Se trata de la acción que realizó la Municipalidad de Concepción. Desde el municipio anunciaron que continuarán con la ofensiva jurídica.
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección presentado por la Municipalidad de Concepción, acción judicial que buscaba frenar el avance del proyecto inmobiliario que pretende instalarse en el humedal Paicaví de la comuna.
El tribunal de alzada estableció que “los actos que se denuncian como ilegales o arbitrarios, no vulneran garantías fundamentales que puedan ser resguardadas por esta vía”.
Sin embargo, desde el municipio penquista adelantaron que la ofensiva legal contra la iniciativa, que contempla la construcción de 350 departamentos y que ya cuenta con aprobación ambiental, continuará.
Rodrigo Díaz, director jurídico de la casa edilicia, indicó que “respetamos la resolución de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Sin embargo, creemos que existen antecedentes jurídicos y ambientales graves y suficientes para que este asunto sea conocido por la corte y emita esta un pronunciamiento de fondo, pues es un problema relevante para Concepción”.
A ello agregó que “vamos a interponer los recursos de reposición y apelación respectivos, porque estimamos que aquí no solo se está discutiendo un aspecto administrativo, sino también la protección de un ecosistema relevante y la tranquilidad de muchas familias”.
“Como municipio, seguiremos ejerciendo todas las acciones legales que correspondan para resguardar el interés de nuestra comunidad”, concluyeron.
Cabe recordar que el 27 de abril la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío (Coeva) emitió una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al proyecto, el cual considera 350 departamentos distribuidos en 19 torres de 5 pisos cada una, además de 356 estacionamientos de vehículos, en una superficie de 2,2 hectáreas.
En ese contexto, la Coeva respaldó la aprobación que previamente había otorgado el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Biobío, sin considerar las observaciones de la comunidad ni los informes técnicos elaborados por el municipio y la Seremi de Medio Ambiente, además de no exigir un Estudio de Impacto Ambiental, como solicitaban distintos actores debido a la magnitud de la obra.
La decisión judicial no tomó por sorpresa a las organizaciones ciudadanas vinculadas a la defensa del humedal. Durante las últimas semanas sostuvieron reuniones, mediante mecanismos de lobby, con representantes del municipio y el equipo jurídico comunal, proceso que —según indican— permitió consolidar el respaldo edil.
Incluso, durante una sesión del concejo municipal, el alcalde, Héctor Muñoz, sostuvo que “si construyen en el Humedal Paicaví, hemos fracasado como ciudad”.
Consultado por Diario Concepción, el asesor legal del Movimiento por la Defensa del Humedal Paicaví, Fernando Cortés, explicó que “la Corte de Apelaciones dio a entender que existe una vía recursiva específica, que es la que otorga la Ley 19.300 y la Ley 20.600, que es la que, básicamente, crea las Bases de Medio Ambiente y que crea los Tribunales Ambientales”.
“Básicamente, la resolución de calificación ambiental y la RCA, que es el Acto Administrativo Terminal, solamente se podría impugnar o reclamar a través de dos recursos, que es la solicitud de invalidación y también la reclamación por falta de consideración de observaciones ciudadanas”, explicó el jurista, quien además precisó los plazos para estas presentaciones.
Según detalló, estos recursos podrían presentarse, como máximo, hasta el próximo 12 de junio.
El primero corresponde a una reclamación ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), mientras que el segundo debe presentarse ante el Tribunal Ambiental, instancia que para el Biobío corresponde al Tercer Tribunal Ambiental (TTA).
A la reposición anunciada por el municipio de Concepción se sumarían estos dos procesos reclamatorios, en los cuales el Movimiento de Defensa del Humedal Paicaví asegura ya estar trabajando.
Uno de los principales argumentos que sustentará estas acciones apunta a la falta de consideración de las observaciones ciudadanas ingresadas durante el proceso ambiental. Cabe recordar que se recopilaron más de 500 observaciones.
“Vamos a interponer ambos recursos” indicó Cortez y argumentó que “vamos a impugnar la falta de consideración de esas observaciones entendiendo por tal de que la entidad administrativa no subsanó aquello o sea, no le respondió como debía ser respondido o no respondió la totalidad o no respondió con todos los antecedentes técnicos suficientes en este caso el observante y el recurso de invalidación”.
Además, el profesional reiteró que, tal como han planteado diversos actores medioambientalistas del Biobío, sostendrán que el proyecto de 350 departamentos debió ingresar mediante una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y no mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), mecanismo bajo el cual ingresó la iniciativa inmobiliaria.