Representantes de Colmevet Biobío, la academia y agrupaciones animalistas valoraron los avances en el bienestar animal, pero exigieron más recursos estatales y sanciones efectivas.
• Las normas de protección animal han ampliado las obligaciones de tenencia, trazabilidad y prevención del maltrato, pero especialistas advierten brechas en su aplicación.
• Desde el ámbito veterinario y académico plantean reforzar la capacidad fiscalizadora, ampliar la protección hacia otras especies y fortalecer medidas como la esterilización y educación.
• Agrupaciones animalistas sostienen que el desafío está en traducir las disposiciones vigentes en controles efectivos y sanciones que tengan consecuencias concretas.
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El Día Mundial de los Animales, conmemora la necesidad de compartir el planeta respetuosamente con ellos. En este contexto, Diario Concepción conversó con representantes del ámbito veterinario y de organizaciones animalistas. Que valoraron los cambios legales en Chile, pero plantearon la necesidad de fortalecer su cumplimiento. Además de ampliar la protección a otras especies. Junto con mejorar la fiscalización, educación y esterilización.
Chile ha registrado avances en materia de protección animal durante los últimos años, con leyes que establecen obligaciones para sus responsables y sancionan conductas como el abandono y el maltrato. Sin embargo, especialistas y representantes de organizaciones animalistas advirtieron que aún quedan importantes desafíos.
María Ignacia Bueno, representante de Colmevet en la Región del Biobío, destacó que el país cuenta con dos cuerpos legales fundamentales: la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, y la Ley 20.380 sobre Protección de Animales.
Desde su perspectiva, uno de los principales avances ha sido el reconocimiento de la sintiencia animal jurídicamente, la capacidad de los seres vivos de experimentar sensaciones.
En esa línea, Bueno relevó que la legislación establece responsabilidades para el Estado. Sobre este punto, mencionó que Chile fue declarado recientemente por la Organización Mundial de la Salud como país libre de rabia canina transmitida a los seres humanos.
No obstante, sostuvo que contar con normas no es suficiente si no existen las condiciones para aplicarlas. “Se requiere inyección de recursos del Estado para la fiscalización”, planteó, apuntando a la necesidad de fortalecer las capacidades para hacer cumplir y ejecutar las disposiciones legales.
La representante de Colmevet Biobío también destacó que la protección animal tiene mucho que ver con la salud de las personas, están estrechamente conectadas.
Desde el ámbito académico, la directora de la Escuela de Chillán de la Facultad de Ciencias Veterinarias, doctora Paula Gädicke, relevó entre los avances la trazabilidad animal establecida mediante el Registro Nacional de Mascotas, esta herramienta forma parte de la legislación sobre tenencia responsable.
En ese contexto, advirtió que el alcance de disposiciones como las que se han adoptado en el contexto de contingencias para evacuar animales, todavía está enfocado en perros. “El día de mañana debería estar enfocado a otros tipos de animales”, planteó.
Otro de los cambios que destacó fue el término de la eutanasia como método de control poblacional municipal. “Hoy en día se prioriza la esterilización de machos y de hembras”, explicó, al referirse a las modificaciones en la forma de abordar la población de animales de compañía.
“Está penalizado el abandono de los animales en la ley como crueldad animal”, sostuvo Gädicke. A ello se suma la prohibición de determinadas prácticas que involucran el enfrentamiento de animales, como las peleas de gallos y las carreras de galgos.
La académica consideró que el desafío actual consiste en ampliar progresivamente el alcance de estas disposiciones, para que la protección no se limite a las mascotas. “Debemos seguir ya con los animales de producción y con otras especies”, señaló.
Gädicke advirtió también sobre los efectos que puede generar la liberación de animales domésticos en sectores cercanos a los perímetros donde habitan especies silvestres. La académica agregó que “causan un impacto económico tremendamente grande a los pequeños agricultores”.
Desde las organizaciones animalistas, la evaluación de los avances legislativos también está marcada por las dificultades que persisten para llevar las normas a la práctica. Scarlet Muñoz, tesorera de la Agrupación Hermano Animal, manifestó que “pese a los cambios de la Ley Cholito, siento que los avances han sido más en el papel que en la práctica”.
Para la representante de la agrupación, el desafío no se limita a contar con nuevas disposiciones legales, sino a garantizar que las conductas sancionadas tengan consecuencias concretas. “Necesitamos que las leyes realmente se cumplan, con fiscalización efectiva y sanciones que tengan consecuencias”, afirmó.