Seremi terminó concesión de recinto fiscal con el Gobierno Regional, y coordina desocupación de habitantes ilegales.
Fue una riña con arma blanca entre dos personas que ocupan la abandonada casa de calle Cochrane, a un costado de la Diagonal de Concepción, la que levantó nuevamente la preocupación de los vecinos del sector.
Es que de acuerdo a un registro de video captado desde los edificios de alrededor, se observa la disputa de los desconocidos quienes se desplazan desde la vereda hasta la mitad de la calle, al mismo tiempo que se insultan y atacan con los elementos punzantes.
Fernando Delgado, presidente de la Junta de Vecinos Plaza Perú, manifestó a Diario Concepción que se encuentran “súper preocupados” porque las autoridades “dejan que esto pase”.
En específico, se trata de la casa ubicada en calle Cochrane #1159, a pasos de Ongolmo y a metros de Plaza Perú, la cual está tomada por personas en situación de calle que la usan para pernoctar. De hecho, es la única propiedad fiscal al amparo de Bienes Nacionales (BB.NN.) que se encuentra en esta condición.
Hasta hace algunos días, la administración del lugar la mantenía el Gobierno Regional (Gore) para implementar un Centro Integral de Recursos para Mujeres. No obstante, desde BB.NN. confirmaron que el Ministerio resolvió finalizar el contrato.
“Ante una serie de denuncias y hechos de público conocimiento en esta propiedad fiscal de calle Cochrane en Concepción, hemos resuelto poner término a la concesión de uso gratuito, por 5 años, que estaba vigente para el Gobierno Regional”, informó el seremi Eduardo Pacheco.
De esa manera, el organismo se coordinó con la Delegación Presidencial del Biobío para solicitar de manera formal el desalojo de esta propiedad en un trabajo conjunto con Carabineros.
El secretario regional ministerial aseveró que “una vez realizada la restitución administrativa, vamos a reforzar un cierre perimetral para prevenir nuevas posibles tomas”.
Para el futuro, concluyeron que será el Comité Consultivo de la Seremi de Bienes Nacionales el que analizará una posible nueva concesión entre las solicitudes existentes de parte de diferentes organizaciones sociales e instituciones de la región; propuesta que será enviada al Consejo Regional del Biobío para su análisis.
Desde Delegación Presidencial se confirmó que está ordenada la restitución administrativa y coordinada con todos los entes relacionados (Carabineros, Municipio, Bienes Nacionales como propietario del inmueble) y, además, que se va a proceder a reforzar medidas de seguridad para evitar nuevos ingresos de personas e incivilidades.
Pero la situación no es nueva. La misma casa ha sido protagonista de vaivenes durante los últimos años, siendo ocupada de manera ilegal en varias oportunidades y también “recuperada” por BB.NN. en otras tantas ocasiones.
Viajando más atrás, el Ministerio de aquella cartera compró esta propiedad a Corvi en 1961. Luego, en 1980, fue destinada a Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, contrato que terminó en 2018. A partir de ahí es que se registran hechos ilegales en el lugar producto del abandono.
A fines de marzo de 2019 ya era visible el daño estructural del inmueble por la ocupación ilegal y la fuerza pública intervino para desalojar a ocho personas que moraban en el sitio. Tras ello, la autoridad regional de Bienes Nacionales, junto al entonces intendente Jorge Ulloa, hicieron entrega de la propiedad a la Corporación María Ayuda a través de una concesión de uso gratuito.
Sin embargo, aquel traspaso no prosperó por mucho tiempo y en 2020 ocurrió un episodio similar. Específicamente en junio, funcionarios policiales y de seguridad ciudadana concretaron la restitución administrativa del espacio donde por alrededor de seis meses habitaron 10 personas.
Fernando Delgado, de la JJVV Plaza Perú, reafirma que “los ‘Ocupas’ fueron desalojados en otras veces pero, en la actualidad, nuevamente está tomada porque nuestras autoridades dejan que esto pase”.
“Lo hemos hablado oficialmente con tres seremis. Les hemos planteado lo que significa que una casa esté deshabitada”, añade.
El dirigente plantea que llevan años solicitando que esta propiedad sea cedida a la Junta de Vecinos para utilizarla como sede, ya que su organización no cuenta con una. “No nos han entregado ninguna posibilidad”, asegura.
Es más, de acuerdo a Delgado, ocurre un caso similar en calle Ongolmo con Barros Arana, otra posible sede que “hemos pedido”.
“Es de Carabineros y no entendemos mucho cómo ellos pueden ser dueños de una propiedad, pero también nos dijeron que la iban a vender. Ahí está todavía y más de alguna vez entra gente, con todo lo que eso significa”.
Explica que el riesgo de este tipo de lugares habitados de manera ilegal está en que “se producen peleas, riñas y se ocupan de una manera que no tiene las condiciones lógicas de habitabilidad”.