviamente va a afectar a las personas, personas que en su familia se empobrecen porque la mayoría se transforman en cuidadores de los propios enfermos”, afirmó.
Desde la Seremi de Salud de Biobío recordaron que la Ley N.º 20.850 establece garantías de acceso y protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, de acuerdo con los requisitos y plazos establecidos en la normativa.
La autoridad precisó que la Ley de Presupuestos determina la asignación anual de recursos para el funcionamiento del Estado, pero que una modificación presupuestaria no deja sin efecto, por sí sola, los derechos y garantías contemplados en la Ley Ricarte Soto.
“Mientras la normativa se encuentre vigente, las instituciones responsables deben otorgar las prestaciones garantizadas conforme a los requisitos, condiciones y plazos establecidos”, señalaron en la Seremi.
Respecto de las medidas para evitar interrupciones en los tratamientos, la institución indicó que la gestión y entrega de las prestaciones corresponde a los organismos responsables de implementar la ley, particularmente a los Servicios de Salud.
En ese marco, la Secretaría Regional Ministerial afirmó que contribuye a la coordinación interinstitucional, el seguimiento y la fiscalización dentro de sus competencias.
También informó que existe coordinación con el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), los Servicios de Salud y la Superintendencia de Salud para identificar y hacer seguimiento a situaciones que requieran una respuesta institucional.
No obstante, desde la Seremi de Salud no detallaron cómo se financiará el gasto asociado a las prestaciones ante la disminución presupuestaria, ni entregaron una evaluación específica sobre eventuales efectos en los tiempos de espera o en la operación del programa.
Por su parte, la ministra de Salud, May Chomali, sostuvo que la disminución presupuestaria responde a aspectos técnicos y que las prestaciones actualmente garantizadas deben financiarse conforme a la ley.
Sin embargo, también reconoció dificultades de sustentabilidad y señaló que no es posible incorporar nuevas patologías mientras no se modifique el mecanismo de financiamiento.