Mariana Arroyo Concha

A una semana del regreso a clases en los establecimientos educacionales de nivel preescolar, básico y medio en La Región del Biobío, las y los estudiantes enfrentan grandes desafíos en una era digitalizada en el que la comunicación entre las personas depende en gran parte de las tecnologías, ya que desde este año inició la campaña “Modo Aula” implementada por el Ministerio de Educación (Mineduc) en la que se aplica la Ley 21.801, la cual prohíbe el uso de celulares y otros aparatos al interior de la sala de clases.

Dicha medida consiste en impedir en general la utilización de dispositivos electrónicos que posean acceso a internet, sin embargo, esta normativa no afecta a los equipos destinados solamente a la práctica pedagógica. Este reglamento se aplica sin distinción alguna a toda la comunidad educativa la que considera a todas y todos los estudiantes, desde preescolar a cuarto medio; docentes, asistentes de la educación, directivos e incluso apoderados y apoderadas.

De acuerdo al Ministerio, la campaña tiene como objetivo reforzar la convivencia escolar, proteger el aprendizaje y promover responsablemente el empleo de estos artefactos.

Según datos entregados a nivel nacional por el Mineduc, mediante un estudio realizado por la Universidad Diego Portales (UDP) entre los años 2023 y 2025, en los que se analizaron 6 mil 460 reglamentos de convivencia escolar en colegios públicos, particulares-subvencionados y particulares pagados, “el 77,6% de los establecimientos educacionales en Chile opta por regular el uso del teléfono celular, mientras que sólo un 8,8% establece su prohibición durante las clases y un 8%, durante toda la jornada educativa.”

Escenario en la zona

En sus últimas horas en el cargo, el seremi de Educación, Carlos Benedetti, se refirió al escenario en la Región del Biobío aclarando que si bien a una semana de la implementación de esta medida no se han realizado reportes ni balances preliminares, sí se está preparando un despliegue de charlas en los establecimientos con la Superintendencia de Educación.

Sumado a esto, Benedetti hizo un llamado a la corresponsabilidad entre apoderados y alumnos para dar un buen uso a estas tecnologías en el contexto educativo. A su vez, aclaró, tal como lo señala la ley, los establecimientos educacionales tienen plazo hasta el 30 de junio para adaptarse a esta normativa de acuerdo a su reglamento interno.

Por otra parte, desde el Colegio de Profesores de la Región del Biobío, su vocero, Anibal Navarrete aseguró que “sin duda es complejo aplicar la medida hoy en día en las aulas, más aún cuando los estudiantes están habituados al uso de celulares. Sin embargo se intenta cumplir con la normativa de acuerdo a lo que va la ley”.

“Es un proceso paulatino que nosotros creemos que implica que tanto estudiantes como la comunidad educativa en general se pueda amoldar a lo que es esta nueva forma de convivir dentro de las aulas y los establecimientos”, declaró el vocero.

Agregó que como docentes “creemos que está mal puesto el foco, porque más allá de prohibir el uso de los aparatos tecnológicos en la sala, es necesario regular, por ejemplo, el uso de plataformas en las cuales hoy día los estudiantes están constantemente interactuando. El problema, creemos, radica fundamentalmente en esos focos del uso del teléfono.”

Finalmente, Navarrete señaló que los aprendizajes no se mejoran prohibiendo el uso de los dispositivos, sino que invirtiendo en la educación y que “hasta el momento creemos que ha estado débil”, mencionando que “el gobierno saliente fue débil en eso”.

Casos excepcionales

A pesar de que la Ley 21.801 es estricta, también es posible hacer uso de los aparatos electrónicos en algunos casos. Por ejemplo en alguna catástrofe o emergencia, que se refiere a situaciones peligrosas inmediatas; Por condiciones de salud, siempre y cuando haya un monitoreo médico certificado por ejemplo si el estudiante presenta alguna condición o enfermedad diagnosticada por un especialista, que requiere ser monitoreada mediante algún dispositivo móvil, la que deberá ser acreditada por apoderado o apoderada del estudiante a través de un certificado.

También se permite su uso por necesidades educativas como ayuda técnica acreditada y brindada por un profesional. Seguridad personal con solicitud previa del apoderado de manera temporal. Y finalmente, para uso pedagógico solo en la enseñanza básica y media sólo si la actividad académica a realizarse lo requiera.