Tras una serie de visitas a distintas zonas de la Región, el ministro Mauricio Silva resumió la situación general de los tribunales en el Biobío. Habló de presupuesto ajustado y de los principales proyectos para los próximos años.
El pasado 1 de marzo asumió formalmente como presidente de la Corte de Apelaciones, el ministro Mauricio Silva, por un periodo que finaliza el 28 de febrero del próximo año.
Y entre sus labores, tal como ocurrió con sus antecesores, está el velar por el funcionamiento óptimo de los 44 tribunales que existen en la Región y que reciben cada año a miles de personas que buscan la solución de un conflicto, ya sea penal, civil, de familia o laboral, entre otros, en ellos.
Por eso, a poco más de un mes de haber asumido esta función, el ministro Silva realizó un primer balance, en lo que es también su primera entrevista formal con un medio de comunicación de la zona.
-¿Cuál es su impresión tras estas primeras semanas en el cargo del funcionamiento de los tribunales en la Región?
-Los tribunales en general están funcionando, yo diría bien. En muchos de ellos, ahora que se ha vuelto a la presencialidad, con mucho personal en los tribunales trabajando, lo que permite también que la comunidad lo sienta un poco más cercano, pero en la mayoría de los que por lo menos yo he visitado, con una sobrecarga de trabajo.
-¿A qué se debe esa sobrecarga que usted señala?
-Hay una presión muy fuerte a propósito del período que tuvimos pandemia, que fue mucho más extenso de que todos pensábamos y eso generó que muchos procesos o causas se suspendieran o que ganan en espera de que la situación se mejorara, lo que ya ocurrió.
Entonces al mejorarse la situación y ya poder los tribunales y las personas también poder acudir a ellos y poder ejercer sus derechos en la forma más adecuada, ha implicado un aumento bastante fuerte en el ingreso de causas en los tribunales y la presión para que estos (casos) sean resueltos lo antes posible. Y eso por una situación presupuestaria de este año que es bastante compleja.
-¿A qué se refiere con situación presupuestaria compleja?
-El Poder Judicial tiene un presupuesto muy acotado, lo que implica que en tribunales a veces, cuando por alguna situación especial un funcionario está con alguna licencia médica o sus propias vacaciones a las cuales tiene derecho, cuesta mucho cubrir ese puesto. Por lo tanto, los tribunales, por lo general están bajo la dotación que deberían tener para afrontar una mayor carga en su trabajo.
Pero así todo, con el recurso humano que se tiene se está tratando de agilizar los procesos en cada tribunal. Una vez que ya detectamos bien la situación formamos planes especiales de trabajo para que ese atraso, si es que lo hay, se puede abordar y que las resoluciones salgan en el tiempo, ojalá oportuno.
– ¿Es decir, no hay dinero para suplencias y reemplazos?
-Efectivamente, a eso me refiero, por ejemplo, podemos decir que en años anteriores, especialmente los tribunales de familia que fueron sometidos a una presión muy fuerte por el aumento de carga a partir de esa posibilidad que hubo de obtener a propósito del retiro del 10% de los fondos previsionales, obtener el pago de deudas de alimento, entonces hay una presión muy fuerte, mucho trabajo y los tribunales de familia fueron apoyados con contratas especiales y todas esas contratas han concluido.
– ¿De qué número de personal extra estamos hablando que existió por este tema?
-Esta jurisdicción (Región) que contaba en un momento con a lo menos unas 45 contratas, de ellas ha quedado un 10% y el trabajo, el ingreso (de causas) se mantiene todavía. Causas que implican mucho movimiento, porque una causa implica mucha actividad de actos procesales, entonces se necesita personal para que ello se haga”.
“Si bien por un lado podemos decir que los tribunales en general están tramitando electrónicamente, lo que claro, ayuda mucho, pero ese sistema hay que nutrirlo de información y eso lo tiene que hacer una persona.
