Uno de los seis bloques de departamentos fue recuperado por el Serviu tras procedimiento que incluyó la participación de Carabineros, Minvu, Mejor Niñez, Migraciones y el municipio de Chiguayante.
Aunque se trata del tercer “desalojo” desde viviendas que fueron declaradas inhabitables en la zona, en lo que va del año, es el primer procedimiento de este tipo que se realiza bajo la vigencia de la nueva ley de Usurpaciones.
Es el caso de la restitución administrativa de un paño de terreno ubicado en el sector Villa Futuro, en la comuna de Chiguayante, donde durante este martes se desplegó un gran contingente de Carabineros que permitió que el Serviu retomara el control de uno de los seis bloques de departamentos existentes en el lugar, y cuya demolición se inició durante la misma tarde.
En esta perspectiva, el delegado regional (s) Humberto Toro confirmó que se trabajaba del primer desalojo en el marco de la nueva ley.
“Fue un procedimiento que ocurre precisamente en el contexto de esta nueva ley , es el primer caso en la Región. Nosotros hemos tenido ya tres desalojos, destacando que todos se han realizado de manera tranquila y eso se debe a las coordinaciones que han ocurrido para enfrentar estos procedimientos”, señaló Toro.
Quien además destacó que en cada uno de ellos, no se ha tratado de sacar a las familias que habitaban de manera irregular estos inmuebles, sino que ha existido la preocupación de orientarlas, sumando a otros servicios públicos como forma de velar por el trato digno a los desalojados, sostuvo la autoridad regional.
“En los tres casos han sido procedimientos que se han llevado a cabo de manera pacífica, en los cuales hemos estado preocupados no solamente de desalojar si no preocupado con las instituciones de las personas que están allí”.
“Entendemos que debemos preocuparnos desde el sentido d e lo humano, y por lo tanto, hemos tenido las coordinaciones con Carabineros, el ministerio de Vivienda, del Serviu, también del a Delegación Presidencial, pero también participaron otras instituciones como Mejor Niñez para preocuparnos de los infantes”, agregó Humberto Toro.
De esta forma el procedimiento de desalojo tuvo como saldo cuatro personas detenidas, dos de ellas migrantes, como indicó el general César Bobadilla, jefe de la Zona Biobío de Carabineros.
“Como resultado del procedimiento se logró la detención de cuatro personas. Tres involucradas directamente, en lo que es la usurpación de este inmueble y por tal motivo pasaron detenidos. Son dos personas de nacionalidad venezolana y una chilena, y la cuarta persona dice relación con un control de identidad en las inmediaciones de estos recintos, persona que figuraba con una orden de detención pendiente por el delito de hurto”.
Respecto de los detenidos extranjeros, estos se encontraban en situación irregular por lo que además se inició el procedimiento de expulsión administrativa del país como lo consignó Sebastián Maldonado, director regional de Migraciones.
“Al momento de ser detenida estas personas, lo primero que hace PDI es revisar sus antecedentes. Luego procede a notificarles el inicio del procedimiento administrativo de expulsión del país, y eso es lo que ha ocurrido hoy. Además ellos fueron sorprendidos cometiendo un delito, por lo tanto, pasan a disposición del Ministerio Público quien decidirá si los apercibe o los formaliza”, precisó Maldonado.
En concreto, el accionar de las autoridades se vio facilitado porque en el bloque que se demolió, ya no quedaba casi ningún habitante en los 84 departamentos que lo conformaban, salvo los tres detenidos ya mencionados.
Y en este espacio, al igual que ocurrirá una vez que se desalojen y demuelan los otros 5 bloques, se levantará un proyecto de viviendas sociales para 400 familias, pero que además contará con áreas verdes, mejoras en el acceso principal a Villa Futuro, sector por donde además debiera pasar la extensión de avenida Costanera, como detalló la directora regional del Serviu, María Luz Gajardo.
“El Ministerio trabajó y firmó un convenio el año 2015-2016, ese convenio fue definido por las autoridades posteriores que requería una nueva conversación y, por lo tanto, eso se realizó y derivó en lo que estamos desarrollando hoy, que es el compromiso del desarrollo de nuevos proyectos habitacionales, el compromiso del desarrollo de un parque, el compromiso de la pavimentación de lo que nosotros llamamos la entrada al barrio, para efectos de poder abrir el barrio al resto de la comuna de Chiguayante (…) poder integrarlos a la vida de la ciudad “, explicó Gajardo.
En la misma línea, la seremi de Vivienda agregó que lo que se busca es poder recuperar el sector, generar nuevas viviendas y espacios públicos que generen un cambio radical en la calidad de vida del sector.
“Quedan cinco bloques por demoler que esperamos se ejecuten a comienzos del próximo año, así como iniciado en paralelo obras de este proyecto habitacional que está en el contexto de un Plan Urbano Habitacional que no solamente contempla viviendas, sino que un parque, urbanizaciones, espacios públicos. Así que una vez que podamos hacer uso de todo este espacio vamos a poder iniciar estas obras y concretar este plan”, planteó Claudia Toledo.
Por último, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, valoró que se haya concretado la primera parte de este plan de renovación porque lo que ahí existía y existe es una mezcla de necesidad y delito, aseveró.
“Lo que allí convivía era gente que tiene la necesidad de una vivienda, el derecho al acceso a una vivienda, con delitos que estaban instalados por grupos y por bandas hicieron de cuanto les permitía el espacio. Esa irregularidad era la que obligaba y exigía la intervención del ministerio de Vivienda del Serviu, pero también de las policías”, cerró el jefe comunal.
Tanto la seremi de Vivienda, Claudia Toledo, como la directora regional del Serviu fueron consultadas, a propósito del caso Convenios, que hizo noticia a fines de la semana pasada con la arista de la Fundación En Ti y el financiamiento recibido por el Gore, sobre si se mantenían vigentes los contratos con la Fundación Urbanismo Social.
Fue así como se aclaró que son dos los convenios que existían con dicha fundación el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Uno ya terminado y en proceso de revisión, relacionado con apoyo en la emergencia por los incendios forestales ocurridos el pasado verano.
Y el segundo que permanece vigente, y que está relacionado con la administración de los edificios comprados por Minvu para el proyecto de Arriendo a Precio Justo, ubicados en San Pedro de La Paz.