Desde la Quinta Región, el representante jurídico del primer establecimiento educacional que utiliza estos dispositivos explicó cuáles fueron los fundamentos con los que pudieron llevar a cabo esta medida de seguridad. Causa ratificada por la Corte Suprema.
Ante el debate instalado en la Región del Biobío con la intención de uso de detectores de metales en la entrada de establecimientos educacionales, lo que se inició con el fallecimiento de un estudiante del Liceo Carlos Cousiño Goyenechea de Lota, en la salida de clases en medio de una riña, han aparecido distintas posturas.
Por una parte la Superintendencia de Educación hace alusión a un dictamen que prohíbe estas medidas. Frente a lo que el Gobernador de Biobío, Rodrigo Díaz, estableció que es una postura que se limita a ver sus competencias.
Todo esto tras el anuncio del alcalde de Lota, Patricio Marchant, quien ha afirmado estar decidido a llevar a cabo esto. Desde la academia exponen que esta no es la medida que solucionará el trasfondo del problema de la violencia escolar.
Sin embargo, es un hecho que esta iniciativa ha podido llevarse a cabo en el país, con la ratificación de la Corte Suprema. El caso es del Colegio Salesiano de Valparaíso, cuyo abogado Pablo Torrejón, detalló a Diario Concepción cómo lograron ejecutar esta polémica disposición.
“Esto es un acuerdo transversal entre alumnos, apoderados y el colegio donde para evitar el ingreso de piercing, cadenas, además posibles armas, por ejemplo cortopunzante y por qué no decirlo también, armas de fuego. El año pasado detectamos una pistola de balines y tuvimos que hacer la denuncia”, indicó el abogado.
“El carácter disuasivo ha funcionado perfectamente, porque los controles aleatorios que se realizan, no se han vuelto a detectar ningún elemento prohibido”, expresó sobre la efectividad de estos elementos que están funcionando desde marzo de forma aleatoria.
Los apoderados ya habían solicitado esto y al volver de la pandemia se determinó la instalación de pórticos en el Colegio Salesiano de Valparaíso en 2022, previo a eso se elaboró un protocolo. “A la Superintendencia no le gustó la idea y nos multaron”, dijo Torrejón.
Frente a esto, el colegio reclamó por la multa a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la que falló a favor del establecimiento y luego la Superintendencia de Educación apeló ante la Corte Suprema, la que ratificó el fallo. “Desde ese punto de vista, el tema ha quedado zanjado en los tribunales de justicia”, apuntó.
En cuanto a los argumentos, Torrejón comentó que la Superintendencia de Educación estableció que había una discriminación en contra de los alumnos. “Lo interesante del fallo es que dice que yo puedo limitar ciertos derechos fundamentales en pro bien común y ese es un punto de inflexión, bien importante, respecto de lo que se había estado diciendo en las Cortes de Apelaciones de Chile a propósito de estos temas”, afirmó.
“La Superintendencia en el alegato señala que se estarían vulnerando derechos de los estudiantes. Pero no dice qué ocurre si ingresa un arma corto punzante y hay un alumno herido. Lo más probable es que multa al establecimiento educacional, porque no toma las medidas adecuadas”, refirió el abogado del Colegio Salesiano de Valparaíso.
Cabe destacar que las primeras medidas que tomaron desde este colegio particular subvencionado, antes de la instalación de pórticos, fue tomar el acuerdo entre toda la comunidad escolar en forma democrática y luego la redacción de un reglamento respecto del uso de estos instrumentos.
“De hecho la Superintendencia ha dicho cosas increíbles como, por ejemplo, que nosotros teníamos medidas intrusivas con los alumnos y resulta de que el propio reglamento señala que nosotros nunca intervenimos en la mochila del alumno, es una actitud voluntaria e incluso el apoderado es el que debiera abrir la mochila y dar el consentimiento (…) nunca se vulneran ese tipo de derechos. Incluso un estudiante, sin el elemento que está complicando, puede pasar a sus clases y no se les niega el derecho a la educación”, afirmó Pablo Torrejón.
Consultado, sobre la posibilidad de realizar este tipo de acciones en establecimientos municipales, Torrejón, estimó que “en este caso, lo más importante que quién es el que da los recursos y que determina qué es lo que se hace, sería la propia municipalidad, creo importante que las comunidades decidan cuáles son los elementos de seguridad”, apuntó.
El Colegio Salesiano de Valparaíso es el primer establecimiento del país que ha tomado esta medida de seguridad. “De varios lugares (colegios) nos han contactado, sobre todo del sur del país”, indicó Pablo Torrejón.