Tras la aprobación hace casi cinco años de la ley que regula la instalación, soterramiento y retiro de cables, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) aún no implementa reglamento para que esta sea aplicada.
Por Gustavo Venegas Soto
Tras la aprobación hace casi cinco años de la ley que regula la instalación, soterramiento y retiro de cables, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) aún no implementa reglamento para que esta sea aplicada.
La persistencia de la chatarra aérea en las ciudades chilenas, a pesar de la promulgación de la Ley ‘Chao Cables’, plantea notables desafíos. La ausencia de una reglamentación a la norma, mantiene los centros históricos opacados y enredados de cableado en desuso, sumado a que además estos aumentan los riesgos de incendio.
Gerardo Sanhueza, dueño de una librería en el sector de la intersección de Colo-Colo con Maipú, acusó que “así como van instalando cables deberían ir retirando ya que se transformaron en un peligro, los postes están totalmente colapsados”.
“Nadie se preocupa de que pueda provocar un incendio, nosotros como locatarios estamos preocupados”, relata en representación de la preocupación latente entre los vecinos y comerciantes aledaños.
Lamentablemente, esta situación se repite casi en cada esquina de la ciudad, calles como Freire o Maipú, son solo un ejemplo del abandono estético que hace años espera ser remediado.
Ricardo Sáez Marty, abogado inmobiliario y administrador de un céntrico edificio rodeado de “chatarra aérea”, señala que “han oficiado a cuatro empresas de telecomunicaciones pero todas señalaban que no iban a sacar cables, que no fueran de ellos tampoco”.
“Nosotros insistimos a la autoridad, pero no siempre nos acogen, en realidad la solicitud administrativamente funciona, pero en la práctica no se fiscaliza si es que la empresa de telecomunicaciones cumple con la obligación de limpieza”, agregó.
El 4 de julio de 2019, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad y despachó el proyecto que modifica la ley para regular el tendido de cables aéreos. Esta nueva normativa estableció que los operadores de telecomunicaciones son responsables de la correcta instalación, identificación, modificación, mantención, ordenamiento, traslado y retiro de sus cables aéreos o subterráneos y otros elementos asociados en un plazo máximo de cinco meses.
No obstante, a cuatro años de su promulgación, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) aún no termina el reglamento necesario para su aplicación. Es por ello que los municipios se han tenido que responsabilizar, sin embargo estos abogan a falta de recursos impidiendo el resultado que esperan los ciudadanos.
Ante esta situación, el subdirector de Construcciones de la Municipalidad de Concepción, Cristian Olivares, explicó que “en forma piloto y voluntaria trabajamos en conjunto con todas las empresas de telecomunicaciones que prestan servicio en la comuna y la Compañía General de Electricidad, CGE, que es la que arrienda sus postes, gracias a lo cual logramos retirar toneladas de cables en desuso previo al estallido social y la pandemia”.
Agregó “ya a cuatro años de promulgada la Ley 21.172 está pendiente el reglamento para ponerla en práctica y por eso las compañías no están haciendo un retiro masivo, pero sí hemos mantenido un grupo de coordinación con ellas y se trabaja en respuesta a casos detectados por nosotros como municipio o denuncia de cables caídos por accidentes o por efecto del viento, entonces se está abordando como emergencia, se reporta para que la empresa que es dueña del cable lo retire, se le da un plazo y se verifica el cumplimiento”.
Indicó que se ha planteado la urgencia de que se cuente con el reglamento correspondiente porque las empresas no asumen esta tarea sin tener claridad del procedimiento legal.
Uno de los obstáculos que dificulta el soterramiento se debe a que estos son propiedad privada, sumado a que el factor económico también juega un papel clave. Con estimaciones que indican que soterrar cada cuadra en el centro implicaría un costo de 70 millones de pesos.
“La alternativa a los cables es el soterramiento, que cuesta siete veces más que las redes aéreas, y que a la larga lo pagarían los usuarios”, comentó Boris Figueroa, Gerente de Coelcha.