La Fiscalía trabaja con un foco especializado en materia. El reciente episodio registrado en la Provincia de Biobío trajo consecuencias en otros puntos de la zona como Santa Juana, donde 12 establecimientos educacionales suspendieron clases.
Por Eduardo Bascuñán
Las comunas de Cabrero y Laja encabezan la lista sobre el robo de cables en la Región del Biobío.
Así lo dio a conocer el Ministerio Público tras una reunión sostenida entre el persecutor y las empresas eléctricas que operan en la zona, justo cuando en las últimas horas se registró una sustracción de más de 7 kilómetros en sectores rurales de estas comunas, lo que dejó como saldo la interrupción del servicio tanto para estas ciudades como para otras vecinas, como fue el caso de Santa Juana.
El fiscal jefe de Análisis Criminal, Michelangelo Bianchi, explicó que “de acuerdo a la estadística hay un aumento en el número de denuncias, principalmente en Cabrero y Laja que tienen el más alto índice de comisión de ese tipo de delitos”.
Es que desde mediados del 2023 cuando se detectó este incremento se dio inicio a un nuevo foco investigativo en la materia.
“Este foco investigativo va a la persecución penal, principalmente de los delitos asociados al robo de cable, tales como la receptación, la comercialización ilícita, la asociación ilícita que pudiesen existir detrás de aquello y eventualmente el crimen organizado o agrupaciones delictuales que estén lucrando con esta actividad delictual”, expresó el fiscal.
Así mismo, se refirió a las dificultades investigativas en las que se articulan estas operaciones de sustracción de cobre. “Es un delito de difícil pesquisa, porque se produce en sectores rurales y no existen elementos probatorios, tales como cámaras de seguridad u otros elementos que nos permitan determinar participación”.
Finalmente realizó un llamado a la comunidad de informar sobre lugares donde se reduzca el cable, vehículos que se encuentren asociados a la sustracción y sujetos que puedan saber que se estén dedicando a esta actividad ilícita.
Tras los recientes acontecimientos de la zona de Biobío es que los representantes de las empresas eléctricas llegaron hasta la Fiscalía Regional, donde se reunieron precisamente con el fiscal Michelangelo Bianchi.
En este sentido es que desde Frontel, afirmaron que “desde enero a la fecha, hemos registrado 20 robos de cable a nuestras instalaciones en la región. Esta situación afecta enormemente la continuidad del servicio que entregamos a nuestros clientes y también pone en riesgo vidas humanas”.
En el caso de Transelec, el gerente de zona sur de la empresa, Christian Weishaupt, expuso que tras el robo de registrado en Laja y Cabrero, actualmente, están trabajando “más de 70 trabajadores dedicados a las labores de reconstrucción de la línea y las 7 torres derribadas, y la reposición de los más de 7 mil 500 metros de cable de cobre robado, además de redoblar el patrullaje en la línea ante nuevos robos mientras se hacen las reparaciones”.
En cuanto a la prevención del robo del tendido eléctrico, Weishaupt sostuvo que es necesario unir fuerzas entre el mundo privado y el público en dos materias.
“Acciones que puedan liderar las autoridades competentes en materia de combate a la delincuencia en colaboración con las empresas eléctricas y, en paralelo, implementar a través de los organismos públicos pertinentes de manera urgente una línea de respaldo o redundancia en la zona para que esté disponible cuando ocurran contingencias en el sistema eléctrico, no solamente robos”, detalló.
Como fue consignado, este episodio incluyó consecuencias incluso en Santa Juana. La Municipalidad reportó que no se realizaron clases en doce establecimientos educacionales, durante este lunes, dado que además estos centros no cuentan con generadores eléctricos.
Ana Albornoz, alcaldesa de la comuna, aseveró que “pensamos que no es un caso fortuito cuando se da regularmente, independiente que sea una situación de seguridad pública, entonces es de suma urgencia cambiar la materialidad de los cables”.
Por todo lo anterior, la seremi de Energía Daniela Espinoza, quien también participó en la instancia junto al Ministerio Público , dijo que “es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles la que determina la afectación básicamente, y la responsabilidad de las empresas es mantener la continuidad y seguridad del suministro. Cuando hay un robo de conductores o cualquier hecho, las empresas tienen que entregar los antecedentes para que la Superintendencia determine si esto corresponde o no a un esfuerzo mayor”.