Madre de la estudiante de Talcahuano amedrentada en una carta, académico y fundación por la neurodivergencia llaman a que este caso impulse un cambio profundo en la protección de derechos de las personas con discapacidad.
En el caso de la joven (16) con síndrome de Down amenazada a través de una carta lanzada por una mujer adulta a su casa, se dio un importante avance. A los cuatro días de ocurrido el hecho, este viernes fue identificada la persona.
El subprefecto Hugo Cristi Cavieres, jefe de la Brigada de Investigación Primera de Talcahuano, indicó que este miércoles el Ministerio Público les dio la orden de investigar, por lo que se recopilaron imágenes de cámaras de seguridad, junto con la comparación biométrica con los que se logró la ubicación de la mujer.
“Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público, quien instruyó que esta persona fuera apercibida conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal, ya que mantendría trastornos de su personalidad (…) también se otorgó una medida de protección a favor de la víctima y su grupo familiar, la imputada no puede acercarse a ellos”, señaló el subprefecto Cristi.
Además, incautaron celular y computadores para su análisis criminal, de tal forma de acreditar su autoría en el hecho.
La identificación será vital para la investigación, pero lamentablemente, para Karin Morales madre de la víctima, no es primera vez que tiene problemas de esta índole. Había dejado pasar las situaciones cambiándola de establecimiento educacional. Sin embargo, esta vez aseguró que no está dispuesta dejar que esto pase desapercibido.
Por esto, solicitó apoyo a Daniela Chávez, presidenta de la Fundación Corazones Luchadores, para convertir el caso en mediático. “Mi idea es que con esto se pueda concretar alguna ley de protección para los niños con síndrome de Down, así como los niños con TEA, de hecho, mi otro hijo es autista”, afirmó.
Debido al revuelo nacional que provocó en corto tiempo el conocimiento de su caso, Karin Morales, comentó que ha recibido una cantidad innumerable de ofrecimientos para asesorarla legalmente, desde Senadis, la Municipalidad de Talcahuano, abogados influencers, bufete de juristas y de diputados. “Pero no es que no quiera recibir la ayuda, pasa que me han hablado tanto que se me pierden los números o mensajes, por eso hasta el momento no estoy asesorada, pero tomaré una opción”, indicó.
En cuanto a la permanencia de su hija en el recinto escolar, indicó que “sacarla se ve fácil. Pero también es un retroceso de adaptación. Obviamente si a mí no me da seguridad el colegio, si no hace absolutamente nada, no la voy a mantener ahí arriesgando a la integridad”.
Sobre las respuestas que ha recibido del liceo, aseguró que “se hizo con convivencia escolar, que se iba a hacer una investigación. No me ha dicho, “tráigala, porque nosotros vamos a tenerle una asistente especial, aparte que lamentablemente y aparte que en la enseñanza media tampoco los niños tienen asistente”.
El viernes pasado se realizó en La Moneda una actividad a propósito del Día Internacional del Síndrome de Down (21 de marzo), instancia a la que llegó Karin Morales con su hija.
“Hay que dejar bien en claro que la invitación de la primera dama no fue para poder hablar del tema, fue porque se estaba celebrando el Día internacional del Síndrome de Down. Fue un gesto que tuvo ella, fue muy cercana y empática. También llegó el Presidente y compartió con nosotros”, mencionó.
La joven no tiene conocimiento de lo que ha ocurrido, Morales aseguró que la ha mantenido protegida de la información. Sin embargo, ha sido el resto de su familia la que ha sufrido la angustia del violento mensaje.
En cuanto a la intención de la madre de la estudiante de que esto signifique cambios legislativos. El Dr. en Psicología de la Educación, Daniel Paredes, jefe de carrera de Educación Diferencial en la Universidad de Concepción, coincide en el sentido que “definitivamente la reparación no tiene que ser sólo individual hacia la víctima, sino que tiene que ser una reparación sistémica, tiene que ir permeando varias capas. Por ejemplo, la actualización de la ley de inclusión, que las políticas nacionales contemplen sanciones más severas y protocolos de reparación integral para las víctimas de odio por motivos de neurodivergencia”.
Respecto del establecimiento educativo, en el entendido que el texto de amenazas hace referencia a espacios del colegio, también debe existir acciones de reparación. “La sensibilización, las campañas de concientización, para construir desde la educación una comunidad con mejor convivencia”, expuso.
Además, explicó que la reparación tiene que pasar por garantizar que los niños y adolescentes con síndrome de Down o las personas neurodivergentes pertenezcan y sean partícipes verdaderamente de la escuela. “Que se sientan más seguros y se sientan acogidos por la comunidad educativa”, indicó el Dr. Paredes.
“Tiene que existir mecanismos claros dentro de estos reglamentos de convivencia para la denuncia, para la protección del alumnado ante el acoso y el ciberacoso o amenaza externa. Hay redes como Carabinero, la PDI, la Defensoría de la Niñez que sí tienen que estar presentes, sobre todo cuando presuntamente hay participación de adultos”, estableció.
En cuanto a la magnitud del discurso de odio contenido en la misiva hacia una persona menor de edad, el académico indicó que “estas agresiones confirman que todavía impera una visión médica donde la diferencia se ve como una enfermedad, como algo malo, que debe ser corregido o que debe ser aislado, y hoy en día avanzamos en un paradigma completamente distinto. Por eso es que desde la academia nosotros denunciamos que el odio resulta ser una de las barreras más grandes que hoy en día persisten”.
En tanto, María José Vallejos Segura, directora académica y educadora diferencial de la Fundación Futuro 21, también se manifestó de acuerdo con que esta situación debe impulsar cambios profundos en inclusión y educación. “Porque lo que ocurrió a esta adolescente con síndrome de Down es grave y son derechos que se están vulnerando. También creemos que esto no es un caso aislado, sino que es el reflejo de una deuda estructural que aún tenemos como sociedad”, dijo.
Esta situación evidencia la urgencia de fortalecer la educación en derechos, en convivencia y en valoración de la diversidad desde la primera infancia, determinó Vallejos. “Porque no nos basta con integrar, sino que necesitamos transformar la mirada, promoviendo espacios donde todas las personas sean respetadas en su dignidad y sin excepción”, estableció.
“Como fundación somos enfáticos y creemos en que el castigo por sí solo no es suficiente”, señaló y agregó que la inclusión de personas con discapacidad debe verse desde un enfoque de derecho.
María José Vallejos hizo hincapié en que este caso con su nivel de violencia y deshumanización es profundamente preocupante. “Nos evidencia que aún existen discursos de odio que han sido normalizados en distintos espacios y pensamos y creemos que nadie aprende a discriminar de una manera aislada”, afirmó.