Con foco en sectores prioritarios y evaluaciones periódicas en ciclos de 60 a 90 días, la comuna, junto a la Subtel, inició operativos con las proveedoras de internet, cable y telefonía.
Con un operativo en pleno centro y una mesa comunal que busca dejar atrás las intervenciones aisladas, Talcahuano empezó un plan de retiro y ordenamiento de cables en desuso, en coordinación con empresas de telecomunicaciones y la distribuidora eléctrica CGE. La iniciativa, enmarcada en la Ley Chao Cables, apunta a reducir riesgos, ordenar el espacio público y eliminar la llamada basura aérea, dando respuesta a una demanda ciudadana arrastrada por años.
La puesta en marcha del plan marca un giro desde la planificación a la ejecución. Tras la entrada en vigencia del reglamento, los municipios pasaron de levantar catastros a implementar programas comunales con seguimiento. En ese contexto, la comuna puerto se suma a otras del Gran Concepción, pero con el foco puesto en instalar una coordinación permanente que permita priorizar sectores y exigir cumplimiento efectivo a las empresas, más allá de anuncios o acciones puntuales.
Desde el municipio, el director de Seguridad Pública, Patricio Fierro, explicó que el problema va más allá del impacto visual. “Las acciones que se intervienen son cables que generan trastornos a la ciudadanía, fundamentalmente cortes de suministro eléctrico y de internet”, señaló, subrayando que se trata de situaciones que afectan la vida diaria y que el plan busca “ir bajando de manera considerable en la comuna”.
Según explicó, la reunión con las telco y CGE permitió acordar una lógica de trabajo sostenida, con iteraciones periódicas entre la casa edilicia y las compañías. “Es una de las tareas que establecimos hoy: que el trabajo de las empresas tenga diálogo con el municipio para ir señalando sectores prioritarios”, indicó Fierro, remarcando que la coordinación no se agota en un operativo puntual, sino que apunta a un proceso con evaluaciones y ajustes en el tiempo.
En esa línea, la Municipalidad adelantó que la mesa comunal tendrá evaluaciones cada 60 o 90 días para revisar avances y cumplimiento. “Las empresas hoy día tienen un mandato legal y vamos a ser muy enfáticos y categóricos en que ese compromiso se cumpla”, sostuvo Fierro, subrayando que el seguimiento buscará traducir acuerdos en resultados concretos y cobertura territorial verificable.
La priorización, añadió, estará marcada por criterios de impacto social. “Seguramente vamos a priorizar sectores cercanos a colegios, centros de salud, donde hay niños, niñas y personas mayores”, dijo, anticipando que esas definiciones se irán afinando “en las próximas semanas” junto a las empresas. El centro de la comuna fue el punto de inicio, como señal visible del despliegue en terreno y de una estrategia que luego se extenderá a otros barrios.
Consultado por problemas específicos, Fierro abordó la situación de Jaime Repullo, donde cables trasladados a nuevos postes siguen generando molestias. “Fue una situación del verano de 2025. Hoy esperamos que la empresa involucrada avance decididamente en el retiro de la basura aérea de ese sector”, afirmó, advirtiendo que la nueva ley establece obligaciones claras y que el municipio asumirá un rol activo para exigir su cumplimiento.
Otro de los énfasis estuvo en la relación entre cableado abandonado e incivilidades. “Muchas veces esta basura aérea va escondiendo situaciones delictuales”, señaló Fierro, aludiendo a actos de vandalismo asociados a la búsqueda de cobre. “Hoy gran parte del cableado es fibra óptica, ya no hay cobre, pero igual se generan daños”, agregó.
Desde el gobierno, el seremi (s) de Transportes y Telecomunicaciones, Hugo Cautivo, recalcó que la ley ya está en fase de implementación. “Esto exige planes anuales y seguimiento”, explicó, destacando que en Talcahuano ya se contabiliza el retiro de cerca de 232 toneladas de cobre, cifra que dimensiona la magnitud del problema y el avance hacia redes de fibra óptica.
Cautivo subrayó que el proceso requiere gobernanza multinivel: municipios liderando, empresas ejecutando y seguimiento técnico de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. En paralelo, el municipio confirmó que el control será permanente y con plazos definidos, reforzando la señal de que el ordenamiento del cableado pasará de la coordinación a la fiscalización activa.
Tras la reunión, las empresas indicaron que en las próximas semanas avanzará en la cuantificación de la extensión —en algunos casos, de varios kilómetros— de cables abandonados, información que será considerada para la definición de prioridades y cronogramas.