El espacio natural de Hualpén tiene calidad de Urbano. El caso marca un precedente en la persecución penal de delitos ambientales en la región.
Lo que debes saber
• La PDI plantea que los daños causados por el vertedero ilegal en el Humedal Vasco da Gama podrían extenderse más allá de su polígono.
• BIDEMA no descarta una posible afectación hacia otros humedales y cuerpos de agua en el Gran Concepción.
• La causa incluye elusión al SEIA y lavado de activos. La policía civil destacó el caso como un hito relevante en la persecución de delitos ambientales en Biobío.
Te invitamos a leer la nota completa más abajo para conocer los detalles.
—¿Se ha podido acreditar afectación a un perímetro más allá del Humedal Vasco da Gama?
—Eso ya es materia de investigación que tendrán que establecer y determinar la Fiscalía y el tribunal.
La respuesta entregada en exclusiva a Diario Concepción por el subprefecto Rodrigo Arévalo, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción, dejó abierta una posible nueva hipótesis en la investigación por el funcionamiento de un vertedero al interior del Humedal Urbano Vasco da Gama-Chimalfe, en Hualpén.
La causa, que se arrastra desde hace años y que derivó recientemente en la detención y formalización de Heraldo Jesús Parra Pincheira, suma así una nueva interrogante: hasta dónde podrían extenderse las consecuencias ambientales asociadas a las intervenciones realizadas en este espacio natural.
Esto, en un contexto en que la indagatoria penal contempla presuntos delitos ambientales, incumplimiento de medidas decretadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y lavado de activos. De hecho, el imputado está formalizado y sujeto a medidas cautelares.
De acuerdo con Arévalo, la intervención del ecosistema ha tenido consecuencias que podrían trascender el polígono de 64 hectáreas que comprende el Vasco da Gama.
“Esto también ha traído una consecuencia o un daño colateral al sector de Parque Central”, explicó el jefe policial. Según detalló, los humedales funcionan como “verdaderos filtros”, especialmente frente a lluvias intensas, debido a su capacidad de absorción.
“Cuando estos se ven afectados, de pronto se ven saturados y el agua empieza a escurrir por distintas vertientes naturales”, agregó, vinculando esta situación con las inundaciones registradas en el sector de Parque Central.
El jefe de la Bidema también explicó que, históricamente, el Vasco da Gama ha mantenido una conexión con el Humedal Paicaví y otros sistemas del territorio.
Aunque la PDI no afirma que exista un daño ya acreditado sobre otros ecosistemas, la eventual afectación hacia otros cuerpos de agua permanece como una materia que deberá ser establecida en futuras diligencias.
Ante la posibilidad de que los efectos trasciendan el mencionado polígono, Luisa Valenzuela, defensora histórica del humedal y fundadora del Comité de Defensa del Humedal Vasco da Gama, explicó que el lugar forma parte de un sistema mayor de humedales que comprende distintos sectores del Gran Concepción.
Según detalló, el sistema comienza en Tucapel Bajo, continúa por el Humedal Paicaví y llega hasta Vasco da Gama, para posteriormente conectarse con el sistema Rocuant-Andalién. Esta conexión, sostuvo, se produce tanto superficialmente como mediante napas subterráneas.
Valenzuela manifestó además su preocupación por los antecedentes expuestos durante la formalización respecto de la presencia de sustancias como plomo y mercurio.
La dirigente afirmó que, desde su experiencia siguiendo el humedal, distintas sustancias han llegado históricamente hasta los canales del sector. No obstante, la eventual propagación de estos contaminantes hacia otros ecosistemas deberá ser determinada mediante antecedentes técnicos y periciales.
Vertedero clandestino en el Humedal Urbano Vasco de Gama-Chimalfe, Hualpén / Foto: Archivo | Cedida.
La causa que hoy lleva la Bidema penquista tiene una historia anterior a la creación de la unidad en la capital regional. Arévalo explicó que, antes de que comenzara a funcionar la brigada en la zona, la Bidema Temuco estuvo a cargo de diligencias e informes que fueron remitidos a la Fiscalía Local de Talcahuano.
“Claramente, a nosotros nos tocó la parte final (…), quizás la parte más mediática”, reconoció.
Ahora bien, uno de los elementos que llevó la investigación más allá de la dimensión estrictamente ambiental fue la aparición de una arista patrimonial. En ese entonces, la Bidema trabajó junto a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) para determinar los beneficios económicos asociados a la recepción de escombros y residuos en el lugar.
“Hubo pagos de por medio y por parte de distintas personas, tanto naturales como jurídicas, en favor de uno de los dueños del humedal”, detalló.
Según explicó, dentro del levantamiento patrimonial aparecieron principalmente transferencias hacia cuentas personales de integrantes del grupo familiar.
El 8 de julio, la brigada especializada ejecutó una orden de entrada y registro y una orden de detención contra el imputado.
Según explicó el subprefecto, las medidas fueron solicitadas por la fiscal Ana María Aldana y posteriormente ejecutadas por la policía civil. Parra pasó a control de detención y al día siguiente fue formalizado por delitos vinculados a: elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), afectación ambiental, incumplimiento de medidas de la SMA y lavado de activos.
En la instancia judicial, el tribunal decretó arresto domiciliario total y estableció un plazo de seis meses para la investigación.
Otro de los puntos que permanece abierto es la situación de otros integrantes del grupo familiar. En paralelo a la causa penal que se tramita ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano, existe otra por reparación de daño ambiental ante el Tercer Tribunal Ambiental (Valdivia), donde figuran como demandados Heraldo Jesús Parra Pincheira, Juan Ángel Parra Pincheira y Blanca Zulema Parra Pincheira.
Ambos procesos son distintos y la calidad de demandado en la causa ambiental no implica, por sí sola, tener la calidad de imputado en la investigación penal.
Respecto de las órdenes de aprehensión mencionadas en el informe de la PDI, Arévalo confirmó que “hasta el minuto” no existen otras órdenes de detención pendientes. No obstante, no descartó que durante el desarrollo de la investigación puedan solicitarse nuevas medidas.
La formalización representa también, para Arévalo, una señal del cambio que ha experimentado la persecución de los delitos ambientales en Chile, particularmente tras la entrada en vigencia de la nueva legislación sobre delitos económicos y medioambientales.
Según dijo, la normativa actual entrega “herramientas mucho más poderosas” para investigar este tipo de conductas, en contraste con un escenario anterior en que determinadas infracciones podían terminar principalmente en faltas o sanciones económicas.
“Antiguamente la ley que teníamos no nos acompañaba, por cuanto los tiempos van cambiando”, explicó Arévalo, quien agregó que las modificaciones legales permiten que hoy se hable de delitos propiamente tales, con consecuencias penales de mayor entidad.