Durante marzo la Corte Suprema dio a conocer los fallos en la causas Laja - San Rosendo, por la muerte de 19 personas y por los homicidios registrados en la denominada Operación Alfa Carbón, que incluye los ocurridos en el sector 21 de Mayo en Concepción.
Comenzando el tercer mes del año el máximo tribunal del país -la Corte Suprema- a través de la sala Penal, emitió sendos fallos que ponen fin a dos emblemáticas causas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en la dictadura cívico-militar en la Región.
Se trata del caso por la muerte de 19 trabajadores ocurridas en las comunas de Laja y San Rosendo en septiembre de 1973 y los homicidios de 7 militantes del MIR registrados en agosto de 1984 en la comunas de Concepción, Talcahuano, Los Ángeles y Valdivia.
En el primero de los casos, la Suprema mantuvo la condena de 15 años y 1 día para 7 ex carabineros por su responsabilidad como autores de 19 homicidios calificados. A ellos se sumó una octava condena para otro ex carabinero en calidad de sentenciado a 5 años de reclusión, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, en calidad de encubridor de los delitos.
Esta investigación fue uno de los casos que llevó el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, quien realizó en septiembre de 2014 un reconstitución de escena donde participaron, 10 ex policías uniformados, que a esa fecha estaban sometidos a proceso y que se llevó a cabo en el mismo lugar donde las 19 trabajadores fueron ejecutados.
A medio siglo de esos hechos, y tras el fallo del máximo tribunal, los familiares entienden que comienzan el cierre de una etapa, pero que la pérdida que cada uno de ellos vivió, es imborrable, como lo señaló Patricia Acuña, hija de Juan Antonio Acuña Concha, una de la víctimas.
“Cuando a uno le dicen ‘oye han pasado 50 años, han pasado 40 años y todavía siguen dándole vuelta al asunto’, lo único que puedo decir, es que yo hasta el día que me muera, mi último pensamiento va a ser para mi papá”.
“Yo tenía 8 años cuando a él se lo llevaron. Me acuerdo perfectamente cuando lo fueron a sacar a la casa en San Rosendo, a media cuadra de la plaza. Yo lo seguí cuando lo llevaban los carabineros esposados y en la esquina de la plaza me dijo ‘váyase para la casa Paturrita, que yo voy y vuelvo’ y esa fue la última vez que lo vi.
Y a pesar que van a cumplirse 51 años, el dolor es el mismo, es el mismo del día en que yo lo vi por última vez. Entonces, a pesar de la cantidad de años, no ha mitigado el dolor, la desesperanza. El que nuestra familia se haya visto truncada”, explicó Acuña.
En tanto, en arista judicial, las familias de las 19 víctimas, representadas por sus abogados, están preocupadas que se cumpla con lo establecido por la Suprema en su fallo. Es decir, que los 7 condenados ingresen a a cumplir sus respectivas condenas en los recintos penitenciarios dispuestos por Gendarmería para este propósito, como lo remarcó el Mauricio Araneda, abogado querellante e hijo de una de las víctimas.
“Al final los propios victimarios terminan incluso transformando en víctimas a sus propias familias, porque estos días que se ha estado dando el cumplimiento (de lo fallado por la Suprema), hemos conocido situaciones donde hay familias, que con desconocimiento, habían establecido lazos entre victimarios y familiares de víctimas. Entonces, cuando se tiene dar cumplimiento a este tipo de medidas son cosas muy terribles. De alguna u otra manera no hubiésemos querido tampoco afectar, pero el daño que ellos han producido (los condenados) incluso va ha afectar a sus propios entornos familiares más directos, así es la magnitud de esto, y por eso, es tan importante el cumplimiento de las penas efectivamente”.
La otra sentencia dictada por la Corte Suprema es la relacionada con la muerte de 7 integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) a manos de agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), en una operación que incluyó el despliegue de decenas de agentes, una parte de ellos de la Región de La Araucanía, que a través de distintas acciones cometieron los crímenes por los que se condenó.
En definitiva, la sala penal de la Suprema lo que hizo fue rechazar los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por las defensas en contra de la sentencia que condenó a grupo de agentes por su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado.
Fueron cuatro las ciudades donde se produjeron los hechos, Valdivia en la actual Región de Los Ríos, Los Ángeles, Talcahuano, que en 1984 incluía a la actual comuna de Hualpén y Concepción.
En este última, hubo un episodio que quedó marcado en la memoria colectiva del sector de Lorenzo Arenas, en avenida 21 Mayo, en las inmediaciones de Vega Monumental, tras bajarse de un taxibus que fue interceptado por agentes de la CNI fueron asesinados Mario Lagos Rodríguez y Nelson Herrera Riveros.
En este caso, y tras un largo y dificultoso camino judicial, que incluyó que la investigación estuviese primero en manos de la justicia militar, y tras 39 años de ocurridos los hechos, la Suprema confirmó la sentencia que condenó a dos ex agentes del Estado a las penas de 20 años y 5 años y un día de presidio, en calidad de coautor de los siete homicidios calificados y asociación ilícita, respectivamente.
Un tercero a la penas de 5 años y un día como autor de Asociación Ilícita y 15 años y un día como autor de tres homicidios calificados.
Otros dos ex agentes deberán cumplir 15 años y un día de presidio, como coautores de cuatro y dos delitos de homicidio calificado, respectivamente.
En tanto, otros catorce deberán cumplir penas entre 10 años y un día y 5 años como coautores de los delitos de homicidios calificados. En total 17 condenados, entre ellos, una mujer.
Pero no todo está cerrado con el falló del tribunal ya que entre los familiares existe molestia y preocupación porque uno de los sentenciados, no ha sido habido y temen que tal pueda eludir la acción de la justicia, como ocurrió con Marcos Derpich Miranda, quien se quitó la vida días atrás, previo a ingresar a cumplir su condena.
Por ello, la abogada querellante Magdalena Garcés, insistió en la necesidad que el último condenado en este caso, sea ubicado a la brevedad.
“En este momento hay 19 personas que están prófugas de la justicia condenadas por graves violaciones a los Derechos Humanos y la orden de aprensión (en este caso contra uno de los condenados) es del 13 de marzo. Entonces nos preocupa, que no se haya hecho efectiva hasta ahora”, planteó la jurista.
Es por esto, que a la hora del balance, entre los familiares de las víctimas, existen sentimientos encontrados tras las condenas definitivas y el cierre de una etapa en sus vidas, como lo resumió Patricia Zalaquett, esposa de uno de los asesinados en el sector de Lorenzo Arenas.
“Hay pocos comentarios que hacer, un proceso que dura 40 años es un proceso que dure toda la vida de uno y finalmente cierta también alegría, por así decirlo, de que hubiera un fallo en la Corte Suprema a pesar de todas las cosas que no estuvieron presentes, pero hubo un fallo unánime, una verdad establecida y llega el momento de la expectativa nuestra en relación a las detenciones y a la condena justa que ellos merecen por haber asesinado sin piedad como lo hemos dicho en nuestros compañeros”, cerró.