Una crisis de seguridad al interior del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Coronel, ex Cereco, fue denunciada por dirigentes gremiales, tras asegurar que hay una escalada sostenida de hechos violentos que mantiene en riesgo a trabajadores y jóvenes, en medio de cuestionamientos a la gestión institucional y llamados a cambios estructurales.

“Como ya viene siendo un tema repetitivo desde hace un buen tiempo a la fecha, se vienen sucediendo hechos de violencia al interior de los centros de administración directa que dependen de nuestro servicio, y especialmente en la región lo que sucede en el CIP-CRC de Coronel”, afirmó Raúl Fuentealba Guzmán, presidente regional de la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (Antrase RSJ).

El dirigente detalló que la situación se ha vuelto cotidiana para los funcionarios. “Si se dan cuenta, nuestro centro es uno de los más violentos del país. El decomiso de armas hechizas es de todos los días. Entonces, aquí también hacemos un llamado a la autoridad para que vea el tema de la infraestructura”, sostuvo.

Agregó que este escenario afecta a los propios usuarios del sistema. “Esta ola de violencia que ataca al CIP-CRC de Coronel, y también a otros centros del país, va en contra de los propios jóvenes que nosotros atendemos”, indicó.

Fuentealba explicó que el perfil de la población atendida complejiza la convivencia interna. “Nosotros atendemos una población que es bastante diversa: tenemos jóvenes que van desde los 14 años y sobrepasan los 20 años; tenemos jóvenes imputados, condenados, mayores, menores. También atendemos a mujeres mayores, menores, imputadas y condenadas”, señaló.

Ante este panorama, el presidente regional de Antrase RSJ apuntó a la falta de respuestas concretas por parte de la autoridad frente a las reiteradas denuncias. “Tenemos una cantidad importante de trabajadores y de trabajadoras que son agredidos por los jóvenes, y, al final de cuentas, cuando los tutores y nuestras tutoras son agredidos, no pasa nada”, acusó.

Según el dirigente, los gremios han insistido en propuestas que van desde medidas inmediatas hasta cambios legales de fondo. “Hace poco tuvimos una reunión con el seremi de Justicia, Robert Contreras, donde le hicimos entrega de un documento en el que planteábamos una serie de medidas (…) pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta concreta”, indicó.

La principal necesidad que plantean desde la agrupación gremial es la de modificar la Ley N°20.084 para permitir mayor flexibilidad en el manejo de la población penal juvenil. “Atendemos jóvenes desde los 14 a los 18 años, pero si uno comete un delito a los 17 años y es condenado a 10 años, podríamos tener hoy día un joven de hasta 27 años, 11 meses y 29 días”, acotó.

A la denuncia también adhirió Alejandro Saavedra, dirigente de Anfur Biobío, quien describió un escenario de pérdida de control dentro del recinto. “Lo que pasa es que hace dos semanas los jóvenes, cuando quieren conseguir algo o mover al funcionario, toman el control del centro; hay que tener eso en claro”, afirmó.

En la misma línea, Saavedra relató episodios recientes que reflejan la gravedad de la situación. “Hace dos semanas le tiraron orina al funcionario, entonces ya no es soportable. Es denigrante estar trabajando sin respuesta, sin que tenga ninguna sanción el joven que agrede”, sostuvo.

Saavedra advirtió que la ausencia de consecuencias estaría profundizando la violencia. “Al fin y al cabo, el joven hace lo que quiere y no pasa nada. Seguimos con los jóvenes en el interior del centro sin poder moverlos, sin poder sancionarlos. Cuando no hay consecuencias, las acciones se siguen repitiendo y siguen aumentando”, señaló.

Adultos y adolescentes

La legislación permite que los condenados por delitos cometidos siendo menores de 18 años puedan permanecer en el sistema hasta cerca de los 28 años. “Entonces, obviamente que esa es una situación que nos pone en alerta, porque es complicado que convivan adultos de 25 o 26 años con jóvenes de 14 o 15 años”, explicó Fuentealba.

Ambos dirigentes subrayaron la influencia que puede tener un infractor de ley adulto por sobre uno adolescente, por lo que también plantean la apertura de la sección juvenil del penal El Manzano como una alternativa para trasladar a mayores de edad que presenten conductas de alto riesgo, junto con la urgencia de contar con espacios adecuados de segregación interna para manejar eventos críticos.

Por su parte, la decana de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Nadia Castro, señaló que, “jurídicamente, es viable avanzar en la postura de los trabajadores. Actualmente, muchos adolescentes continúan en centros juveniles incluso después de cumplir los 18 años, por lo que los funcionarios solicitan que sean trasladados a secciones juveniles dentro de cárceles de adultos”.

La convivencia entre jóvenes adultos y adolescentes en un mismo espacio, según detalló la académica, “podría generar una influencia relevante en la comisión de nuevos delitos”.

Entre los aspectos positivos, la iniciativa permitiría segmentar de mejor forma a los internos según su edad, evitando que personas mayores de 20 años compartan espacios con otras de entre 14 y 17 años. “Además, permitiría liberar cupos en los centros juveniles, que actualmente presentan una alta congestión”, precisó Castro.

“Como contraparte, trasladar a jóvenes adultos a cárceles de adultos podría reducir sus posibilidades de reinserción social, al situarlos en un entorno con un enfoque más punitivo que educativo”, advirtió.

Servicio de Reinserción

Frente a estos cuestionamientos, la directora regional subrogante del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil del Biobío, Glenda Alarcón, aseguró que se han implementado diversas medidas para mejorar la seguridad del centro coronelino.

“En los últimos 12 meses se han invertido más de $600 millones para restaurar y mejorar la infraestructura, lo que incluye la próxima recepción de la Unidad de Separación de Grupo”, indicó.

Asimismo, detalló que “se suma la renovación total del circuito de cámaras del recinto, proyectada a corto plazo por un monto de $400 millones, lo que fortalecerá de manera significativa la tecnovigilancia del centro”.

La autoridad agregó que se está piloteando un nuevo sistema de control de visitas y que existe coordinación permanente. “Mantenemos un trabajo permanente de coordinación con Gendarmería de Chile para reforzar la seguridad, lo que se ha traducido en una presencia más continua de la Unidad Especial de Seguridad y Protección (USEP) al interior del recinto”, señaló.

Además, destacó el trabajo conjunto con el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública para avanzar en la formalización de denuncias por hechos constitutivos de delito, junto con la revisión de procedimientos internos.