La controvertida iniciativa parlamentaria busca reducir trámites y tiempos en el sistema de renovaciones. Profesional en convivencia y seguridad en el tránsito analizó la idea.
En Concepción, como en gran parte del Biobío, renovar la licencia de conducir se ha transformado en una experiencia que combina trámites extensos y esperas en los departamentos de tránsito.
En ese escenario cotidiano para los conductores, surgió el anuncio de la bancada del Partido Nacional Libertario: un proyecto de ley que busca que los chilenos no deban renovar su licencia hasta cumplir los 65 años, salvo diagnóstico médico que acredite incapacidad física o mental para conducir.
El presidente del partido y diputado Johannes Kaiser fue quien adelantó la propuesta señalando que la iniciativa apunta a eliminar burocracia y optimizar el uso del recurso humano en los municipios.
De hecho, planteó directamente que “una de las cosas más desagradables que tenemos que vivir es que cada cinco o seis años tenemos que ir a renovar el carnet de conducir”, dejando en claro que el énfasis del proyecto está en los tiempos que los conductores deben destinar a filas y citas médicas.
Uno de los más críticos a la iniciativa es el experto en convivencia y seguridad vial Alberto Escobar, ex director de movilidad y políticas públicas del Automóvil Club de Chile.
“Primero que todo creo que este proyecto no tiene ninguna viabilidad y segundo me parece una pésima idea y pésima iniciativa”, afirma, agregando que no existe respaldo técnico que justifique una medida de ese tipo.
A su juicio, se trata de una propuesta que responde más a lo que califica como “típico turismo político”, cuando se toma una idea observada en otro país sin considerar la realidad local ni la evidencia existente. Para Escobar, el país ya tiene un buen sistema de emisión y control de licencias, que permite revisar periódicamente las condiciones físicas y cognitivas de los conductores y ajustar los plazos o restricciones según cada caso.
Recuerda que una persona joven puede obtener licencia por seis años, pero sí presenta cambios físicos o de salud, ese plazo baja a tres o dos años o puede quedar limitada sólo a conducción diurna o urbana. Desde su perspectiva, eliminar esas evaluaciones por décadas “puede ser una pésima idea”.
El especialista también apunta a un error conceptual que, según él, atraviesa toda la discusión: en Chile no se trata simplemente de “renovación”, sino de control de licencias.
La licencia, advierte, no es como el carnet de identidad o el pasaporte, sino una autorización especial que certifica la capacidad de conducir. En ese sentido, recalca que hay personas que nunca estarán en condiciones de hacerlo, por miedo, por falta de capacidades o por razones de salud, y que retrasar el control hasta los 65 años “no tiene ningún sentido”.
Carolina Echagüe M.
Escobar va más allá e introduce otro elemento: el impacto que una medida de este tipo tendría en el mercado asegurador. Se pregunta “¿te imaginas lo que cobrarían las empresas de seguro, por ejemplo, si ellos no pudieran saber hasta muy entrada la edad de una persona si está apto para conducir?”.
Explica que, sin evaluaciones periódicas, alguien podría desarrollar una condición física que modifique radicalmente su manera de conducir, sufrir un siniestro vial y traspasar a la aseguradora un riesgo que pudo detectarse antes mediante controles médicos y psicotécnicos.
El experto enfatiza que el proceso de renovación en realidad es “control del conductor, no de la licencia”. Describe que cuando un vecino llega al gabinete municipal se somete a exámenes físicos e intuitivos para determinar si mantiene las mismas condiciones que cuando obtuvo el documento originalmente.
A partir de ello, se definen plazos más cortos o restricciones específicas: licencias por seis meses o dos años, conducción solo diurna, urbana o en determinadas vías. Prolongar el proceso hasta los 65, califica, “es realmente jugar a la ruleta rusa”.
Juan Carlos Méndez, vecino de Concepción, vivió recientemente el proceso y obtuvo una licencia válida solo por dos años con restricción de conducción diurna debido a un principio de cataratas.
Relata que fue sometido a pruebas visuales que considera necesarias y reconoce que sin ese control probablemente seguiría manejando de noche sin estar en condiciones. Por eso, no apoya la idea de eliminar la renovación hasta los 65 y sostiene que el control periódico “es por seguridad, no por burocracia”.
Desde Los Ángeles, Marcela Riquelme cuenta una experiencia diferente. Ella obtuvo su renovación por seis años sin ningún tipo de restricción, tras aprobar los exámenes exigidos. Sin embargo, reconoce que el trámite fue largo y le implicó perder una mañana completa en la municipalidad.
En Talcahuano, en el sector Higueras, Rodrigo Sáez enfrenta la discusión desde otra vereda: es conductor profesional con licencia A-2. A él se la renovaron por tres años y, además, se le exigió someterse a controles médicos anuales debido a hipertensión.
El documento que acompaña el controvertido proyecto de ley señala que “disminuirá la carga de los departamentos de tránsito en lo relativo al otorgamiento de licencias de conducir y podrán desplegarse eficientemente en todas sus funciones encomendadas, como la entrega de permisos de circulación, la gestión de la seguridad vial, el flujo de tránsito y administrar servicios asociados al transporte público”.
La percepción del parlamentario es compartida por el diputado republicano por el Distrito 21, Cristóbal Urruticoechea, quien será el encargado de presentar el proyecto y que resumió el espíritu de la idea afirmando que “el proyecto busca reducir los costos, disminuir la burocracia, permitir que la dirección de tránsito pueda ocupar más tiempo en asuntos de fiscalización y ciudadanos”.
Mientras el Ministerio de Transportes optó por no pronunciarse sobre anuncios legislativos aún no ingresados formalmente, precisando que solo se refieren a modificaciones ya promulgadas como ley.