Un conjunto de 17 informes reservados de la Contraloría General de la República (CGR) reveló graves irregularidades en el proceso de recepción, custodia y destrucción de drogas incautadas en distintos servicios de salud del país.
Según un reciente comunicado de prensa, los hallazgos incluyen errores en registros, retrasos en plazos legales e infraestructura deficiente, incumpliendo la Ley N° 20.000, que regula el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Según la fiscalización, se detectaron diferencias entre el peso consignado en las actas de decomiso y el verificado en terreno, lo que impide asegurar la trazabilidad de las sustancias. “Estas inconsistencias reflejan fallas en los mecanismos de control y resguardo de la evidencia”, señala uno de los informes, que ya fue remitido al Ministerio Público para su evaluación.
Entre las principales observaciones se encuentran el uso de planillas Excel sin medidas de seguridad, errores de transcripción en los registros y demoras superiores a 24 horas en la entrega de las drogas por parte de Carabineros y la PDI a los Servicios de Salud, pese a que la ley exige cumplir dicho plazo. En algunos casos, los informes reportan retrasos de hasta 350 días en la entrega de los resultados de los análisis de laboratorio al Ministerio Público.
La Contraloría también advirtió deficiencias en las bodegas y oficinas destinadas al acopio de estupefacientes, donde se observaron drogas almacenadas en el suelo, bolsas rotas y ausencia de medidas de seguridad básicas. Además, en los recintos destinados a la quema y destrucción se encontraron fugas de aire, fallas en la ventilación y cámaras fuera de servicio, lo que pone en riesgo tanto la integridad del proceso como la seguridad de los funcionarios.
Otro punto crítico señalado es la falta de control de acceso a dependencias sensibles. Algunas bodegas no cuentan con registro de ingreso ni tarjetas nominadas, y las cajas fuertes presentan deterioro estructural, según indica la misiva de la CGR.
Finalmente, la Contraloría subrayó la inexistencia de un sistema informático centralizado para gestionar la cadena completa de recepción y destrucción de drogas. Esta ausencia impide verificar la correspondencia entre las actas de recepción y los informes de destrucción, debilitando la transparencia y trazabilidad del proceso.
Los informes también alertan sobre riesgos para la salud y seguridad de los funcionarios, debido al traslado de sustancias en vehículos no habilitados y al almacenamiento conjunto de materiales inflamables y tóxicos sin medidas preventivas. Estas condiciones, advierte la CGR, pueden “pueden ser derramadas provocando combustión y explosiones dentro de la bodega, aumentando el riesgo en la salud de los funcionarios y/o incendios”.
📒INFORMES DE AUDITORÍA | Desorden, fallas en registros y retrasos: Detectamos irregularidades en proceso de destrucción de droga incautada.
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— Contraloría (@Contraloriacl) October 15, 2025