por Bruno Rozas Hinayado

El uso de tecnologías digitales en los establecimientos educacionales volvió a instalarse en la discusión pública, luego de que se conociera un caso en San Pedro de la Paz donde un estudiante habría generado imágenes falsas mediante inteligencia artificial de sus compañeras de curso. 

El hecho, que impactó a la comunidad escolar, puso en evidencia los desafíos urgentes que enfrenta el sistema educativo frente al uso de celulares, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial entre los mismos jóvenes.

Desde distintos sectores, se plantea la necesidad de actualizar la legislación, fortalecer la educación en el uso responsable de la tecnología y establecer reglas claras para su utilización en entornos escolares.

El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Spoerer, apuntó a la necesidad de fortalecer la formación digital en las comunidades educativas. “Este caso demuestra la urgencia de educar para prevenir el ciberacoso y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. El bullying hoy puede ser igual o más dañino en el espacio digital”, indicó.

Uso ético de la Inteligencia Artificial

En esta materia, Reino Unido se convirtió en el primer país en penalizar la creación y posesión de material de abuso sexual infantil generado por IA. La legislación de ese país establece penas de hasta 5 años de prisión para quienes posean, creen o distribuyan este tipo de contenido, y hasta 3 años para quienes utilicen herramientas de IA con estos fines.

El 7 de mayo del año 2024, el Estado de Chile presentó una propuesta de proyecto de ley para la regulación en IA, el cual continúa en proceso de tramitación legislativa.

Desde el oficialismo y la oposición, hubo coincidencia en la preocupación por esta temática. La diputada Marlene Pérez (Ind-UDI) calificó como “alarmante” el caso de San Pedro y advirtió sobre las debilidades en la implementación de la Ley 21.663 sobre ciberseguridad. 

“La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y su mal uso puede replicarse si no se toman medidas urgentes”, sostuvo. Además, exigió a la Superintendencia de Educación y al Seremi de Educación en el Biobío investigar el funcionamiento de los protocolos de prevención en los colegios.

Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) recordó que la educación en el uso responsable de las tecnologías no debe recaer sólo en los colegios. “La educación en valores y respeto por los demás se enseña en el hogar. El colegio entrega conocimientos, pero la formación humana debe comenzar en las familias”, subrayó.

La situación evidenció, además, la falta de protocolos claros ante casos de ciberacoso. Si bien existen leyes que sancionan delitos informáticos, su aplicación en entornos educativos sigue siendo difusa.

Mientras la tecnología avanza aceleradamente, el consenso parece ser que no basta con prohibiciones ni sanciones: se requiere una educación digital.

Uso de celulares en las salas de clase

En cuanto al uso de celulares en las aulas, la discusión también se intensificó. El diputado Félix González (Partido Ecologista) fue categórico al proponer su prohibición en educación básica y media. 

“El proceso educativo está comprometido con la presencia de celulares en la sala de clases y en recreos. No se trata sólo de tecnología, sino de convivencia escolar y concentración”, afirmó, apuntando también a la necesidad de disminuir el número de alumnos por sala.

La diputada María Candelaria Acevedo (PC) señaló que si bien comparte la idea de legislar sobre el uso de celulares en las aulas, rechaza una postura prohibicionista absoluta. “Tenemos que ser responsables en el debate. No podemos condenar a los jóvenes, sino que debemos fortalecer la educación temprana donde el centro sea el respeto por el prójimo”, indicó.

Una postura más moderada entregó la diputada Flor Weisse (UDI), quien abogó por normas claras y sanciones específicas, pero sin una prohibición total. “Es importante incorporar tecnología en los procesos de enseñanza, pero deben existir regulaciones estrictas que protejan el derecho a la honra, imagen e intimidad de estudiantes y profesores“, señaló.