Lo que comenzó como una supuesta visita rutinaria terminó convirtiéndose en un delito que encendió las alertas en Laja. Personas que se hicieron pasar por funcionarios municipales ingresaron al domicilio de un adulto mayor y sustrajeron dinero correspondiente a su pensión. El hecho no solo dejó a una víctima directa, sino que volvió a instalar interrogantes sobre la seguridad de las personas mayores y la necesidad de resguardar la confianza en las acciones que se desarrollan en el territorio.

En las horas siguientes, desde el municipio se buscó aclarar el contexto y advertir a la comunidad frente a este tipo de situaciones. La casa edilicia recalcó que no realiza visitas domiciliarias sin coordinación previa ni solicita dinero o datos personales, y que todo funcionario municipal debe portar credencial oficial visible. Junto con ello, se llamó a denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa a Carabineros, poniendo especial énfasis en el resguardo de los adultos mayores.

Tras lo ocurrido, el alcalde de Laja, Vladimir Fica, condenó categóricamente el hecho y expresó el respaldo del municipio a la familia afectada, señalando que “este es un hecho muy grave y repudiable” y recalcó que como municipio “no toleramos este tipo de delitos, menos aún cuando afectan a nuestros adultos mayores”.

En esa línea, el jefe comunal fue enfático en precisar que “ningún funcionario municipal realiza visitas domiciliarias sin una coordinación previa con nuestros vecinos, y menos aún solicita dinero o información sensible”, confirmando además que el municipio se hará parte y apoyará las acciones legales que la familia estime pertinente emprender.

Reacciones al hecho

Pero el caso también abrió preguntas fuera de la comuna, en torno a si se trata de un hecho aislado o de una situación que pudiera repetirse en otros territorios. Desde la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (Amrbb) indicaron que, hasta ahora, no existen reportes de casos similares en la región, por lo que no se identifica como una tendencia, aunque llamaron a la población a mantenerse atenta y a verificar siempre las identificaciones de quienes se presenten como funcionarios.

En la comuna de Concepción, el alcalde Héctor Muñoz señaló a este medio que cuentan con normas internas claras que regulan el trabajo del personal en terreno, recalcando que “el uso permanente de la credencial institucional es obligatorio” y que esta “puede y debe ser exigida por cualquier vecino o vecina”.

Junto con ello, enfatizó que “bajo ninguna circunstancia un funcionario municipal está autorizado a solicitar pagos en efectivo ni transferencias a cuentas personales”, precisando que todos los trámites con costo se realizan exclusivamente a través de cajas institucionales o canales digitales oficiales.

Respecto de un eventual caso de suplantación en la comuna, el jefe comunal indicó que el llamado es a “activar de inmediato los canales de alerta y denuncia”, contactando a Carabineros o la PDI.

A ello se suma, explicó, el uso del *4110, número directo de la Dirección de Seguridad Pública, que permite “recepcionar la denuncia, realizar la aclaración correspondiente y poner a disposición los antecedentes relevantes para apoyar la investigación”. En paralelo, añadió que se refuerza la información preventiva, con especial foco en adultos mayores.

Finalmente, Muñoz sostuvo que, a partir de lo ocurrido en Laja, “es altamente necesario fortalecer la comunicación y el intercambio de alertas entre municipios”, especialmente a través de asociaciones municipales. Esta coordinación, señaló, permite “anticiparse a posibles modalidades delictivas que puedan replicarse en otras comunas”, además de compartir información, buenas prácticas preventivas y alertas tempranas que contribuyan a proteger a la comunidad.

Por su parte, la Municipalidad de Penco informó que la comuna cuenta —desde enero de 2025— con un protocolo formal de seguridad orientado a prevenir la suplantación de funcionarios municipales y fortalecer la confianza con la comunidad. La iniciativa establece estándares preventivos claros, considerando que actualmente no existe una normativa nacional específica que regule la interacción entre funcionarios y vecinos durante operativos en terreno.

El protocolo contempla, entre otras medidas, la identificación obligatoria mediante credenciales con fotografía y datos completos, el uso de una chaquetilla oficial, la restricción de ingresos a domicilios solo con consentimiento previo y la existencia de una línea telefónica de verificación directa, que permite a la comunidad confirmar en tiempo real la identidad de funcionarios municipales. Estas acciones, indicaron, buscan entregar mayor certeza y resguardo, especialmente a personas mayores.

Ante un hecho de estas características, desde el municipio señalaron que se activa de inmediato el protocolo vigente, priorizando la denuncia y la coordinación con Carabineros, junto con el refuerzo de la comunicación preventiva a través de canales municipales y redes comunitarias. Asimismo, plantearon la necesidad de fortalecer el intercambio de alertas entre municipios, dado que este tipo de delitos no reconoce límites territoriales, y evaluarán proponer el tema en instancias de coordinación regional.

Percepción del funcionariado

Quien también reaccionó al caso fue la Asociación de Funcionarios Municipales de Concepción (AFUM), considerando el impacto que este tipo de delitos tiene en el trabajo cotidiano en terreno. En ese marco, su presidente Fernando Nova advirtió que la suplantación de funcionarios “socava gravemente la confianza que hemos construido con tanto esfuerzo en alianza entre vecinos y vecinas y los trabajadores municipales”, recordando que los funcionarios “son la primera puerta que golpean las personas cuando necesitan asistencia social, orientación o cualquier tipo de apoyo”.

A su juicio, cuando se abusa de la credibilidad de la institución pública para cometer delitos, “especialmente contra adultos mayores, que son uno de los grupos más vulnerables”, el daño se extiende más allá del hecho puntual y afecta la relación cotidiana de cercanía con la comunidad.

Desde la asociación agregaron que estos episodios también exponen directamente a los propios trabajadores municipales, ya que “la desconfianza generalizada puede traducirse en rechazo o incluso agresiones hacia quienes genuinamente cumplen su labor en terreno”.

“Es imperativo actualizar las políticas y protocolos de identificación y prevención”, sostuvo, planteando la necesidad de avanzar hacia “criterios comunes a nivel territorial”, que permitan anticiparse a este tipo de delitos y proteger tanto a la ciudadanía como a los quienes se desempeñan en las municipalidades.