-¿Y en esa necesidad de mayor dotación y recursos, podría ejemplificar alguna necesidad?
-Acá en la Corte de Apelaciones, en cuanto por ejemplo a jueces que son los ministros, la Corte aspira a tener otra sala. La Corte de Apelaciones cuenta con 6 salas en este momento y lo que aspira es a tener una séptima sala permanente. Lo que implica 3 ministros más.
Y además de eso una reorganización en cuanto a las unidades internas de trabajo que tiene que tiene la Corte, porque la Corte no cuenta con una unidad establecida para ingresos de causas masivas, por ejemplo, los recursos de protección de Isapres. Esta Corte ha tenido más de 100 mil ingresos anuales. Entonces, esas causas como son recursos de protección tienen un procedimiento normal, eso tenemos que llevarlo a un sistema que se llama de tramitaciones masivas y para eso la Corte no estaba preparada, así que hubo que reordenar las unidades que teníamos para asignar funcionarios.
Y no sólo en eso, tenemos también ingresos relacionados con migración, hay muchos Recursos Protección presentados en esa materia. Entonces, eso implica mucho trabajo y no contamos con el personal suficiente para hacerlo. Nosotros queremos tener una unidad para tramitaciones masivas, porque serán éstas ahora y a futuro serán otras.
– Entiendo que hace años, producto del terremoto de 2010, vía recursos de los Gobiernos Regionales, se financiaron proyectos para el Poder Judicial. ¿Cree usted que se pueda usar de nuevo ese mecanismo?
-Yo entiendo que el Poder Judicial primero como institución pública puede aspirar a concursar con otras instituciones para obtener fondos propios de la Región, que están asignados a la Región. La Corte de Apelaciones es parte de la Región, resolvemos los asuntos de la Región y por lo tanto, es necesario que tenga lo necesario para actuar en la Región, así que yo creo que podemos hacerlo por esa vía. Creo que no estamos excluidos del poder hacerlo y estamos viendo las posibilidades , está dentro de los planes poder ver si alguna de las necesidades que tenemos es posible conducirlas por alguna de estas opciones que hay para optar a fondos regionales.
– ¿Y en términos de proyectos de infraestructura este año se concretará alguno?
-Este año tenemos la satisfacción de que se está construyendo y yo esperaría que tal vez se concluya con el Centro de Justicia de Los Ángeles. El edificio de los antiguos tribunales el terremoto lo barrió, no dejó nada, entonces eso se está ahora construyendo. Está en una obra bien avanzada y esperemos que tal vez este año sea posible o durante mi presidencia, que se termine.
Aquí en Concepción este año y este segundo trimestre debería empezar a la construcción del edificio que albergaría al Tribunal de Familia (que hoy funciona en el edificio de la Corte en el centro penquista), en el sector de Juan Bosco. La construcción duraría unos 750 días (2 años ), pero está adjudicada la empresa, están los plazos, así que eso debería ocurrir ahí.
– ¿Y hay algún otro proyecto relevante?
-Hace poco tuvimos una reunión con el presidente de la Corte Suprema porque estamos muy esperanzados ya que aquí tenemos un problema con el tribunal laboral y los tribunales civiles. Y tenemos el proyecto y tenemos el terreno, nos falta el presupuesto para que eso se pueda construir”.
Entonces, logramos que este proyecto que en principio está para el 2032, el Consejo Superior que es el órgano que está a cargo de manejar el presupuesto y las obras que se realizan en el Poder Judicial lo re-estudie y le dé prioridad a la construcción de otro edificio (en Juan Bosco) que albergaría el tribunal laboral y los tres tribunales civiles de Concepción.
Así que para nosotros fue una muy buena noticia, esperemos que ese Consejo Superior le dé la prioridad necesaria y todavía no sabemos cuál va a ser esa prioridad, pero estamos esperanzado que eso ocurra pronto y podríamos completar ahí este Centro de Justicia que yo creo que esta ciudad se merece.