Diego Pardow profundizó en la agenda anunciada por el Presidente, Gabriel Boric, sobre este tema, en su reciente y última Cuenta Pública. El secretario de Estado apuntó que la iniciativa busca corregir falencias del plan actual, como la ausencia de regulación exigible y la nula promoción de plazas de trabajo indirectas en zonas como el Biobío.
Por Hugo Ramos Lagos
Durante su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric anunció que en el segundo semestre ingresará al Congreso un proyecto de ley para concretar la descarbonización acelerada en el país.
La iniciativa busca facilitar inversiones clave en generación renovable, almacenamiento, transmisión y reconversión, que permitan adelantar el cierre de las centrales a carbón, desde el 2035 al 2040 o incluso antes, si se cumplen las condiciones técnicas, económicas y sociales.
A raíz de este anuncio, el ministro de Energía, Diego Pardow, conversó con Diario Concepción sobre el futuro de la política energética, los plazos para su implementación, sus desafíos en el Biobío y el rol del consenso parlamentario para su tramitación.
-Será el desafío del trabajo prelegislativo, ya que, si te fijas en la reacción de la oposición, de la industria y las organizaciones de la sociedad civil desde la cuenta pública, creo que han sido positivas, pero con interés en mirar más detalles.
En general, les parece un anuncio valioso, pero que necesitamos ver con más detalle para trabajar en conjunto.
Ahora, cuando uno mira la manera en que llegamos hasta acá, este anuncio es también la cristalización de una parte de nuestro plan de descarbonización. Nosotros llevamos cerca de dos años trabajando en este, el cual está terminando su etapa de consulta pública y que ha permitido ir consolidando consensos técnicos y políticos (…) pero también sociales.
-En este proyecto de ley hay que elegir una cartera de proyectos; y dichas carteras van a tener una posición prioritaria dentro de los distintos escenarios de evaluación y tramitación de permisos, y a su vez, van a tener un mecanismo especial para la relación con las comunidades donde la inversión se va a desplegar, así como también mecanismos especiales de financiamiento.
Efectivamente, la selección de los proyectos se va a hacer a través de un comité interministerial que va a liderar Energía, pero que va a contar con la participación de Medio Ambiente, Hacienda, Interior, Economía, Bienes Nacionales, etcétera. La idea es que, bajo nuestro liderazgo, este portafolio de proyectos se arme todas las veces que sea necesario.
Nosotros esperamos poder hacer una primera iteración (repetición de un proceso para alcanzar resultados), pero futuros gobiernos también harán nuevas iteraciones con la idea de encontrar los proyectos que permitan adelantar esos plazos, porque, de nuevo, la idea fundamental a transmitirle a la ciudadanía es que el cierre de centrales a carbón no depende tanto de la voluntad como de la necesidad de encontrar proyectos de generación, transmisión, almacenamiento y reconversión.
-Mirando el plan que establece la fecha en 2040, un primer asunto a mejorar de ese plan es que, si bien consta en documentos privados de compromiso voluntario de las empresas titulares, no viene asociado a ninguna herramienta regulatoria que permita hacer exigibles las fechas y, segundo, organizar los distintos espacios del sector público y privado para que esas fechas efectivamente se puedan cumplir.
Dentro de ello, obviamente, también está el empleo. En el Biobío, por ejemplo, para el cierre de Bocamina hubo esa dificultad, porque el plan de la empresa titular estaba enfocado únicamente en los empleos directos y no en los empleos indirectos, entonces hubo que encargarse sobre la marcha. Por eso, la idea es que eso venga dentro del diseño inicial.
-Precisamente, la idea de tener un portafolio de proyectos a privilegiar, que sean los que permitan adelantar esa fecha. Buscar eso y asegurar que el suministro sea seguro y que además redunde en un precio menor de la energía.
Ahora, en términos de generación, la tecnología a base de carbón está dentro de las más caras. Solo por citar un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, que para Chile sitúa el precio nivelado de energía bajo las distintas tecnologías, conseguir sustituir esa forma de generación por una combinación eólica y solar implica reducir el precio, desde los $110 dólares por mega, a $30 o $40 dólares.
–Lo que busca este proyecto es precisamente encontrar las vías que permitan que ese adelantamiento sea seguro y conveniente en términos de costo para el país y la región; y a su vez, sea justo en términos de transición de los empleos que existen en la comunidad de Coronel.
-El foco de este proyecto está puesto en las regiones donde este tipo de activos existen, y que no son muchas. Donde aún hay unidades termoeléctricas a carbón son cinco bahías; dos de ellas están en la región de Antofagasta (Mejillones y Tocopilla), otra en Atacama (Huasco), la otra en la región de Valparaíso (Quintero) y en el Biobío (Coronel).
Ahora, lo que pasa es que, si el cierre ocurre en una región, los activos que reemplacen no van a estar necesariamente ubicados en esas regiones particulares. Eso es parte de lo que hay que diseñar; esa es la parte donde uno tiene que conseguir que las transiciones sean positivas para la comunidad donde el cierre se materializa.
–Lo antes posible. Tenemos un borrador muy avanzado a nivel del Ejecutivo, y la idea es empezar el trabajo prelegislativo pronto, para poder llegar con un consenso lo más robusto posible al Congreso y tener una tramitación expedida.
Otra expectativa del Ejecutivo es que, al menos, el primer portafolio de inversiones necesarias para acelerar la descarbonización sea aprobado durante este gobierno; o sea, de los nueve meses que nos quedan, la mitad tiene que ser para implantarlo. Es un proyecto que debería estar aprobado en cuatro o cinco meses, por lo tanto, sea a más tardar entre octubre y noviembre.
-Por supuesto que va a tener toda la urgencia necesaria, pero lo importante es construir un consenso político que permita que el proyecto avance relativamente rápido. En general, cuando las iniciativas se traban es cuando tienen conflictos no resueltos anteriormente.
–En materia de energía, yo creo que como país hemos sido capaces de encontrar una especie de encuentro. A mí me ha tocado tramitar seis leyes, y todas han sido aprobadas con amplio consenso, de lo cual gobiernos anteriores también hicieron un trabajo similar.
Las políticas energéticas son de Estado. Así ha sido también en el caso del hidrógeno verde, donde pudimos darle continuidad a una política del gobierno pasado y concretar con un plan de acción. En el caso de la descarbonización, hay percepciones de que estamos frente a algo similar.